Vicky Gil cuestiona la severidad de la condena por corrupción contra su hermano y explica interioridades del caso

María Victoria Gil, hermana del exministro cubano de Economía Alejandro Gil Fernández, aseguró en una entrevista con CiberCuba que la condena por corrupción contra el antiguo funcionario del régimen se basa en hechos ocurridos en la década de 1990 y que, según su versión, no guardan relación alguna con el cargo que ocupó durante años al frente del Ministerio de Economía y Planificación.

“Toda la corrupción de mi hermano se resume en 4,000 CUC”, afirmó Gil al referirse a las acusaciones que, según explicó, motivaron una de las causas penales contra el exdirigente.

Vicky Gil, abogada de profesión, afirmó que ha tenido acceso a información sobre el proceso judicial y que incluso posee documentos vinculados a la acusación fiscal, aunque señaló que no puede divulgarlos públicamente.

“Yo tengo en mis manos las conclusiones del fiscal que tuvo a cargo el proceso de mi hermano”, dijo.

No obstante, indicó que no puede leer ni publicar el documento porque la persona que se lo facilitó -a la que describió como “una jueza muy importante en nuestro país”- no le ha autorizado a hacerlo.

Sobre el fiscal, dijo que se trata de un funcionario con larga trayectoria dentro del sistema judicial cubano, que ahora.

Durante la entrevista, María Victoria Gil cuestionó la severidad de la acusación presentada por la Fiscalía en el proceso por corrupción.

“Es increíble que un fiscal sea capaz de pedir treinta años de privación de libertad a un ser humano por infracciones administrativas prescritas en el tiempo”, sostuvo.

Según su relato, el caso se remonta a cuando Alejandro Gil era gerente de una empresa llamada Caudal en la década de 1990. En ese periodo, aseguró, habría recibido regalías por un monto total de 4,000 CUC.

“Mi hermano no ha cometido delito alguno. Mi hermano no es un corrupto”, insistió.

La hermana del ahora exministro explicó que ese dinero habría sido entregado a una prima para que lo cambiara de CUC a dólares, y subrayó que los hechos, de haber ocurrido, estarían prescritos.

“Toda la corrupción de mi hermano se resume en 4,000 CUC… Cosas de los años noventa, además prescritas en el tiempo”, afirmó.

También sostuvo que ese episodio “no tiene nada que ver con el Ministerio de Economía y Planificación”, institución que Alejandro Gil dirigió durante varios años antes de caer en desgracia dentro del aparato de poder.

Familia bajo presión

La hermana del exministro aseguró además que sus sobrinos viven con miedo tras la caída en desgracia de su padre.

“Mis sobrinos están llenos de miedo, de pánico, amenazados. No me escriben, solamente me envían corazones y besos, pero no me envían ninguna información”, afirmó.

Según relató, ha logrado conocer detalles del proceso gracias a antiguos conocidos y contactos dentro de Cuba.

“Yo fui abogada en Cuba y tengo informantes, tengo gente que me quiere y que ha tenido el valor de enviarme cosas muy importantes”, declaró.

“Debe ser considerado preso político”

María Victoria Gil también sostuvo que, tras la sentencia de cadena perpetua por espionaje, su hermano debería ser considerado un preso político.

No obstante, afirmó que en una eventual transición en Cuba el exministro también tendría que responder por su papel dentro del sistema.

Según sus palabras, “será juzgado en la transición por formar parte del sistema”, aunque expresó su esperanza de que en ese escenario pueda recibir un juicio justo.

La mujer también insinuó que la caída en desgracia de su hermano estaría vinculada a informaciones sensibles relacionadas con el conglomerado militar GAESA.

“Descubrió cosas de GAESA y le dieron la tarea a Marrero para que acabara con él”, afirmó.

Las condenas contra Alejandro Gil

Las declaraciones de María Victoria Gil se producen semanas después de que el Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba confirmara duras condenas contra el exministro.

Gil Fernández fue juzgado en dos procesos penales distintos y declarado culpable de delitos considerados “de extrema gravedad”.

En uno de ellos recibió cadena perpetua, tras ser hallado responsable de espionaje, cohecho, actos contra la actividad económica, sustracción de documentos oficiales e infracciones relacionadas con el manejo de información clasificada.

En una segunda causa penal -que es a la que se refiere ahora María Victoria- fue condenado a 20 años de prisión por cohecho continuado, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal.

Además, el tribunal ordenó la confiscación de bienes y la prohibición de ejercer funciones vinculadas a la administración de recursos humanos, materiales o financieros, entre otras sanciones accesorias.

Según la nota oficial del Tribunal Supremo Popular, el exministro se habría aprovechado de sus responsabilidades para obtener beneficios personales, recibir dinero de empresas extranjeras y manipular información clasificada, hechos que las autoridades cubanas calificaron como una grave traición al Estado.

Alejandro Gil Fernández había sido una de las figuras más visibles del gabinete de Miguel Díaz-Canel hasta su abrupta destitución a inicios de 2024, un episodio que abrió paso a uno de los procesos judiciales más mediáticos en la Cuba reciente.