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Durante años, el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea y Cuba fue presentado como una apuesta estratégica por el cambio gradual.
Sin embargo, lo que hoy aparece como un proceso de revisión en Bruselas es, en realidad, el resultado de una presión sostenida —y creciente— de la sociedad civil cubana independiente, que ha pasado de cuestionar el acuerdo a exigir abiertamente su suspensión o sustitución.
Esta evolución no ha sido lineal ni homogénea. Pero sí revela una tendencia clara: a medida que se acumulaban evidencias de que el ADPC no generaba avances reales en derechos humanos, el tono de las demandas se endurecía.
Del optimismo europeo al escepticismo cívico
El punto de partida es 2016. Ese año, la Unión Europea firmó el ADPC con Cuba, cerrando un ciclo de dos décadas marcado por la Posición Común, que condicionaba la cooperación a avances democráticos.
El nuevo acuerdo apostaba por el “compromiso crítico”: dialogar con el régimen para fomentar cambios desde dentro.
Por supuesto, La Habana celebró el acuerdo, pero consideró "innecesaria e injerencista" la resolución adjunta del Parlamento Europeo que incluía una cláusula de derechos humanos.
Para amplios sectores de la sociedad civil cubana, sin embargo, ese giro significó la pérdida de uno de los pocos instrumentos de presión internacional sobre el régimen.
Desde el inicio, denunciaron que el diseño del acuerdo permitía al Estado cubano controlar quién participaba como “sociedad civil”, excluyendo de facto a organizaciones independientes.
Estas preocupaciones no tardaron en traducirse en acciones. En 2020, activistas y plataformas opositoras intentaron influir en el proceso de ratificación, especialmente en países como Lituania, buscando frenar o suspender el acuerdo antes de su consolidación definitiva.
Era el primer indicio de una estrategia que iría ganando fuerza con el tiempo.
2023: el puente hacia la exigencia
El año 2023 marcó un punto de inflexión. La carta enviada por la plataforma 'Cuba dice NO a la Dictadura' al Parlamento Europeo introdujo un cambio importante: sin pedir aún la suspensión del ADPC, planteaba la necesidad de condicionar la relación con La Habana a resultados concretos.
Liberación de presos políticos, sanciones a responsables de violaciones de derechos humanos y avances verificables en apertura política pasaron a ser demandas explícitas. Se trataba de un paso intermedio clave: del rechazo implícito al cuestionamiento estructural.
Este cambio no ocurrió en el vacío. Llegaba tras el impacto de las protestas del 11 de julio de 2021 y la posterior ola represiva, que dejó en evidencia los límites del enfoque europeo.
Para muchos activistas, el ADPC no solo había fallado en mejorar la situación, sino que coexistía con su deterioro.
2024: el acuerdo como fracaso
En 2024, la demanda dio un salto cualitativo. Organizaciones como el Consejo para la Transición Democrática en Cuba comenzaron a pedir abiertamente la activación de la cláusula de suspensión del acuerdo.
El argumento central era contundente: el ADPC había fracasado en su objetivo principal. Lejos de promover reformas, había sido utilizado por el régimen para ganar legitimidad internacional y acceso a recursos, sin asumir compromisos reales.
Este diagnóstico reflejaba una conclusión cada vez más extendida entre activistas: el problema no era solo la implementación del acuerdo, sino su propia lógica.
2025: de revisar a sustituir
El año 2025 consolidó esa evolución. Primero, con propuestas de revisión profunda: inclusión de la sociedad civil independiente en los diálogos oficiales, mecanismos de trazabilidad de fondos y cambios en los criterios de cooperación.
Pero pocos meses después, una coalición más amplia de organizaciones fue más allá. Ya no se trataba de corregir el ADPC, sino de sustituirlo por un nuevo marco basado en condicionalidad democrática verificable.
Este desplazamiento fue clave. Indicaba que, para una parte significativa de la sociedad civil cubana, el acuerdo había dejado de ser reformable.
Los argumentos de fondo
Más allá de las diferencias tácticas, los documentos analizados coinciden en cuatro críticas fundamentales.
Primero, la exclusión sistemática de la sociedad civil independiente. El diseño del ADPC permite al régimen decidir quién participa, lo que convierte el diálogo en un espacio controlado.
Segundo, la falta de transparencia en el uso de fondos europeos. La ausencia de mecanismos públicos de trazabilidad alimenta la sospecha de que estos recursos pueden beneficiar estructuras estatales.
Tercero, la legitimación política. Mantener un acuerdo de cooperación sin consecuencias ante violaciones de derechos humanos proyecta una imagen de normalidad que el régimen utiliza a su favor.
Y cuarto, el balance empírico: tras casi una década, la situación en Cuba no ha mejorado. Al contrario, la represión, la crisis económica y el éxodo masivo han empeorado.
A este ecosistema de presión debe sumarse la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), que desde al menos 2023 ha desarrollado una labor sostenida de incidencia política ante instituciones europeas.
A diferencia de otras organizaciones centradas en la arquitectura del acuerdo, la ARC ha enmarcado su crítica en términos más amplios, combinando denuncias sobre represión interna, uso opaco de fondos europeos y el alineamiento estratégico del régimen cubano con Rusia.
Su actividad fue especialmente visible en septiembre de 2024, cuando una delegación compareció ante el Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo y mantuvo reuniones con dirigentes clave.
Esa línea se consolidó en 2025 con nuevas rondas de contactos en Bruselas y volvió a aflorar en enero de 2026 en una conferencia del grupo ECR dedicada al papel de Cuba en la guerra de Ucrania, donde participó Orlando Gutiérrez Boronat.
En ese espacio, la continuidad del ADPC fue cuestionada ya no solo desde el prisma de los derechos humanos, sino también como un problema de coherencia estratégica para la seguridad europea.
El choque con la política europea
La presión de la sociedad civil ha tenido impacto, pero desigual. El Parlamento Europeo ha sido el principal receptor de estas demandas, adoptando resoluciones que cuestionan abiertamente el acuerdo e incluso sugieren su suspensión.
Sin embargo, este giro no se ha traducido en cambios en la política ejecutiva. La Comisión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior y el Consejo han mantenido el ADPC como marco central de relación con Cuba, defendiendo el enfoque de “compromiso crítico”.
Esta brecha institucional explica en parte la frustración de los activistas. Mientras el discurso político evoluciona, la práctica diplomática permanece prácticamente intacta.
Ese eco parlamentario no se explica solo por la presión de plataformas organizadas. También ha estado alimentado por la acción sostenida de figuras clave de la oposición cubana.
Junto a las plataformas de la sociedad civil, varias figuras clave de la oposición cubana han contribuido de forma decisiva a trasladar este debate a Bruselas.
Rosa María Payá, líder de Cuba Decide, ha sido probablemente la voz más constante en reclamar la suspensión del ADPC.
Desde 2020, ha pedido activar su cláusula democrática y condicionar cualquier relación con La Habana a avances verificables en derechos humanos, una posición que ha reiterado en foros institucionales del Parlamento Europeo hasta 2025.
En paralelo, figuras como Guillermo “Coco” Fariñas y Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, denunciaron desde etapas tempranas que el acuerdo legitimaba al régimen y excluía a la sociedad civil independiente.
Ambos llevaron estas críticas directamente a instituciones europeas, e incluso acusaron al propio Servicio Europeo de Acción Exterior de incumplir el espíritu del ADPC al marginar a los actores independientes.
Aunque crítico en muchas de sus declaraciones, el caso del premio Sajarov José Daniel Ferrer ha seguido una lógica distinta, pero igualmente influyente.
Más que como promotor de campañas específicas contra el acuerdo, su figura ha sido utilizada de forma recurrente por el Parlamento Europeo como evidencia de que Cuba incumple las cláusulas democráticas del ADPC.
Su encarcelamiento y persecución han servido para reforzar, resolución tras resolución, el argumento de que el acuerdo no está produciendo los resultados previstos.
En conjunto, estos actores han contribuido a sostener una presión constante sobre las instituciones europeas, especialmente en el Parlamento, donde sus denuncias han encontrado mayor eco que en el aparato ejecutivo comunitario.
Una nueva fase: geopolítica y presión
En los últimos años, el contexto ha cambiado. La guerra en Ucrania y la participación de ciudadanos cubanos en el conflicto han añadido una dimensión geopolítica al debate.
La aprobación de la Enmienda 82 en el Parlamento Europeo, que identifica a Cuba como una dictadura alineada con Rusia, marca un punto de inflexión en la narrativa europea.
En este escenario, el inicio de un proceso de revisión del ADPC, aunque aún no público, sugiere que la presión acumulada empieza a tener efectos más concretos.
Una década que redefine el debate
A abril de 2026, el balance es claro. La sociedad civil cubana no ha logrado aún la suspensión del acuerdo, pero sí ha conseguido algo significativo: cambiar los términos del debate en Europa.
Lo que comenzó como una crítica aislada se ha convertido en una discusión estructural sobre la coherencia de la política exterior europea hacia Cuba.
La cuestión ya no es solo si el ADPC funciona, sino si es compatible con los principios que la propia Unión Europea dice defender. Y esa es, precisamente, la pregunta que hoy empieza a abrirse paso en Bruselas.
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