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Angela Liriano, una cubana de 93 años, residente en el sur de Florida, rompió el silencio tras convertirse en una de las víctimas de un esquema de fraude masivo que dejó sin Food Stamps a cerca de 200 personas.
Su historia, marcada por la sorpresa y la impotencia, expone el impacto directo de este delito en quienes dependen del programa SNAP para subsistir día a día.
“El dinero uno lo necesita porque si no, fígurate, hay que comprar muchas cosas”, dijo en declaraciones a la prensa local, Angela Liriano, visiblemente afectada tras descubrir que su tarjeta de beneficios SNAP había sido vaciada sin su conocimiento.
Liriano relató que se percató del fraude en el momento más angustiante: cuando intentó pagar sus compras en el supermercado.
“Vi que estaba vacía la tarjeta… me di cuenta”, recordó.
A su edad, nunca imaginó que alguien pudiera estar utilizando sus beneficios sin permiso.
Liriano aún recuerda la angustia vivida y lanzó una advertencia a otros beneficiarios: “Reportarlo enseguida para que tomen medidas sobre eso”.“Todo en la vida se sabe… tanto tiempo en eso y ahora fue cuando la cogieron presa”, añadió.
El caso ha puesto rostro a un delito que, según las autoridades, fue ejecutado durante meses por Tamica Brown, una mujer de 43 años arrestada el pasado 7 de abril en el condado Broward.
La acusada enfrenta cargos por uso delictivo de información de identificación personal y tráfico de tarjetas falsificadas, tras una investigación que se extendió por al menos ocho meses.
De acuerdo con el Buró del Sheriff de Broward, el esquema comenzó a salir a la luz en julio de 2025, cuando una víctima denunció el uso fraudulento de su tarjeta EBT en un Walmart de Cooper City.
A partir de ese momento, los detectives descubrieron una operación organizada que implicaba el robo de números de tarjetas, PIN y balances de cuentas pertenecientes a beneficiarios del programa SNAP.
“Según los investigadores, Tamica Brown logró robar los números de las tarjetas y tuvo acceso al balance de las cuentas de estas personas que reciben beneficios nutricionales del gobierno”, explicó la portavoz Claudinne Caro.
Con esa información, la acusada realizaba compras no autorizadas, principalmente de productos de alta demanda como bebidas energéticas y deportivas, que posteriormente revendía en tiendas de conveniencia para convertir los beneficios en efectivo.
Las autoridades también señalaron que al menos dos cómplices habrían participado en la obtención y transmisión de los datos robados, y que estos individuos permanecen prófugos.
Pero más allá del entramado delictivo, las consecuencias han sido devastadoras para las víctimas.
Como Liriano, decenas de personas descubrieron el fraude de la peor forma posible: frente a la caja registradora, al intentar pagar alimentos y encontrar sus cuentas completamente vacías.
Entre los afectados hay también madres solteras y adultos mayores, sectores especialmente vulnerables que dependen casi exclusivamente de esta ayuda.
Las pérdidas totales superan los 120,000 dólares, aunque algunos reportes elevan la cifra hasta los 300,000.
Hasta el momento, se han identificado más de 30 víctimas de manera formal, pero las autoridades estiman que el número total podría acercarse a 200.
El impacto no fue solo económico. Para muchas de estas personas, recuperar los beneficios implicó semanas de trámites, llamadas y espera, en un proceso que dejó al descubierto las limitaciones del sistema para responder con rapidez ante este tipo de fraudes.
Tamica Brown permanece detenida con una fianza de 300,000 dólares mientras continúa el proceso judicial.
Las autoridades esperan que el caso sirva como advertencia sobre un tipo de fraude que, a nivel nacional, ha alcanzado dimensiones preocupantes: el gobierno federal ha tenido que reemplazar cientos de millones de dólares en beneficios SNAP robados en los últimos años.
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