¿Invertir en Cuba? Un juego peligroso para quien no entiende las reglas

¿Invertir en Cuba en 2026? La pregunta vuelve al centro del debate tras el anuncio del viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga sobre una supuesta apertura a la diáspora para participar en mipymes cubanas y otros negocios privados en el país.

El discurso oficial puede sonar atractivo para algunos empresarios cubanos en el exterior, pero el contexto económico y la falta de garantías siguen pesando más que las oportunidades sobre el papel.

“¿De verdad que un cubano residente en el exterior va a querer invertir ahora en Cuba, cuando hay escasez, apagones y falta de energía?”, cuestiona la consultoría privada AUGE, una firma radicada en La Habana desde 2014 que asesora a emprendimientos del sector privado.

Su análisis resume el escepticismo que domina entre potenciales inversores cubanos: la desconfianza y la ausencia de un marco legal sólido siguen siendo los principales frenos para tomar la decisión.

Las nuevas medidas del gobierno buscan reactivar la inversión extranjera en Cuba permitiendo a los emigrados crear empresas, adquirir participaciones en mipymes cubanas ya existentes o asociarse mediante esquemas mixtos con entidades dentro del país. Incluso se abre la puerta a su participación en el sistema financiero, un movimiento poco habitual en un entorno altamente controlado por el Estado.

Sin embargo, invertir en Cuba es un juego peligroso para quien no entiende las reglas o para quien cree que existen reglas claras. El marco legal es cambiante, las decisiones clave dependen del poder político y no de instituciones independientes, y los derechos de propiedad carecen de garantías efectivas.

A esto se suma la opacidad en la gestión, las dificultades para recurrir a tribunales imparciales y el riesgo de que cualquier negocio quede expuesto a decisiones administrativas arbitrarias del régimen cubano.

En ese entorno, el inversor no compite en igualdad de condiciones, sino dentro de un sistema donde el Estado mantiene la ventaja a pesar de que asegure centrarse en responder a los intereses de los emprendedores.

En este sentido, el economista cubano Pedro Monreal advierte que las nuevas medidas del gobierno para permitir la participación de emigrados en la economía, especialmente en el sector agropecuario, son limitadas, contradictorias y poco claras.

Existe un gran potencial agrícola, pero las políticas siguen siendo ineficaces y restrictivas. El gobierno parece orientar estas “oportunidades” hacia esquemas de inversión extranjera, pero sin cambios estructurales reales. Además, destaca que el anuncio sobre permitir usufructo a emigrados ni siquiera está contemplado en el anteproyecto de ley de tierras de 2025, lo que sugiere una medida improvisada.

También subraya la contradicción de permitir acceso a extranjeros o emigrados mientras se sigue negando ese derecho a empresas privadas nacionales, dentro de un modelo agropecuario que considera obsoleto. En su criterio, las medidas generen una falsa sensación de apertura sin resolver los problemas de fondo del sistema agrícola cubano.

Según AUGE, los nuevos cambios configuran tres escenarios claros: la creación de nuevas mipymes por parte de cubanos en el exterior, la entrada como socios en negocios privados ya operativos y la asociación desde empresas extranjeras con actores locales.

No obstante, la firma advierte que estos pasos no implican necesariamente transformaciones regulatorias profundas, lo que limita el alcance real de las medidas anunciadas por Pérez-Oliva Fraga.

El problema de fondo sigue siendo estructural. Cuba enfrenta una contracción económica, apagones recurrentes y un entorno empresarial marcado por la opacidad. A ello se suma un historial de fracasos en políticas de inversión extranjera y la falta de seguridad jurídica, factores que históricamente han alejado el capital.

En este escenario, la gran incógnita persiste. ¿Estas medidas lograrán atraer inversión real o quedarán como otro intento fallido del régimen por captar divisas?