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El régimen cubano ha vuelto a lanzar señales de apertura económica en busca desesperada de divisas.
La reciente invitación a que exiliados inviertan en la isla se presenta como una oportunidad, pero también revive advertencias conocidas: hacer negocios en Cuba puede terminar en confiscaciones, procesos arbitrarios e incluso prisión.
El caso del empresario británico Stephen Purvis es uno de los ejemplos más contundentes, recogido en un análisis de la columnista Mary Anastasia O’Grady en The Wall Street Journal y en testimonios posteriores del propio afectado.
A finales de los años noventa, Purvis se trasladó a La Habana junto a su familia para participar en proyectos inmobiliarios y turísticos millonarios, en un momento en que el régimen buscaba atraer capital extranjero tras la caída de la Unión Soviética.
Durante años, su empresa, Coral Capital, operó en la isla con aparente normalidad. Pero el escenario cambió de forma abrupta. La Seguridad del Estado arrestó a directivos de la compañía, clausuró sus oficinas y, meses después, también detuvo a Purvis, quien asegura que nunca recibió una explicación clara de los cargos.
Lo que siguió fue un descenso a uno de los sistemas penitenciarios más opacos del país. Purvis pasó más de un año encarcelado, incluidos varios meses en Villa Marista, el centro de interrogatorios de la Seguridad del Estado en La Habana.
Allí, según su propio relato, sobrevivió en una celda diminuta —apenas el espacio de un colchón— junto a otros detenidos -varios de ellos extranjeros como él-, soportando temperaturas superiores a los 40 grados y condiciones insalubres. “Éramos animales en un zoológico para enemigos del Estado”, recordó. Durante su reclusión, fue identificado únicamente como el prisionero 217.
La rutina diaria reflejaba la precariedad extrema: raciones mínimas de comida, acceso limitado al sol —apenas minutos a la semana— y un ambiente psicológico asfixiante. Purvis aseguró que en la prisión era común escuchar gritos de internos que perdían la razón y que los intentos de suicidio eran frecuentes.
Los interrogatorios formaban parte de una estrategia de presión constante. Según su testimonio, podían alternar amenazas, gritos y aparentes gestos de cordialidad, en un entorno diseñado para quebrar psicológicamente al detenido.
Su familia también sufrió las consecuencias. Su esposa tuvo que ser hospitalizada por el impacto emocional, mientras sus hijos enfrentaban visitas vigiladas en condiciones de tensión extrema.
Más allá del drama personal, el caso expone prácticas sistemáticas del régimen hacia inversores extranjeros. Según Purvis, las empresas foráneas en Cuba enfrentaban desvío de fondos hacia entidades estatales, apropiación de activos y decisiones arbitrarias que podían anular contratos millonarios sin garantías legales.
Uno de los episodios más reveladores fue la cancelación unilateral de un proyecto internacional para modernizar el puerto del Mariel, que posteriormente fue retomado con otros socios y mayor financiación, en medio de interrogantes sobre el destino de los recursos iniciales.
Años después, Purvis concluyó que el régimen permitió la entrada de capital extranjero para sortear la crisis económica, pero posteriormente ejecutó una purga para recuperar el control total. Ese proceso, según describió, implicó el desplazamiento de actores económicos civiles y el fortalecimiento del poder militar dentro del aparato empresarial.
Hoy, en un contexto aún más crítico —marcado por apagones prolongados, escasez de alimentos, deterioro sanitario y creciente malestar social—, el gobierno cubano vuelve a apostar por atraer inversión. La novedad es que ahora incluye a los exiliados, muchos de los cuales fueron despojados de sus propiedades tras abandonar el país.
La propuesta ha sido interpretada como un intento de captar capital sin ofrecer garantías jurídicas reales. Para numerosos analistas, supone invitar a quienes lo perdieron todo a reinvertir en un sistema que nunca reconoció sus derechos de propiedad.
En paralelo, los rumores sobre un posible acercamiento entre Washington y La Habana han perdido fuerza. Según el análisis publicado en The Wall Street Journal, la actual postura de Estados Unidos apunta más bien a mantener la presión sobre el régimen, en un escenario regional en transformación y con menor margen de maniobra para el gobierno cubano.
La historia de Stephen Purvis, lejos de ser un caso aislado, funciona como advertencia. Detrás de cada anuncio de apertura económica en Cuba persisten las mismas estructuras de control, opacidad y arbitrariedad que han marcado durante décadas la relación del régimen con la inversión extranjera.
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