El viceprimer ministro cubano Oscar Pérez-Oliva Fraga admitió abiertamente que el gobierno de Miguel Díaz-Canel no puede explicar de manera pública todos los detalles relacionados con la actual crisis de combustible, apelando a una lógica de secretismo que ha marcado al régimen cubano desde sus inicios.
Según el sobrino-nieto de los dictadores Fidel y Raúl Castro, el régimen cubano se encuentra “constantemente vigilado” y cada cargamento de petróleo que llega a la isla es seguido de cerca por actores externos.
Durante su intervención en la Mesa Redonda, el también ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera afirmó que “hay cosas que no se pueden estar explicando públicamente”, porque “cada gota de combustible que llega a Cuba, cada barco, está en las redes sociales y en las publicaciones”.
La declaración, lejos de ser una novedad, se inscribe en una tradición histórica del poder cubano basada en la opacidad, el control de la información y la construcción permanente de un “enemigo externo” como justificación para no rendir cuentas ante la ciudadanía.
Pérez-Oliva Fraga explicó que en el mes de febrero se han conjugado varios factores que han obligado al gobierno a aplicar un conjunto de decisiones para enfrentar una “situación compleja”, con el objetivo declarado de garantizar la “vitalidad del país” y de los servicios fundamentales, sin renunciar —según dijo— al desarrollo económico.
Sin embargo, evitó ofrecer detalles concretos sobre el alcance real de la crisis, los plazos de las medidas, sus ámbitos de aplicación, el impacto potencial de las mismas en el nivel de vida de los cubanos, o las perspectivas de recuperación.
“No venimos a dar justificaciones, venimos a cumplir el deber de informar a nuestro pueblo”, aseguró el funcionario.
No obstante, el supuesto ejercicio de información del programa televisivo viernes se produjo bajo límites claramente definidos por el propio régimen, que decidió qué decir qué omitir y qué presentar como secreto por razones de “seguridad”, echando mano del manual de opacidad recurrente en más de seis décadas de gobierno.
Una vez más, a pesar de la “novedad” que supone la reciente designación del descendiente de los Castro, el discurso oficial volvió a apoyarse en la idea de una "revolución” asediada, donde la transparencia se considera un riesgo y no un derecho ciudadano.
Desde los primeros años de la dictadura de Fidel Castro, el régimen ha utilizado la vigilancia externa, el embargo estadounidense y la amenaza constante del “enemigo” como argumentos para centralizar decisiones, restringir información y exigir sacrificios a la población sin ofrecer explicaciones completas ni mecanismos de control público.
Este viernes, Pérez-Oliva Fraga insistió en que el objetivo de las medidas es “minimizar el impacto de la crisis en la población cubana”, pero volvió a mostrarse condescendiente y paternalista con los ciudadanos al mantener el secretismo de las acciones de gobierno, evidenciando el desprecio y la falta de compromiso del régimen hacia sus gobernados.
Los cubanos han visto su vida severamente deteriorada por los apagones prolongados, las limitaciones al transporte, la escasez de alimentos y el colapso de servicios básicos, pero esa realidad no resulta tan importante a ojos del régimen como la necesidad de mantener el secretismo sobre los planes de gobierno con los que, supuestamente, pretenden evitarles ese sufrimiento.
Al mismo tiempo, la nueva estrella del clan familiar de los Castro trasladó parte de la responsabilidad a los territorios, al llamar a potenciar los recursos en provincias y municipios, una fórmula habitual del discurso oficial para diluir responsabilidades en momentos de crisis.
El llamado colectivo, sin embargo, se produce sin un acceso real a la información ni a la toma de decisiones. El paternalismo estatal vuelve a presentarse como norma: el gobierno decide, administra la escasez y comunica lo estrictamente necesario, mientras exige comprensión, disciplina y sacrificio a la ciudadanía.
Aunque Pérez-Oliva Fraga reconoció que existen deficiencias internas y afirmó que no buscan justificarse únicamente con el embargo, su discurso mantuvo intactos los pilares narrativos del régimen: la amenaza externa, la excepcionalidad permanente y la legitimación del secreto como herramienta de gobierno.
En un país donde el Estado controla los recursos, los datos y el relato, la falta de transparencia sigue siendo una decisión deliberada, no una circunstancia inevitable.
Las declaraciones de Pérez-Oliva Fraga confirman que, en medio del momento más crítico de los últimos años, el régimen totalitario cubano opta una vez más por el secretismo, el discurso defensivo y la administración del silencio como forma de poder.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.