Una acusación federal parcialmente revelada en el Distrito Este de Nueva York (EDNY) imputa a cinco personas por presuntamente operar un bufete de abogados ficticio, captar “clientes” en Facebook y realizar procedimientos migratorios simulados.
Estos actos incluían falsas entrevistas de asilo y comparecencias “judiciales” por videoconferencia. Los imputados se hacían pasar por jueces de inmigración, agentes federales y abogados.
La Fiscalía de EE.UU. informó que los acusados enfrentan cargos por conspiración de fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para lavado de dinero y dos cargos de falsa suplantación de un funcionario o empleado de Estados Unidos.
El documento lista a cuatro acusados arrestados: Daniela Alejandra Sánchez Ramírez, 25 años; Marlyn Yulitza Salazar Pineda, 24 años; Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez, 29 años; Alexandra Patricia Sánchez Ramírez, 38 años, todos colombianos.
Según el comunicado, tres de los acusados —Daniela Alejandra Sánchez Ramírez, Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez y Alexandra Patricia Sánchez Ramírez— fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty cuando intentaban abordar un vuelo a Colombia con boletos de ida.
Una cuarta acusada, Marlyn Yulitza Salazar Pineda, fue detenida en un restaurante en Nueva Jersey, mientras que un quinto acusado no se encontraba bajo custodia de Estados Unidos.
El texto añade que Daniela y Jhoan Ramírez, junto con Marlyn Pineda, tenían parole y que Alexandra Ramírez se encontraba en el país con una visa de turista. También precisa que Daniela, Jhoan y Alexandra son hermanos.
Los cuatro detenidos, indicó la Fiscalía, serían procesados este sábado en el tribunal federal de Brooklyn ante la jueza magistrada Peggy Cross-Goldenberg.
El esquema: cobros de cientos a miles de dólares
De acuerdo con los documentos judiciales citados, el grupo y sus cómplices se presentaban como abogados de inmigración y manejaban un despacho falso llamado “CM Bufete De Abogados Consultoría Migratoria”.
Tras captar posibles clientes —principalmente en Facebook— cobraban honorarios de cientos a miles de dólares por supuestos servicios y asesorías que, según la acusación, no existían.
La Fiscalía sostuvo que ninguno de los acusados ni de los cómplices identificados era abogado colegiado o con licencia para ejercer en ninguna jurisdicción de Estados Unidos.
El comunicado afirma que, luego de recibir el dinero, los acusados fingían representar a sus “clientes” y enviaban documentos que “parecían oficiales” porque incluían símbolos de agencias del gobierno de Estados Unidos.
Algunos aludían a casos reales pendientes en tribunales de inmigración o aseguraban que esos casos se habían resuelto favorablemente, pero —según la Fiscalía— ninguno de esos documentos era legítimo ni emitido por una agencia federal.
Además, los acusados habrían organizado procedimientos simulados (entrevistas de asilo y comparecencias judiciales) donde las víctimas participaban por videoconferencia.
En algunos de esos encuentros, los impostores se hacían pasar por jueces de inmigración, agentes de CBP y USCIS, y abogados.
Todo un teatro
Para reforzar la puesta en escena, vestían togas judiciales y uniformes, y aparecían ante fondos que imitaban salas de audiencias u oficinas gubernamentales, con sellos y banderas de agencias.
Durante esas videollamadas —según la acusación citada— los falsos funcionarios hacían preguntas personales delicadas y solicitaban a las víctimas su información de identificación personal.
En algunos casos, los acusados aseguraban falsamente que esos “procedimientos” habían resuelto asuntos migratorios pendientes.
Como resultado, víctimas no se presentaron ante el tribunal de inmigración, lo que derivó en la orden de deportación de al menos una víctima, que creyó erróneamente que su caso ya estaba solucionado. La Fiscalía indicó que esa orden fue revocada posteriormente.
La investigación identificó más de 100,000 dólares en transacciones fraudulentas transmitidas por víctimas a los acusados y otras personas vinculadas con el bufete ficticio.
El fiscal federal Joseph Nocella Jr. afirmó que los acusados “socavaron la integridad” del sistema migratorio al hacerse pasar por jueces, agentes del orden y abogados, y al dirigirse a personas vulnerables que buscaban ayuda legal.
El inspector general del DHS, Joseph V. Cuffari, dijo que perseguirán a quienes cometan fraude o se hagan pasar por funcionarios del gobierno.
La Fiscalía recordó que los cargos son acusaciones y que los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Cada acusado enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.
Preguntas frecuentes sobre el fraude federal en audiencias de asilo
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¿De qué se acusa a los implicados en el fraude de audiencias de asilo?
Se les acusa de operar un bufete de abogados ficticio y realizar procedimientos migratorios simulados, incluyendo falsas entrevistas de asilo y comparecencias judiciales por videoconferencia. También enfrentan cargos por conspiración de fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para lavado de dinero y falsa suplantación de un funcionario o empleado de Estados Unidos.
¿Cómo operaba el bufete de abogados ficticio?
El grupo se presentaba como abogados de inmigración, captando clientes en Facebook y cobrando honorarios por servicios inexistentes. Los acusados enviaban documentos que parecían oficiales y organizaban procedimientos simulados donde se hacían pasar por jueces de inmigración y agentes federales. Todo el esquema estaba diseñado para engañar a personas vulnerables que buscaban ayuda legal legítima.
¿Qué consecuencias enfrentan las víctimas de este fraude?
Las víctimas, al creer que sus casos legales estaban resueltos, no se presentaron ante tribunales de inmigración, lo que resultó en órdenes de deportación para algunas de ellas. Esto causó graves problemas legales y personales para las personas engañadas, quienes confiaron en las promesas falsas de los acusados.
¿Cuál es la reacción de las autoridades ante este tipo de fraude?
Las autoridades han manifestado su compromiso de perseguir y procesar a quienes cometan fraude migratorio. El fiscal federal Joseph Nocella Jr. declaró que los acusados socavaron la integridad del sistema migratorio y que se tomarán medidas severas contra quienes se hagan pasar por funcionarios del gobierno. El inspector general del DHS, Joseph V. Cuffari, también afirmó la determinación de perseguir a los responsables de estos delitos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.