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El recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade County, Dariel Fernández, anunció el envío de 3,909 avisos de cumplimiento a empresas que podrían estar realizando actividades comerciales relacionadas con Cuba sin contar con la debida autorización federal.
En un mensaje publicado en X, Fernández informó que su oficina emitió los avisos como parte de una revisión administrativa a nivel del condado sobre operaciones que puedan involucrar a la "dictadura socialista y comunista de Cuba".
Según explicó, las notificaciones buscan verificar si los negocios señalados participan en transacciones, servicios u operaciones comerciales que incluyan a la Isla y, en caso afirmativo, exigir la identificación de la autoridad federal que ampare legalmente dichas actividades.
"Como su Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, siempre velaré porque cada negocio en nuestro condado cumpla con la ley. Hacemos cumplir la ley, verificamos los hechos y actuamos cuando no se puede confirmar el cumplimiento", escribió Fernández.
Añadió que la responsabilidad de su oficina es proteger la integridad del sistema de Impuesto Comercial Local y defender a la comunidad de cualquier actividad vinculada a un régimen que reprime, censura y viola derechos humanos.
Qué exigen las notificaciones
Las cartas enviadas a las 3,909 empresas requieren que los destinatarios confirmen formalmente si mantienen actividades comerciales que involucren a Cuba.
En los casos en que dichas operaciones estén respaldadas por autorizaciones federales generales o específicas, deberán aportar pruebas documentales, incluidas copias de licencias o certificaciones emitidas por agencias como la Office of Foreign Assets Control (OFAC), la Bureau of Industry and Security (BIS) o el United States Department of Commerce.
Fernández subrayó que este proceso se realiza en cumplimiento de los Estatutos de Florida y del Código del Condado de Miami-Dade, los cuales establecen que el Recaudador de Impuestos debe garantizar que los Recibos de Impuesto Comercial Local se otorguen y mantengan únicamente a empresas que operen en pleno apego a la ley.
"Este es un proceso de cumplimiento", declaró el funcionario.
"Nuestro deber es mantener registros públicos precisos y garantizar que las empresas que operan en el Condado de Miami-Dade cumplan con todos los requisitos legales. Cuando surgen preguntas, solicitamos documentación, verificamos los hechos y tomamos medidas conforme a la ley", agregó.
Asimismo, recalcó que su oficina respeta las autorizaciones federales válidas y que las empresas que demuestren cumplimiento seguirán siendo elegibles para operar.
No obstante, aquellas entidades que no respondan o no puedan acreditar su elegibilidad podrían enfrentar acciones administrativas relacionadas con su Recibo de Impuesto Comercial Local, según lo establecido por la normativa estatal y la ordenanza condal.
La entidad también informó que continúa coordinando con autoridades federales responsables de sanciones, controles de exportación y seguridad de la aviación, con el objetivo de asegurar que las acciones locales estén alineadas con la regulación federal y respeten las excepciones legales de licencia.
Todas las respuestas y documentos presentados por las empresas serán publicados en la Página de Transparencia de Cumplimiento de la oficina del recaudador.
Un proceso que viene de meses atrás
La ofensiva administrativa no surge de manera aislada.
A finales de enero, Fernández denunció públicamente presuntos abusos en el uso de licencias comerciales vinculadas a operaciones con el régimen cubano y anunció que notificaría al entonces presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio sobre lo que calificó como riesgos de seguridad nacional para la comunidad del sur de Florida.
El 13 de enero, su oficina recibió dos cartas del Departamento de Comercio de Estados Unidos confirmando la revocación de licencias federales utilizadas para exportaciones hacia Cuba. Las misivas, emitidas por la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), informaban irregularidades en las licencias D1325305 y D1331933, ambas anuladas oficialmente por incumplimiento de sus condiciones.
Según los documentos divulgados, las empresas involucradas eran Katapulk Marketplace LLC, propiedad del empresario Hugo Cancio, y Maravana Cargo Inc., dirigida por Alejandro Martínez Pardo, ambas con sede en Miami.
En el caso de Katapulk Marketplace LLC, la licencia D1325305 autorizaba la exportación hacia Cuba de vehículos híbridos y de gasolina bajo parámetros de uso humanitario. El permiso fue revocado el 4 de junio pasado tras detectarse violaciones a las condiciones establecidas.
Por su parte, Maravana Cargo Inc., dedicada al envío de mercancías y vehículos hacia la Isla, vio revocada la licencia D1331933 el 3 de noviembre, luego de que la compañía excediera el número de autos y motocicletas permitidos.
Fernández, quien asumió el cargo en 2025, afirmó que su oficina llevaba meses trabajando para identificar posibles irregularidades en el uso de licencias federales relacionadas con Cuba, como parte de un esfuerzo por reforzar el cumplimiento normativo y la transparencia institucional.
Indicó que enviaría un informe formal a la Casa Blanca y al Departamento de Estado con los hallazgos y sus posibles implicaciones.
En paralelo, la comisionada del condado, Natalie Milian Orbis, remitió una carta al presidente Trump solicitando la suspensión de todas las licencias y autorizaciones federales vinculadas a Cuba para evitar que el régimen cubano se beneficie de fondos o servicios estadounidenses.
Pocos días antes, la Comisión de la Ciudad de Miami aprobó por unanimidad la creación de un equipo de tarea especializado para investigar y supervisar licencias comerciales de empresas con posibles vínculos financieros, administrativos u operativos con el gobierno cubano.
Ya desde finales de 2025, Fernández había pedido a autoridades federales que investigaran a una empresa con vínculos locales que, según declaró entonces, podría estar participando en acuerdos financieros que involucraran o beneficiaran al gobierno de Cuba.
Con el envío de los 3,909 nuevos avisos, la oficina del recaudador amplía significativamente el alcance de esa revisión, en lo que constituye una de las acciones administrativas más amplias emprendidas a nivel condal en relación con actividades comerciales vinculadas a Cuba.
Preguntas frecuentes sobre las notificaciones a negocios en Miami-Dade por vínculos comerciales con Cuba
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¿Por qué el condado de Miami-Dade envió notificaciones a casi 4,000 negocios?
El condado de Miami-Dade envió notificaciones a 3,909 negocios para verificar si están realizando actividades comerciales con Cuba sin la debida autorización federal. Esta medida busca proteger la integridad del sistema de Impuesto Comercial Local y garantizar el cumplimiento de las leyes estatales y federales.
¿Qué deben hacer las empresas que recibieron las notificaciones?
Las empresas que recibieron las notificaciones deben confirmar formalmente si mantienen actividades comerciales que involucren a Cuba. En caso de contar con autorizaciones federales, deben presentar pruebas documentales, como licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) u otras agencias pertinentes.
¿Qué consecuencias enfrentan las empresas que no cumplan con las notificaciones?
Las empresas que no respondan o no puedan acreditar su elegibilidad podrían enfrentar acciones administrativas relacionadas con su Recibo de Impuesto Comercial Local. Esto podría incluir la revocación de sus licencias, impidiéndoles operar legalmente en Miami-Dade.
¿Cuál es el objetivo del repositorio público de transparencia lanzado por la Oficina del Recaudador de Impuestos?
El repositorio público de transparencia tiene como objetivo ofrecer acceso claro y centralizado a los registros e información generados durante la revisión de actividades comerciales vinculadas a Cuba. Esto busca reforzar la transparencia y asegurar el cumplimiento de las leyes estatales y locales.
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