¿Por qué la diáspora no va a invertir en Cuba?

Después de la entrevista en NBC, el viceprimer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, siguió cumpliendo el guion establecido, e informó con más detalle de las medidas que van dirigidas a fomentar la participación en la economía nacional de lo cubanos residentes en exterior.

Mientras que en Cuba no se sienten las bases de un sistema democrático y de libertades públicas, con respeto a los derechos humanos, sin presos políticos en las cárceles y con instituciones democráticas de participación que garanticen la separación de poderes, es difícil canalizar a la Isla a proyectos de inversión de la diáspora. Básicamente, porque mientras no desaparezcan las razones políticas que provocaron la salida del país de más de dos millones de cubanos, no parece lógico que se realicen inversiones en la economía nacional. Sería un absoluto despropósito que en nada podría contribuir a la recuperación de las libertades y la democracia en la Isla.

Pero vayamos al contenido de la presentación de Pérez-Oliva Fraga.

Anunció que las decisiones “están dirigidas fundamentalmente a buscar una mayor descentralización de la economía, a propiciar una mayor participación del capital extranjero en nuestro desarrollo económico y social, y también a diversificar la participación del sector privado en distintos ámbitos de la economía”.

¿Ha leído el viceprimer ministro la Constitución de 2019? ¿O tal vez necesita que alguien lo haga? Pues bien, en su Título II donde se establecen los fundamentos económicos del régimen, hay dos preceptos que no guardan relación con la afirmación anterior. En efecto, el artículo 18 dice: “En la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal, y la dirección planificada de la economía, que tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad”. Y más en concreto, el artículo 19 dice: “El Estado dirige, regula y controla la actividad económica conciliando los intereses nacionales, territoriales, colectivos e individuales en beneficio de la sociedad. La planificación socialista constituye el componente central del sistema de dirección del desarrollo económico y social. Su función esencial es proyectar y conducir el desarrollo estratégico, previendo los equilibrios pertinentes entre los recursos y las necesidades”.

¿De qué descentralización de la economía habla Pérez-Oliva Fraga? La economía cubana es socialista, los medios de producción son “propiedad del pueblo” y la dirección planificada dirige y controla el mercado. Además, el estado dirige, regula y controla la actividad económica, en un ejercicio de máxima centralización del poder económico en el que no cabe descentralización alguna. Así es como se definen las cosas, y por ello, la “descentralización” de Pérez-Oliva Fraga es una artimaña, una ensoñación que exige reformas profundas en la constitución comunista de 2019. ¿Será capaz de implementarlas? Hay muchas dudas.

También anunció como novedad la apertura de la inversión al sector financiero bancario y la creación de fondos de cooperación e inversión, previa licencia del Banco Central de Cuba. Otro despropósito. Advertir respecto del funcionamiento de esta entidad, completamente subordinada a las órdenes del gobierno y carente de autonomía como ocurre en los países democráticos. Habrá que prestar atención a qué licencias concede el Banco Central para crear instituciones financieras no bancarias, bancos de inversión y otras entidades comprendidas en el Decreto-Ley 362 con el capital de la diáspora. Se podrán contar con los dedos de las manos. La eventual apertura a la participación de la comunidad de cubanos residentes en el exterior en el ámbito del sector financiero bancario nacional va acompañada también de la posibilidad de participar como proveedores de servicios de activos virtuales. ¿¿El régimen estimulando las cripto??

No cabe duda de que esta decisión, de ser viable, tiene pocos visos de llegar a algún sitio concreto, ya que se encuentra muy condicionada por las limitaciones de un mercado, el financiero y bancario, que en Cuba es muy escaso y se encuentra distorsionado por la ineficacia de la política monetaria, y la escasa capacidad de ahorro de la población, en presencia de altas tasas de inflación de dos dígitos que hacen inviable cualquier apuesta por el ahorro. Los “fondos de cooperación” son instrumentos de la agenda municipal cuya viabilidad depende de su utilidad social.

El viceprimer ministro informó de la aprobación para que los cubanos residentes en el exterior, a través de empresas constituidas en otros países, puedan asociarse con empresas privadas cubanas al amparo de la Ley 118 de Inversión Extranjera. Hasta el momento, esta figura sólo era posible con entidades estatales.

Otra ley que tendrá que ser modificada, ya que este tipo de asociación no está reconocida actualmente. De modo que, si se pretende abrir este espacio para la participación de la comunidad residente en el exterior, en el desarrollo económico y social del país, hay que abordar la cuestión de la reforma de esta Ley de 2014 que ha limitado notablemente el cumplimiento de los objetivos establecidos en su momento.

Además, si se quiere realmente que se puedan establecer alianzas entre el sector privado cubano y el capital foráneo vinculado a la diáspora, lo primero que tiene que lograr Pérez Oliva-Fraga es que los empresarios privados cubanos tengan los mismos derechos a invertir en sus negocios que estos que ahora se establecen para la diáspora. Esa asimetría puede impedir que se logren las alianzas buscadas. Como siempre, el régimen creyendo que la publicación de normas en la Gaceta Oficial puede servir para que funcione la economía cubana.

Y la guinda del pastel, por si alguien tenía alguna duda. El régimen siempre a la búsqueda de dinero fresco del exterior. Se establece que para facilitar la operatoria de los nuevos actores económicos, los cubanos residentes en el exterior que vayan a establecer empresas en Cuba tendrán que abrir y operar cuentas bancarias en divisas en igualdad de condiciones que cualquier persona o institución residente en el país. La inseguridad jurídica es un factor a tener en cuenta y más aún, el destino de esos fondos una vez que entren en el circuito bancario controlado por el régimen.

Pérez-Oliva Fraga informó de la creciente participación de la comunidad cubana en el exterior en acciones solidarias con Cuba. Y aquí es donde perdió buena parte, por no decir todo, del atractivo de sus planteamientos, al achacar la responsabilidad de la crisis de la economía “al recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos” para añadir que “es el principal obstáculo para el desarrollo de todas las transformaciones que nuestro país está implementando en el ámbito económico”.

Falso, porque en realidad Cuba comercia, recibe inversiones, capitales y turistas de todos los países del mundo, excepto está de su vecino del norte por motivos más que conocidos. Si Cuba no tiene acceso actualmente a capitales, a mercado, a financiamiento, es por sus reiterados incumplimientos como pagador, lo que le ha supuesto condenas en los tribunales internacionales. Alejar la actual crisis humanitaria de la Isla habría sido posible si el comportamiento internacional del régimen hubiera sido responsable en los últimos años. 

Los daños causados actualmente se deben exclusivamente a una pésima operatoria en los mercados financieros internacionales y en la gestión pública. Si el viceprimer ministro quiere que las empresas de Estados Unidos vuelvan a interesarse en Cuba no debe achacar la responsabilidad a la legislación del vecino del norte, sino a la propia, en los términos detallados anteriormente. Los únicos que hablan de un conflicto bilateral pertenecen a la parte cubana, que mantiene intenciones expresas de seguir utilizando de forma torticera el argumento del bloqueo en todos los pronunciamientos.

Para afrontar ese bloqueo más mental que otra cosa, Pérez-Oliva Fraga anunció la decisión de crear fondos para estimular la cooperación, respetando siempre la voluntad del donante, lo que permitirá una organización superior y mayor impacto en los destinos que más lo necesitan. La pregunta es: ¿pero es que acaso hasta ahora toda la cooperación internacional recibida por Cuba, que no es poca, no ha respetado la voluntad del donante? ¿Cuántas entidades que han donado a la Isla se plantearán realizar auditorías para verificar si se han cumplido sus prioridades?

En buen lío se ha metido el viceprimer ministro con este tipo de mensajes que lo único que pueden producir es cierta sensación de incertidumbre internacional con respecto a la gestión de las donaciones. No parece, a la luz de estas evidencias, que haya posibilidad alguna de que la comunidad cubana residente en el exterior participe en fondos de inversión para el desarrollo de proyectos en el territorio cubano para financiar la implementación de iniciativas de interés para el desarrollo económico y social del país.

El viceprimer ministro informó que una de las decisiones adoptadas es promover la participación de los cubanos residentes en el exterior en las producciones agrícolas, especialmente a nivel territorial, en correspondencia con la política del país de potenciar el papel de los municipios.

Y citó como ejemplo las empresas vietnamitas que producen arroz en la Isla, pretendiendo que con la comunidad cubana residente en el exterior se puedan desarrollar experiencias similares, en los que se concede derecho de usufructo sobre la tierra para producir alimentos. Aquí el viceprimer ministro ha sido bastante claro y ha señalado que la propiedad de la tierra nunca será de los inversores.

Y es obvio que así está recogido en la constitución comunista de 2019. El artículo 29 dispone que “la propiedad privada sobre la tierra se regula por un régimen especial. Se prohíbe el arrendamiento, la aparcería y los préstamos hipotecarios a particulares. La compraventa o trasmisión onerosa de este bien solo podrá realizarse previo cumplimiento de los requisitos que establece la ley y sin perjuicio del derecho preferente del Estado a su adquisición mediante el pago de su justo precio”. Con estas limitaciones en el marco del sistema económico se entiende que en Cuba el sector agropecuario apenas tenga capacidad de producción.

Y claro, como no hay dos sin tres, para conseguir lo antes descrito, el viceprimer ministro, que sigue sin enterarse de nada, informó de la intención de perfeccionar los mecanismos internos de atención a estos intereses, “incluyendo una concepción más dirigida de la cartera de oportunidades de negocio y un mejor control y procesamiento de solicitudes para evitar demoras innecesarias”. La cartera de negocios, otro instrumento de control que limita la voluntad del inversor a sólo actuar en aquellos proyectos que son autorizados y el procesamiento burocrático de solicitudes, un auténtico calvario administrativo para los inversores extranjeros que se decidieron a apostar por proyectos en Cuba al amparo de la Ley 118.

Cambios burocráticos que parecen ir dirigidos a intentar captar no solo los tradicionales proyectos pequeños y cortoplacistas que llegan a la Isla, sino a proyectos de mayor nivel de inversión vinculados a sectores clave para el desarrollo. Y quiere, además, el viceprimer ministro, que sea la diáspora la que financie estas iniciativas. Pérez-Oliva Fraga desconoce realmente cómo son los cubanos residentes en el exterior y una vez más el régimen muestra con luz y taquígrafos por qué todas sus medidas e iniciativas son un fracaso. 

Por mucho que los mismos comunistas que dirigen el país desde 1959 muestren ahora una supuesta voluntad de estrechar los vínculos con “sus hijos residentes en otras latitudes, reconociendo su papel en la construcción de una patria cada vez más próspera y sostenible, en correspondencia con los principios de justicia social que han guiado el proceso revolucionario desde sus inicios”, mi recomendación al viceprimer ministro es que le sobra la última parte de la frase anterior. Con ella ha acabado por enterrar cualquier idea que alguien pudiera tener de invertir en Cuba. Que lo tenga por seguro.