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El régimen cubano publicó este miércoles en la Gaceta Oficial No. 37 la Resolución 86/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, que convierte a cuentapropistas, MIPYMES, cooperativas no agropecuarias y proyectos de desarrollo local en agentes de vigilancia financiera del Estado, obligándolos a verificar si sus clientes aparecen en listas de terrorismo y a reportarlos en secreto a las autoridades.
La norma, firmada el 8 de abril por el ministro Vladimir Regueiro Ale, declara «sujetos obligados» a todos los actores económicos no estatales que ejerzan la actividad de teneduría de libros, es decir, los que llevan contabilidad para negocios privados.
El artículo cuatro de la resolución establece que estos sujetos «son responsables de no prestar servicios a clientes que estén en listas internacionales o en la Lista Nacional de personas y entidades vinculadas a acciones terroristas».
Cuando detecten una coincidencia, deben emitir «sin demora» un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras (DGIOF) del Banco Central de Cuba, sin informar al cliente investigado bajo ninguna circunstancia.
La obligación de confidencialidad es absoluta: los privados «no pueden revelar la información contenida en el ROS, salvo solicitud de autoridad competente», según el artículo 14.
Además, deben conservar todos los datos relevantes de sus clientes durante cinco años tras concluir la relación contractual y cooperar obligatoriamente con las autoridades cuando estas lo requieran.
El incumplimiento de estas obligaciones puede escalar hasta la Fiscalía General de la República, el Ministerio del Interior y la Contraloría General de la República, según el artículo 16 de la resolución.
La medida amplía de forma significativa el control estatal sobre el sector privado cubano en medio de la crisis, que cuenta con más de 11,000 MIPYMES registradas, genera el 31.2% del empleo y aporta el 23% de los ingresos fiscales.
La norma llega tras una escalada regulatoria sin precedentes: la Resolución 56/2024 canceló licencias de comercio mayorista a TCP, MIPYMES y cooperativas; el Decreto-Ley 91/2024 impuso multas de hasta 72,000 pesos por infracciones; y en 2026 se añadieron la facturación electrónica obligatoria y restricciones al uso de divisas en el comercio.
El elemento más revelador de la norma es la lista que los privados deben consultar obligatoriamente antes de prestar cualquier servicio: la Lista Nacional de Terroristas del régimen cubano, actualizada en julio de 2025 mediante la Resolución 13/2025 del Ministerio del Interior, incluye 62 individuos y 20 entidades, en su mayoría exiliados cubanos en Florida.
Entre los incluidos figuran el comunicador Alex Otaola, el activista Eliecer Ávila, el Paparazzi Cubano y organizaciones como Alpha-66 y la Fundación Nacional Cubano Americana, personalidades de Miami que el régimen cataloga como terroristas desde que publicó la primera versión de esa lista en diciembre de 2023.
El gobierno justifica la medida como parte del Objetivo No. 8 de su Programa Económico Social —«avanzar en la implementación de las directivas generales dirigidas a la prevención y reducción del delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales»— y como respuesta a compromisos con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo que detectó que el sector no estatal cubano no estaba integrado al sistema de reporte de operaciones sospechosas.
En la práctica, la Resolución 86/2026 no solo impone una carga burocrática adicional a emprendedores que ya operan en condiciones de crisis extrema: los convierte en extensión del aparato de control estatal, obligándolos a vigilar a sus propios clientes y a denunciarlos en secreto ante las mismas autoridades que los persiguen.
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