El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos federales contra seis personas en Massachusetts acusadas de operar una red de matrimonios fraudulentos para facilitar la obtención de la residencia permanente a inmigrantes indocumentados. El esquema habría funcionado durante más de una década y generado millones de dólares.
Según un comunicado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la presunta cabecilla es Jennifer González, de 43 años y residente de Fall River, Massachusetts, quien habría dirigido el negocio ilegal de matrimonios simulados durante al menos diez años.
Los acusados y los cargos
Junto a González enfrentan cargos otras cinco personas: Erica Daniels (29 años), Chreise Alejandro (39), Amara Pugh (31) y Jaylin Hill (26), todos residentes de Fall River, además de Jessica Tavares (31), de Attleboro.
Cinco de los acusados fueron detenidos el 21 de octubre, mientras que Hill ya cumplía una condena estatal por un delito relacionado con armas de fuego.
Los cargos incluyen conspiración para albergar a inmigrantes indocumentados, albergamiento de inmigrantes indocumentados, conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial.
Algunos de estos delitos pueden castigarse con penas de hasta diez años de prisión y multas de hasta 250,000 dólares por cargo.
¿Cómo funcionaba el negocio?
Según las autoridades, González cobraba entre 38,000 y 40,000 dólares por cada matrimonio fraudulento que organizaba. La red habría concertado entre 18 y 20 uniones simuladas al año, lo que supondría ingresos de cientos de miles de dólares anuales durante al menos una década.
González presuntamente pagaba a Daniels, Alejandro, Tavares y Hill, ciudadanos estadounidenses, para que contrajeran matrimonio con sus clientes indocumentados.
Pugh, por su parte, actuaba como «secretaria» del negocio.
Posteriormente, los clientes presentaban documentación presuntamente fraudulenta ante USCIS para solicitar la residencia permanente.
De acuerdo con la acusación, González instruía a sus clientes para que contrataran pólizas de seguro de vida, abrieran cuentas bancarias conjuntas y se tomaran fotografías como pareja.
También debían realizar pagos mensuales de 500 dólares al supuesto cónyuge.
Los contratos se presentaban como acuerdos de «préstamo» para ocultar la verdadera naturaleza de las transacciones.
Las autoridades aseguran que González fue captada en grabaciones de audio y video explicando que el contrato evitaba intencionadamente mencionar al cónyuge porque hacerlo sería incriminatorio.
También habría aceptado un pago inicial de 3,000 dólares en efectivo.
Massachusetts como «estado santuario»
En las grabaciones citadas por las autoridades, González utilizaba la condición de Massachusetts como supuesto «estado santuario» para convencer a sus clientes de las ventajas de establecerse allí.
«Creo que tú puedes, ¿ok?, porque este estado es un santuario, como a Trump no le gusta este estado porque el gobierno de aquí, el estado, nos defiende mucho», dijo a un testigo colaborador. Y añadió: «Massachusetts es el mejor lugar para estar. Eso es un hecho».
También reconoció que las condiciones migratorias habían cambiado y que, bajo la nueva administración, las leyes y los procedimientos eran más estrictos.
González habría declarado, además, que invertía las ganancias del negocio en empresas y bienes raíces en República Dominicana, país al que se refería como «su país».
Presunto fraude a programas de asistencia social
Según la investigación, varios acusados proporcionaron información falsa en solicitudes de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), al afirmar que nunca habían contraído matrimonio mientras presentaban peticiones migratorias federales en nombre de sus supuestos cónyuges.
González habría recibido más de 120,000 dólares en beneficios SNAP mientras presuntamente dirigía la red y adquiría propiedades en el extranjero.
En la investigación también participaron el Departamento de Agricultura y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos.
Otros casos de fraude matrimonial en Estados Unidos
En agosto de 2026, el Departamento de Justicia acusó a 11 personas de organizar una red de más de 1,000 matrimonios fraudulentos entre ciudadanos estadounidenses y nacionales chinos en ocho estados.
Según las autoridades, los implicados cobraban hasta 100,000 dólares por facilitar la obtención de la residencia.
USCIS utiliza distintos mecanismos para detectar posibles fraudes matrimoniales, entre ellos entrevistas por separado a los cónyuges, visitas domiciliarias y comprobaciones de la información presentada en las solicitudes migratorias.
La abogada de inmigración Liudmila Marcelo ha advertido sobre las graves consecuencias de estas prácticas para quienes buscan regularizar su situación en Estados Unidos.
En declaraciones recogidas por CiberCuba, afirmó: «Nunca, nunca el fraude es la solución a los problemas migratorios de nadie, porque realmente eso es lo que hace complicar tu situación para toda la vida».
La fiscal federal Leah B. Foley advirtió al anunciar los cargos: «El sueño americano no está en venta. Se gana. Y cuando intentas robarlo para obtener ganancias, te haremos responsable».
La investigación continúa abierta.
Este caso es parte de un panorama migratorio en constante cambio. Sigue de cerca todos los desarrollos sobre procesos, requisitos y alertas en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
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