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Ucrania ha marcado una posición clara sobre el controvertido tema de los combatientes extranjeros en la guerra: no los considera mercenarios.
Según declaraciones difundidas por el proyecto oficial ucraniano Quiero Vivir (Хочу Жить), todos los extranjeros capturados mientras servían en el ejército ruso son tratados como prisioneros de guerra, en cumplimiento de las Convenciones de Ginebra.
“A diferencia de Rusia, Ucrania observa las Convenciones de Ginebra”, señaló el comunicado. “A pesar de ser extranjeros, desde que eran militares del ejército regular ruso, todos ellos están en Ucrania como prisioneros de guerra y no se les hace responsables como mercenarios”.
La afirmación cobra especial relevancia en el caso de los cubanos, cuya presencia en el conflicto ha sido ampliamente documentada y, en muchos casos, etiquetada como “mercenarios”.
Sin embargo, la postura ucraniana introduce un matiz clave: más allá del origen o las condiciones de reclutamiento, estos combatientes son considerados parte de las fuerzas regulares rusas una vez que firman contratos militares con las instituciones armadas del Estado ruso.
El texto también acusa a Rusia de utilizar el tema con fines propagandísticos, exagerando o inventando la presencia de supuestos mercenarios extranjeros en Ucrania. A su vez, denuncia que Moscú ha desarrollado un sistema sistemático de reclutamiento internacional, dirigido especialmente a regiones pobres del llamado Sur global.
Según datos citados, el número de extranjeros reclutados por Rusia ha crecido de forma sostenida: de decenas en 2022 a casi 14.000 en 2025, con un plan de alcanzar 18.500 en 2026. Entre ellos figuran ciudadanos de decenas de países, incluidos cubanos, atraídos por promesas de altos salarios o ciudadanía.
En el terreno, esta política ya tiene consecuencias visibles. Desde finales de 2023, Ucrania ha capturado combatientes extranjeros de forma regular, con presencia constante de ciudadanos de terceros países entre los prisioneros.
Otro elemento que destaca Ucrania es la falta de interés de Rusia por estos combatientes una vez capturados. Según el comunicado, Moscú muestra reticencia incluso a negociar el intercambio de sus propios ciudadanos, y mucho más de extranjeros, que quedan en una especie de limbo sin representación ni respaldo político.
El reconocimiento ucraniano de estos combatientes como prisioneros de guerra abre, además, una vía potencial que hasta ahora ha estado ausente en el caso cubano: la posibilidad de ser incluidos en intercambios de prisioneros.
En teoría, Rusia podría negociar su repatriación, como hace con sus propios soldados. Sin embargo, este escenario depende en gran medida de que el régimen cubano reconozca oficialmente la presencia de sus ciudadanos en el conflicto y decida interceder por ellos, algo que hasta ahora ha evitado.
La negativa de La Habana a ofrecer transparencia o asumir un rol activo deja a estos cubanos en una situación especialmente vulnerable, sin respaldo diplomático claro y con escasas opciones de retorno.
Para Cuba, donde el régimen ha insistido en calificar estos casos como trata de personas sin ofrecer transparencia sobre los implicados, la declaración ucraniana añade presión al debate.
Más que una cuestión semántica, la diferencia entre “mercenario” y “prisionero de guerra” tiene implicaciones legales y humanas para decenas de cubanos atrapados en un conflicto que no es el suyo.
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