La Administración del presidente Donald Trump habría intensificado su presión sobre el régimen venezolano, con una exigencia formal de cooperación en las investigaciones que el gobierno estadounidense sigue contra altos jerarcas del chavismo, entre ellos el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, y otros ocho funcionarios clave.
La ofensiva diplomática y judicial de Washington se enmarca en una campaña más amplia contra lo que considera una red criminal internacional que incluye narcotráfico, narcoterrorismo y corrupción dentro de la estructura del antiguo gobierno de Caracas, según informó el medio ABC.
Tras la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026, en la que fuerzas especiales capturaron a Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores en Caracas y los trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos federales, la Casa Blanca ha elevado el tono contra otros allegados del chavismo.
Entre los requeridos por Washington ante el gobierno liderado ahora por Delcy Rodríguez, se encuentra el diputado y figura prominente del chavismo, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, quien ha rechazado las acusaciones y se mantiene activo en la política venezolana desde la Asamblea Nacional.
Maduro Guerra, de 35 años, enfrenta acusaciones de colaborar con redes de narcotráfico vinculadas con carteles internacionales.
Además de “Nicolasito”, la administración estadounidense busca la cooperación de otros ocho altos oficiales acusados por el Departamento de Justicia por presunta participación en delitos graves que han afectado directamente a los intereses de seguridad y justicia de los Estados Unidos.
Sin embargo, la Constitución venezolana prohíbe la extradición de nacionales, lo que complica cualquier intento formal de transferir a estos individuos a corte estadounidense.
Ante esta barrera legal, la Casa Blanca ha instado al gobierno de Venezuela, ahora encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a colaborar con las investigaciones mediante mecanismos alternativos de asistencia judicial y entrega de información que puedan facilitar procesamientos o sanciones sin necesidad de extradición directa.
La exigencia de Trump se produce en un contexto de frágil relación bilateral entre Washington y Caracas tras la intervención y la captura de Maduro.
El gobierno estadounidense ha justificado estas acciones como parte de su lucha contra el narcotráfico transnacional y el terrorismo, describiendo a los implicados como amenazas significativas para la seguridad regional y la estabilidad hemisférica.
Por su parte, figuras del régimen venezolano han calificado las demandas de Washington como injerencias y han rechazado cualquier violación a la soberanía nacional.
Maduro Guerra, desde Caracas, ha promovido su narrativa de resistencia y denuncia contra lo que llama una “intervención externa” que afecta el derecho internacional y la autodeterminación de Venezuela.
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