El coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Gerardo Hernández Nordelo, se sumó este jueves al debate reavivado en Estados Unidos sobre el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, al cuestionar la viabilidad jurídica de una posible acusación penal contra Raúl Castro por ese hecho.
En una publicación en redes sociales, Hernández Nordelo —uno de los integrantes de los llamados “Cinco” agentes cubanos que cumplieron condena en EE.UU. por espionaje— reaccionó a una imagen y titular difundidos en las redes sociales de CiberCuba, en los que se informa que congresistas cubanoamericanos impulsan el encausamiento penal de Raúl Castro por el derribo de las aeronaves civiles.
Como es habitual, el dirigente cubano ironizó sobre la cobertura mediática y afirmó que los legisladores estarían usando un argumento legal “mintiendo” sobre el lugar del derribo.
“Parece que el trío de congresistas no se ha dado cuenta de que el único argumento legal que USA podría usar —mintiendo— [es] decir que el derribo fue en aguas internacionales”, escribió.
En su post, Hernández Nordelo añadió que esa línea argumental habría quedado debilitada por acciones recientes del Congreso estadounidense que avalarían operaciones contra embarcaciones en aguas internacionales por “razones de seguridad nacional”.
A su juicio, esto habría creado “un mal precedente” para intentar construir un caso judicial contra el exgobernante cubano.
Una ofensiva política que busca llegar al Departamento de Justicia
Las declaraciones de Hernández Nordelo llegan después de que congresistas cubanoamericanos, encabezados por Mario Díaz-Balart, anunciaran que solicitarán formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos evaluar cargos por asesinato contra Raúl Castro por el derribo del 24 de febrero de 1996.
El episodio ocurrió cuando dos avionetas Cessna 337 de Hermanos al Rescate fueron abatidas por cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana.
Murieron cuatro activistas de la organización: Carlos Costa (29 años), Pablo Morales (29), Mario Manuel de la Peña (24) y Armando Alejandre (45). Tres de ellos eran ciudadanos estadounidenses y uno residente permanente. Una tercera aeronave, en la que viajaban José Basulto, Sylvia Iriondo y otros tripulantes, logró escapar y aterrizar en Florida.
Durante décadas, organizaciones del exilio cubano han exigido justicia por ese hecho, que consideran un asesinato deliberado contra aeronaves civiles. En el marco de esa presión histórica, la nueva iniciativa legislativa busca reabrir el debate no solo como memoria política, sino como posible caso penal en jurisdicción estadounidense.
El punto central: Dónde ocurrió el derribo
El lugar exacto del derribo es el eje jurídico del debate. Según los congresistas y grupos del exilio, el ataque ocurrió en espacio aéreo internacional, lo que permitiría sustentar la jurisdicción de EE.UU. por tratarse de un crimen contra ciudadanos estadounidenses fuera del territorio nacional.
Esa versión ha sido respaldada durante años por referencias al informe de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que examinó el caso tras el incidente.
La OACI —un organismo especializado de Naciones Unidas— concluyó que los derribos ocurrieron fuera del espacio aéreo cubano, un elemento que ha sido utilizado por activistas y políticos para argumentar que se trató de un ataque ilegal en el marco del derecho internacional.
Cuba, en cambio, ha sostenido históricamente que Hermanos al Rescate realizaba incursiones provocadoras, incluyendo violaciones del espacio aéreo nacional, y que la operación de 1996 respondió a razones de seguridad.
La diferencia no es menor: si el derribo hubiera ocurrido dentro del espacio aéreo cubano, la argumentación para una jurisdicción penal estadounidense se vuelve mucho más cuesta arriba.
Al cuestionar el argumento de “aguas internacionales”, Hernández Nordelo intenta minar el pilar central sobre el cual se apoya la ofensiva política actual: la idea de que Estados Unidos tiene un fundamento legal claro para acusar a Raúl Castro por homicidio.
¿Qué tan viable es un proceso penal contra Raúl Castro?
Más allá del debate político y la edad del nonagenario general (94 años), la posibilidad real de un encausamiento enfrenta obstáculos complejos.
En primer lugar, está la cuestión de jurisdicción extraterritorial. Estados Unidos sí tiene precedentes de procesar crímenes cometidos fuera de su territorio cuando involucran a ciudadanos estadounidenses, especialmente en casos de terrorismo, secuestro o asesinatos vinculados a intereses federales.
Sin embargo, el derribo de 1996 no se ha procesado históricamente como un caso penal federal contra la cúpula cubana.
El segundo gran obstáculo es la inmunidad. Aunque Raúl Castro ya no es jefe de Estado, el derecho internacional y la práctica judicial estadounidense reconocen distintos tipos de inmunidad para altos funcionarios extranjeros, especialmente cuando se trata de actos realizados en funciones oficiales.
Este es uno de los puntos donde el caso podría chocar con límites prácticos: incluso si existiera jurisdicción, el proceso podría estancarse en litigios previos sobre inmunidad.
Un tercer factor es la viabilidad práctica. Raúl Castro vive en Cuba y no existe posibilidad realista de extradición. En la práctica, un proceso penal podría derivar en una acusación simbólica o en una orden de arresto que solo tendría efecto si Castro viajara a un país dispuesto a colaborar (algo improbable) o mediante una operación de captura similar a la llevada a cabo contra Nicolás Maduro.
No obstante, los congresistas que impulsan la iniciativa sostienen que el valor del proceso sería político y moral: establecer formalmente que se trató de un asesinato de ciudadanos estadounidenses y que los responsables deben enfrentar consecuencias legales, aunque no sea de manera inmediata.
El caso vuelve a escena tras el arresto de un expiloto cubano
La discusión se reactivó con fuerza desde finales de 2025, cuando las autoridades estadounidenses arrestaron al ex piloto cubano Luis Raúl González-Pardo, acusado de fraude migratorio y de mentir en su proceso de entrada al país sobre sus vínculos con el régimen.
González-Pardo ha sido señalado por sobrevivientes y activistas como parte del operativo aéreo de 1996. En entrevista reciente con Hypermedia Magazine, Sylvia Iriondo, sobreviviente del ataque, afirmó públicamente que el expiloto tuvo un rol clave en la operación militar, aunque no haya disparado contra las avionetas derribadas.
El arresto por un delito migratorio —y no por su participación directa en el derribo— ha sido interpretado por sectores del exilio como una vía inicial para reabrir el caso y reconstruir responsabilidades.
En esa narrativa, la detención de un ejecutor o participante indirecto podría abrir puertas para reexaminar la cadena de mando, aunque jurídicamente los caminos no sean sencillos.
La Red Avispa, el contexto de inteligencia y la batalla por el relato
En el trasfondo del debate reaparece otro elemento: la Red Avispa, una red de espionaje cubano desmantelada por el FBI a finales de los años 90. Diversos análisis periodísticos han señalado que la infiltración de organizaciones del exilio, incluida Hermanos al Rescate, formaba parte del interés estratégico del régimen.
Sin embargo, en el material disponible públicamente no se presenta evidencia concluyente de que la Red Avispa coordinara directamente el derribo; la conexión se plantea más como un contexto de vigilancia e inteligencia previa.
Una disputa entre justicia histórica y límites legales
El comentario de Hernández Nordelo muestra que el caso no solo se discute como un hecho histórico, sino como un campo de batalla contemporáneo: el exilio y congresistas cubanoamericanos buscan reactivar una acusación penal, mientras desde el aparato cubano se intenta deslegitimar la base jurídica y presentar el caso como propaganda.
A casi tres décadas del derribo, la pregunta sigue abierta: ¿puede Estados Unidos traducir una demanda histórica en un expediente penal real?
La respuesta dependerá menos del ruido político y más de si el Departamento de Justicia encuentra un camino legal viable para sostener jurisdicción, superar obstáculos de inmunidad y construir un caso sólido.
Mientras tanto, el episodio de 1996 continúa siendo una de las heridas más persistentes en la relación Cuba-Estados Unidos.
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