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La Cancillería de Panamá sostuvo el pasado miércoles una reunión de actualización con los familiares de los siete ciudadanos panameños que permanecen detenidos en Cuba, con el objetivo de coordinar las gestiones diplomáticas necesarias para su retorno al país.
Durante el encuentro, el canciller Javier Martínez-Acha conversó con Evelyn Castro, una de las tres panameñas liberadas el 25 de abril, cuyo testimonio es considerado clave para las autoridades panameñas en su labor de mediación y asistencia consular ante el régimen cubano.
Castro agradeció públicamente al canciller y al equipo consular por las gestiones que permitieron su excarcelación, junto a otras dos compatriotas: Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Sthefany Gudiño.
Las tres mujeres fueron liberadas mediante las figuras jurídicas de «colaborador eficaz» y «criterio de oportunidad», y regresaron a Panamá vía el Aeropuerto Internacional de Tocumen ese mismo día.
Martínez-Acha calificó aquella liberación como «un gesto de amistad» del gobierno cubano, aunque Panamá mantiene las negociaciones para liberar a los siete ciudadanos que aún permanecen recluidos en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado cubana y conocido centro de detención de presos políticos.
Los siete panameños que continúan detenidos son Víctor Manuel Pinzón Cedeño, Anthony Williams Jules Pérez, Omar Gilberto Urriola Vergara, Maykol Jesús Pérez Almendra, Adalberto Antonio Navarro Asprilla, Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena y José Luis Aguirre Baruco.
El caso se originó el 28 de febrero de 2026, cuando diez ciudadanos panameños fueron arrestados en La Habana, en los barrios de Boyeros y Jaimanitas, acusados por el Ministerio del Interior cubano de confeccionar y colocar carteles antigubernamentales firmados por el CDPC (Camino a la Democracia Pacífica de Cuba).
Entre los mensajes de los carteles figuraban frases como «Abajo la tiranía» y «Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer».
Los detenidos enfrentan cargos bajo el artículo 124 del Código Penal cubano, que tipifica la propaganda contra el orden constitucional con penas de hasta ocho años de prisión.
El opositor cubano José Daniel Ferrer, de la UNPACU, ofreció una versión alternativa al señalar que los panameños también distribuían ayuda humanitaria —alimentos y medicamentos— a presos políticos en Matanzas.
Desde el inicio del caso, el presidente panameño José Raúl Mulino instruyó una estrategia de negociación discreta combinada con asistencia consular permanente.
El embajador Edwin Pitty se reunió con los diez detenidos en Villa Marista en marzo, y el propio canciller Martínez-Acha viajó a Cuba el 25 de marzo, donde se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, y visitó a los detenidos confirmando que recibían trato humanitario.
La liberación gradual de las tres mujeres sugiere que el régimen cubano está dispuesto a negociar de forma escalonada, aunque los siete hombres restantes enfrentan un proceso judicial que Panamá sigue gestionando con discreción ante La Habana.
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