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En medio de una jornada caótica y cargada de tensiones políticas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles dos medidas clave: una extensión de tres años del programa de vigilancia exterior conocido como Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) y una resolución presupuestaria que abre la puerta a financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza.
Ambas decisiones trazan un posible camino para poner fin al cierre récord del Departamento de Seguridad Nacional.
Fue uno de los días legislativos más desordenados de la historia reciente del Congreso, según reveló la prensa estadounidense.
La sesión estuvo marcada por rebeliones internas que paralizaron el hemiciclo durante horas, mientras el presidente de la Cámara, Mike Johnson, negociaba a contrarreloj y a la vista de todos con un grupo de conservadores disidentes.
La votación sobre la Sección 702 de FISA terminó con un resultado de 235-191, reflejo de una inusual coalición bipartidista: 22 republicanos votaron en contra y 42 demócratas a favor.
El programa, que permite a agencias como la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) recopilar comunicaciones de extranjeros sin una orden judicial individual, estaba a punto de expirar este jueves.
No obstante, la versión aprobada por la Cámara incorpora un elemento polémico: una prohibición permanente a la Reserva Federal de emitir una moneda digital, una exigencia del Caucus de la Libertad.
Esta adición complica su futuro en el Senado. El líder de la mayoría, John Thune, ya advirtió que el proyecto está «muerto al llegar» a esa cámara y trabaja en una prórroga alternativa de 45 días para evitar que el programa expire mientras se negocia una solución más amplia.
Desde el pleno, el representante Jim Himes, de Connecticut y principal demócrata en el Comité de Inteligencia, defendió la renovación con firmeza.
«Si viéramos el más mínimo indicio de que estas facultades se están abusando, no estaría aquí hoy para apoyar este proyecto», dijo.
Himes también rechazó de plano las críticas que califican el programa de inconstitucional: «La Sección 702 no es una red de arrastre. No es una facultad que pueda usarse para vigilar a los estadounidenses».
En paralelo, la Cámara aprobó por 215-211, en estricta línea partidista, la resolución presupuestaria que el Senado había avalado el martes por 50-48.
La medida autoriza cerca de 70,000 millones de dólares para financiar al ICE y a la Patrulla Fronteriza durante los próximos tres años mediante el proceso de reconciliación presupuestaria, que permite a los republicanos avanzar en el Senado con solo 51 votos, sin necesidad de respaldo demócrata.
Este paso legislativo es el primer avance concreto para intentar poner fin al cierre del DHS, que ya suma 74 días desde el 14 de febrero, el más prolongado en la historia del país.
Más de 270,000 empleados han resultado afectados, de los cuales 258,000 continúan trabajando sin salario por ser considerados esenciales.
Los demócratas habían condicionado su apoyo a cambios en las políticas migratorias de la administración Trump, incluyendo el uso de cámaras corporales y limitaciones a operativos en lugares sensibles como escuelas y hospitales.
Sin embargo, mediante la reconciliación, los republicanos logran esquivar esas exigencias.
Antes de alcanzar estas votaciones, Johnson tuvo que sortear una rebelión procedimental significativa.
Un grupo de conservadores de línea dura -entre ellos Andy Biggs, Tim Burchett y Harriet Hageman- bloqueó durante más de dos horas una votación clave.
Tras intensas negociaciones en el propio hemiciclo, la regla terminó aprobándose por 216-210.
«Se trata de algunos de los asuntos de política pública más complejos con los que lidia el Congreso, y todos están comprimidos por los plazos que tenemos encima», declaró Johnson al salir de la sesión.
El demócrata Jim McGovern, de Massachusetts, resumió el ambiente del día con una frase tajante ante la prensa: «Un maldito desastre».
Aunque no se espera una solución inmediata -la Cámara entrará en receso durante una semana- Johnson aún podría someter a votación antes de partir un proyecto separado ya aprobado por el Senado para financiar al ICE y la Patrulla Fronteriza.
Ese plan cubriría además a agencias como FEMA, la Guardia Costera y la TSA.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ya había advertido que los fondos de emergencia del departamento podrían agotarse en la primera semana de mayo, mientras que Trump fijó el 1 de junio como fecha límite para que los republicanos le envíen el proyecto de reconciliación completo.
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