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La exintendenta del municipio Puerto Padre, Maricela Alonso Ojeda, fue condenada a siete años de prisión como autora del delito de malversación, tras ser hallada culpable de apropiarse de bienes estatales destinados a la venta a la población.
Según una nota oficial del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas, reproducida por el oficialista Periódico 26, junto a ella también fue sancionado Mario Quirino Infante Sosa, considerado partícipe en los hechos, quien deberá cumplir seis años de privación de libertad.
Ambos fueron enjuiciados en la causa penal número 225 del año 2024, seguida por varios delitos relacionados con la corrupción administrativa, incluyendo tráfico de influencias y cohecho, aunque finalmente fueron condenados por malversación.
El tribunal detalló que Alonso Ojeda, en su condición de intendenta del municipio Puerto Padre, abusó de sus facultades administrativas para apropiarse de productos que debían ser distribuidos a la población a través de las cadenas de tiendas estatales, un hecho que suele ser bastante usual entre los dirigentes cubanos.
Según la sentencia, actuó en conjunto con Infante, quien se encargaba de buscar, trasladar y vender los productos malversados, beneficiándose ambos de manera ilícita.
“Aprovechó la distribución de varios productos que se expendían a la población, apropiándose de una parte de ellos para su beneficio personal conjuntamente con Mario”, señaló la nota de prensa emitida por el órgano judicial.
Los hechos fueron calificados por el tribunal como constitutivos del delito de malversación, previsto y sancionado en el artículo 297.1 del Código Penal cubano.
La sala penal concluyó que Alonso debía ser considerada autora directa, debido a que tenía la disposición legal y administrativa sobre los bienes, mientras que Infante fue considerado partícipe, al facilitar la ejecución del delito mediante la logística de distribución y comercialización de los productos desviados.
Además de las penas de cárcel, el tribunal impuso a ambos acusados sanciones accesorias como la prohibición de ejercer cualquier profesión, cargo u oficio relacionado con la administración, el cuidado o la disponibilidad de recursos materiales y financieros.
También se les retiraron los derechos políticos como el sufragio activo y pasivo, se les inhabilitó para ocupar cargos de dirección en órganos del Estado, unidades económicas estatales y organizaciones políticas o de masas, y se les prohibió obtener pasaporte o salir del país hasta el cumplimiento íntegro de la sanción.
El juicio oral y público fue celebrado, según asegura el tribunal, en estricto cumplimiento del debido proceso y de las garantías legales y constitucionales de los acusados.
Sobre este caso de malversación, el portal de noticias Cubanos por el Mundo publicó en enero pasado que Alonso se encontraba detenida y enfrentaba varias acusaciones por hechos de corrupción.
Según esa fuente, junto a ella también estaban bajo investigación la primera secretaria del Partido Comunista en el municipio, Yanisleidys Fernández López, y la secretaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Juana Álvarez Fernández, quienes habrían sido señaladas por el administrador del Palacio de Pioneros, identificado como Mario, también implicado en los hechos.
Las acusaciones recogidas por el medio incluían el desvío de recursos estatales para el aprovisionamiento y posterior reventa en mipymes locales, falsificación de documentos para justificar dichas operaciones, robo y venta ilegal de combustible perteneciente al Estado, y abuso del cargo asignado por las autoridades del Gobierno cubano.
Además, se mencionaban al menos otras cinco causas en investigación que involucraban a varios cuadros políticos y administrativos del territorio.
De acuerdo con una fuente consultada por el citado portal, tanto Álvarez como Alonso provienen del sector educacional, donde ocuparon responsabilidades directivas durante años.
Álvarez fue directora de un politécnico y Alonso ejerció como directora municipal de Educación, antes de ser promovida a la intendencia.
El cubano Nehemías Escalona, en comentarios publicados por el medio, afirmó que “desde que estaba en Educación ya venía corrupta y por esta misma vía fue denunciada, pero el gobierno y el PCC la premiaron con el cargo de intendente”.
Este martes, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC) informó la destitución de Walter Simón Noris como primer secretario en Las Tunas, tras menos de un año en el cargo, sin precisar las causas.
En su lugar, se designó a un funcionario con experiencia en cargos de secretario del Partido Comunista a nivel municipal en Trinidad, Sancti Spíritus e Isla de la Juventud.
De acuerdo con una nota publicada por el PCC, la decisión fue tomada por el Comité Central y comunicada en un encuentro con dirigentes locales, donde se anunció que el sustituto de Simón Noris será Osbel Lorenzo Rodríguez, quien se desempeñaba como Primer Secretario del Comité Municipal de la Isla de la Juventud.
La corrupción en Cuba continúa evidenciándose en múltiples niveles del aparato estatal. Recientemente, la cadena CIMEX reconoció sanciones a empleados de una tienda en La Habana, tras detectarse prácticas irregulares en la venta de productos escasos como el hígado de pollo y cigarros.
Los implicados favorecían a trabajadores y clientes seleccionados, violando los procedimientos establecidos en un contexto de profunda escasez y malestar social.
En febrero pasado, se hizo pública la denuncia de un conductor de camión que aseguró haber sido víctima de extorsión policial en Villa Clara. El transportista relató cómo los agentes le exigieron sobornos y amenazaron con decomisar su carga si no accedía.
El caso fue documentado por medios independientes y provocó fuerte indignación ciudadana, ya que revela la impunidad con la que operan las fuerzas del orden en diversas provincias.
Además, días atrás, salió a la luz una trama de corrupción dentro de la Empresa de Gas Licuado de La Habana. La investigación reveló un esquema liderado por directivos que desviaban sistemáticamente recursos como balitas de gas y productos alimenticios para su venta ilegal.
Se mencionaron sobornos, manipulación de inventarios y complicidad con figuras de CUPET, en lo que se considera uno de los escándalos más graves del sector energético estatal en los últimos meses.
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