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El Departamento de Justicia de la administración Trump anunció este viernes la reintroducción del pelotón de fusilamiento como método de ejecución federal, junto con la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante el primer mandato del presidente.
El anuncio forma parte de una estrategia más amplia para acelerar y endurecer la aplicación de la pena capital en el ámbito federal, que incluye agilizar los procesos internos para reducir el tiempo que transcurre entre la condena y la ejecución.
«Entre las medidas adoptadas se encuentran la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la primera Administración Trump, la ampliación del protocolo para incluir métodos adicionales de ejecución como el pelotón de fusilamiento y la agilización de los procesos internos para acelerar los casos de pena de muerte», señala el comunicado oficial del Departamento de Justicia.
El fiscal general interino, Todd Blanche, fue el portavoz del anuncio y criticó con dureza a la administración anterior.
«La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y aplicar la pena máxima contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de agentes del orden», señaló.
«Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a solidarizarse con las víctimas», añadió Blanche.
Desde el inicio del segundo mandato de Trump, el Departamento de Justicia ha solicitado la pena de muerte para 44 imputados, y Blanche ha autorizado la ejecución en nueve de esos casos, entre ellos tres miembros de la pandilla Mara Salvatrucha acusados de asesinar a testigos federales.
El trasfondo inmediato de esta decisión es el indulto masivo que el expresidente Joe Biden concedió en diciembre de 2024, cuando conmutó las sentencias de 37 de los 40 presos del corredor de la muerte federal, convirtiendo sus condenas en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Quedaron excluidos del indulto tres hombres condenados por crímenes de especial gravedad: Robert Bowers, de 52 años, autor de la masacre en una sinagoga de Pittsburgh en 2018 que dejó 11 muertos; Dylann Roof, de 30 años, supremacista blanco que acabó con la vida de nueve personas en una iglesia afroamericana en Charleston; y Dzhokhar Tsarnaev, de 31 años, uno de los autores del atentado en el Maratón de Boston en 2013, que causó tres muertos e hirió a más de una docena de personas.
En su primer mandato, Trump ya había reanudado las ejecuciones federales tras una pausa de casi veinte años: entre 2020 y 2021, el gobierno federal ejecutó a 13 personas en la penitenciaría de Terre Haute, Indiana.
El pelotón de fusilamiento ha experimentado un resurgir en los últimos años a nivel estatal, impulsado en parte por la escasez de fármacos para la inyección letal: las empresas farmacéuticas se niegan a venderlos por razones de imagen corporativa, y la Unión Europea prohibió su exportación a Estados Unidos en 2011.
Cinco estados permiten actualmente este método: Idaho, Utah, Carolina del Sur, Oklahoma y Mississippi. En marzo de 2025, Carolina del Sur ejecutó por fusilamiento a Brad Sigmon, condenado por doble crimen, en la primera ejecución de este tipo en el país en 15 años.
A nivel nacional, las ejecuciones estatales alcanzaron en 2025 su nivel más alto en una década, con 11 estados aplicando la pena capital frente a nueve en 2024 y cinco en 2023, y Florida como líder absoluto con 16 ejecuciones en ese año.
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