Dirigente del PCC en Las Tunas sobre casos de corrupción: “Todo se dirá a su debido tiempo”

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia de Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, afirmó que los casos de corrupción solo se informarán oficialmente cuando la ley lo permita y arremetió contra las críticas ciudadanas y periodísticas en redes sociales.

Asimismo, se refirió a los señalamientos de tráfico de influencias y delitos que circulan en la opinión pública de manera extraoficial, al intervenir en la revista televisiva mensual que transmite el telecentro TunasVisión, donde participan las principales autoridades políticas y de gobierno en el territorio.

Al respecto, Lorenzo indicó que las autoridades darán información “a su debido tiempo”, pero subrayó que la presunción de inocencia y el debido proceso impiden divulgar detalles hasta que lo autorice la ley.

El dirigente reconoció que la ciudadanía tiene derecho a expresar inconformidades, aunque advirtió que las críticas deben evitar daños a la propiedad colectiva o privada, así como a la dignidad de las personas, precisó el resumen sobre el programa publicado por el periódico oficial 26.

Con esta aclaración, condicionó el alcance de las manifestaciones públicas de descontento.

El primer secretario del PCC en Las Tunas arremetió contra las redes sociales y cuestionó incluso a periodistas de medios oficiales que han emitido opiniones críticas hacia la gestión del gobierno y el Partido en Las Tunas.

Calificó esos comentarios de ofensivos y reprochó la tendencia de “buscar culpables en el otro”, frente a los problemas de la provincia.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez visitó en abril los municipios de Jobabo y Colombia, en la provincia de Las Tunas, donde admitió que persisten serios problemas sociales y económicos que laceran la tranquilidad de la población.

Uno de los principales temas abordados fue la creciente corrupción en las relaciones entre entidades estatales y el sector no estatal de la economía, que inicialmente se promovió como complemento necesario.

Díaz-Canel reconoció que se han detectado irregularidades graves en el arrendamiento de locales y el pago de servicios y productos con fondos públicos, y anunció que se pedirá responsabilidad penal en los casos más graves.

En marzo trascendió que la exintendenta del municipio tunero de Puerto Padre, Maricela Alonso Ojeda, fue condena a siete años de prisión, como autora del delito de malversación, tras ser hallada culpable de apropiarse de bienes estatales destinados a la venta a la población.

El Tribunal Provincial Popular de Las Tunas señaló que, junto a ella, también fue sancionado Mario Quirino Infante Sosa, exadministrador del Palacio de Pioneros, considerado partícipe en los hechos, quien deberá cumplir seis años de privación de libertad.

Sobre este caso de malversación, el portal de noticias Cubanos por el Mundo publicó en enero pasado que Alonso se encontraba detenida y enfrentaba varias acusaciones por hechos de corrupción.

Según esa fuente, junto a ella también estaban bajo investigación la primera secretaria del Partido Comunista en el municipio, Yanisleidys Fernández López, y la secretaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Juana Álvarez Fernández, quienes habrían sido señaladas por el exadministrador del Palacio de Pioneros.

Las acusaciones recogidas por el medio incluían el desvío de recursos estatales para el aprovisionamiento y posterior reventa en mipymes locales, falsificación de documentos para justificar dichas operaciones, robo y venta ilegal de combustible perteneciente al Estado, y abuso del cargo asignado por las autoridades del gobierno cubano.

Además, se mencionaban al menos otras cinco causas en investigación que involucraban a varios cuadros políticos y administrativos del territorio.

Si bien el veredicto judicial fue aplaudido por ciertos sectores, otros lo consideran una sanción insuficiente que no aborda los problemas estructurales subyacentes del sistema.

En ese contexto, el 25 de marzo se informó sobre la destitución de Walter Simón Noris como primer secretario en Las Tunas, tras menos de un año en el cargo, sin precisar las causas.

Antes, las autoridades tuneras prometieron actuar con “rigurosidad” contra los responsables de adulterar con agua la leche destinada a niños de cero a siete años, un hecho que evidencia la falta de control del gobierno local.

Las autoridades del PCC y el gobierno aseguraron que se tomarán medidas drásticas contra los implicados, aunque no se han ofrecido detalles sobre el alcance de las sanciones ni sobre acciones concretas para mejorar la calidad del producto que llega a la población.

El clamor en las plataformas digitales revela la profunda indignación de los cubanos, impulsada por la desconfianza generalizada hacia las autoridades y la percepción constante de corrupción.

La ciudadanía aguarda aún información oficial sobre el mayor caso de corrupción de los últimos tiempos, que terminó con la detención del exviceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.

Gil fue separado de su cargo y el gobierno solo dijo que se había abierto un expediente investigativo en la Fiscalía por "graves errores" durante su gestión.

Al momento de estallar este escándalo de corrupción, él dirigía procesos de alta responsabilidad en Cuba como la bancarización, el control de las remesas y el ordenamiento monetario. El régimen mantiene este caso en absoluto silencio.

Preguntas Frecuentes sobre la Corrupción y la Gestión Gubernamental en Las Tunas