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El régimen cubano publicó este miércoles en la Gaceta Oficial la Resolución 86 del Ministerio de Finanzas y Precios, una norma que convierte a cuentapropistas, MIPYMES, Cooperativas No Agropecuarias y proyectos de Desarrollo Local en agentes de vigilancia financiera obligados a reportar a las autoridades cualquier operación que consideren sospechosa.
La resolución, firmada el 8 de abril y publicada en la Gaceta Oficial No. 37, establece el «Procedimiento para la atención, supervisión y control de la actividad de Teneduría de Libros» para todos los actores no estatales que ejerzan esa función, a quienes declara «sujetos obligados» en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
En la práctica, la norma traslada funciones de vigilancia financiera del Estado al sector privado, ampliando el control sobre una economía no estatal que ya venía siendo objeto de una escalada regulatoria sin precedentes.
Entre las obligaciones centrales figura la emisión del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): cuando un tenedor de libros detecte o perciba que una operación de su cliente podría estar vinculada a actividades ilícitas, debe reportarlo a las autoridades sin informar al cliente investigado, bajo obligación de confidencialidad absoluta.
Además, los sujetos obligados deben verificar listas internacionales y la Lista Nacional de personas vinculadas al terrorismo antes de prestar cualquier servicio, conservar datos e información relevante durante cinco años tras concluir la relación contractual, y cooperar obligatoriamente con las autoridades cuando estas lo requieran.
El Ministerio de Finanzas y Precios, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y estructuras locales quedan facultados para supervisar, inspeccionar y aplicar medidas correctivas, con posibilidad de escalar casos a la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Contraloría.
La norma llega en un contexto de presión regulatoria creciente sobre el sector privado cubano. La Resolución 56/2024 canceló las licencias de comercio mayorista a TCP, MIPYMES y cooperativas, y el Decreto-Ley 91/2024 endureció sanciones con multas de hasta 72,000 pesos.
A eso se suma la facturación electrónica obligatoria para privados en 2026 y las restricciones al uso de divisas en el comercio.
El régimen justifica la medida como parte del Objetivo No. 8 de su Programa Económico Social, que busca «avanzar en la implementación de las directivas generales dirigidas a la prevención y reducción del delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales».
El gobierno también alega que la norma responde a compromisos con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), del que Cuba es miembro y ante el que se prepara para una nueva ronda de evaluaciones. Un informe de ese organismo detectó que el sector no estatal no estaba integrado al sistema de reporte de operaciones sospechosas.
Sin embargo, la medida incrementa la carga burocrática y legal sobre emprendedores que operan en medio de una crisis económica profunda, e introduce riesgos reales de sanciones, suspensión de actividad e investigación penal para quienes no cumplan con sus nuevas obligaciones de vigilancia.
El sector privado cubano, con más de 11,000 MIPYMES registradas que generan el 31,2% del empleo y aportan el 23% de los ingresos fiscales, queda así convertido, en buena medida, en una extensión del sistema de control estatal.
Preguntas frecuentes sobre la nueva resolución de control financiero en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué establece la Resolución 86 del Ministerio de Finanzas y Precios en Cuba?
La Resolución 86 convierte a cuentapropistas, MIPYMES, cooperativas y proyectos de desarrollo local en agentes de vigilancia financiera. Estos actores deben reportar cualquier operación sospechosa de estar vinculada a actividades ilícitas, como el lavado de activos o el financiamiento al terrorismo. Además, deben verificar listas internacionales y nacionales de personas vinculadas al terrorismo antes de prestar cualquier servicio.
¿Cómo afecta la nueva regulación al sector privado cubano?
La nueva regulación incrementa la carga burocrática y legal sobre emprendedores en Cuba, quienes ya enfrentan una crisis económica profunda. Introduce riesgos de sanciones, suspensión de actividad e investigación penal para aquellos que no cumplan con las obligaciones de vigilancia impuestas. Esto podría limitar aún más la operatividad del sector privado en el país.
¿Por qué el gobierno cubano implementa esta medida?
El gobierno cubano justifica la medida como parte de su programa para prevenir y reducir el delito, la corrupción y las ilegalidades, en línea con compromisos asumidos ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Cuba busca integrarse plenamente al sistema de reporte de operaciones sospechosas para cumplir con estándares internacionales.
¿Qué consecuencias podría tener esta medida para las MIPYMES en Cuba?
Las MIPYMES podrían enfrentar un aumento en la supervisión estatal y mayores riesgos legales, lo que podría afectar su funcionamiento y capacidad de crecimiento. La medida puede ser vista como un intento de aumentar el control estatal sobre el sector privado, limitando su autonomía y potencial económico.
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