El régimen cubano endureció este martes el control sobre los movimientos migratorios con la entrada en vigor de su nueva Ley de Migración, un marco legal que amplía de forma significativa las facultades del Estado para limitar tanto la salida como la entrada al país bajo argumentos de seguridad nacional, orden público e interés estatal.
La normativa fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 60 y forma parte del paquete de leyes de Migración, Extranjería y Ciudadanía aprobado por la Asamblea Nacional en julio de 2024.
Entre los elementos más relevantes del nuevo cuerpo legal destaca la ampliación de las causas por las cuales las autoridades pueden impedir la salida del país a ciudadanos cubanos.
La ley establece diez causales para negar ese derecho: estar sujeto a proceso penal, tener pendiente una sanción, estar bajo el Servicio Militar Obligatorio, razones de Seguridad y Defensa Nacional, obligaciones económicas con el Estado, y la necesidad de preservar fuerza laboral calificada o información oficial sensible, entre otras.
Este último criterio resulta especialmente preocupante, ya que deja en manos de las autoridades la decisión de impedir la salida de profesionales considerados estratégicos sin necesidad de una causa penal directa.
En paralelo, la normativa amplía las facultades para regular la entrada al territorio nacional, con nuevas causales de inadmisión que van desde antecedentes por terrorismo, narcotráfico o trata de personas hasta razones más amplias vinculadas al orden público o acciones consideradas hostiles contra el sistema político.
La ley contempla además la posibilidad de limitar la entrada al país incluso a ciudadanos cubanos en situaciones excepcionales definidas por las propias autoridades, lo que introduce un elemento adicional de control sobre el retorno a la Isla.
En otras palabras: el régimen tiene desde este martes un cuerpo legal que justifica permitir o impedir, la salida y entrada a Cuba, inlcuso, a sus propios ciudadanos.
El nuevo marco legal consolida también el poder discrecional de las autoridades migratorias para autorizar, denegar o cancelar la permanencia en el territorio nacional, así como aplicar medidas como deportación, expulsión o prohibiciones de reingreso en función de criterios administrativos.
Estas restricciones contrastan con algunos cambios presentados por el gobierno como señales de apertura, como la eliminación del límite de 24 meses de estancia en el exterior —vigente desde la reforma de 2013 bajo Raúl Castro— y la introducción de la figura de residencia efectiva migratoria, que reconoce como residentes a quienes permanezcan más de 180 días al año en Cuba o demuestren vínculos familiares, laborales o económicos.
En materia de ciudadanía, la ley incorpora el concepto de ciudadanía efectiva, que permite a los cubanos poseer otra nacionalidad sin perder la cubana, aunque mantiene la obligación de utilizar el pasaporte cubano dentro del territorio nacional, lo que limita en la práctica el reconocimiento pleno de la doble ciudadanía.
La Gaceta Oficial incluye además el Decreto-Ley 117/2026, que crea una condición migratoria especial para emigrados inversores interesados en participar en la economía nacional, con un costo de trámite de 3,500 pesos cubanos y un plazo de resolución de 30 días hábiles.
Sin embargo, esa apertura ha sido recibida con marcada desconfianza por la diáspora, dado el historial de incumplimientos del régimen.
La abogada Laritza Diversent, de Cubalex, advirtió que el régimen ha usado el derecho penal para «confiscar propiedades valiosas»: se invita a invertir, luego se encarcela a empresarios y se expropia sus negocios.
La demora de casi dos años en publicar las leyes en la Gaceta Oficial refuerza la percepción de que el régimen usa la legislación migratoria de forma discrecional, en función de sus necesidades económicas y de control político, en medio de la peor crisis económica que atraviesa Cuba desde 1959, con una proyección de caída del PIB del 6,5% en 2026 y más de 600,000 cubanos que han abandonado la Isla desde 2022.
Preguntas frecuentes sobre la nueva Ley de Migración en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué cambios introduce la nueva Ley de Migración en Cuba en 2026?
La nueva Ley de Migración en Cuba endurece el control sobre los movimientos migratorios al ampliar las facultades del Estado para limitar tanto la salida como la entrada al país. Esto se justifica bajo argumentos de seguridad nacional, orden público e interés estatal. Además, introduce causales adicionales para negar la salida y entrada de ciudadanos cubanos y extranjeros.
¿Cuáles son las causas por las que se puede impedir la salida de Cuba a sus ciudadanos?
La nueva normativa establece diez causales para negar la salida de Cuba a sus ciudadanos, entre ellas: estar sujeto a proceso penal, tener una sanción pendiente, estar bajo el Servicio Militar Obligatorio, razones de Seguridad y Defensa Nacional, obligaciones económicas con el Estado, y la necesidad de preservar fuerza laboral calificada o información oficial sensible.
¿Cómo afecta esta ley a los cubanos que desean regresar al país?
La nueva ley permite a las autoridades limitar la entrada al país incluso a ciudadanos cubanos en situaciones excepcionales. Se introduce un elemento adicional de control sobre el retorno a la Isla, con causales de inadmisión que incluyen antecedentes por delitos graves o acciones consideradas hostiles contra el sistema político cubano.
¿Qué es la ciudadanía efectiva según la nueva Ley de Migración en Cuba?
La ley introduce el concepto de ciudadanía efectiva, que permite a los cubanos poseer otra nacionalidad sin perder la cubana. Sin embargo, dentro de Cuba, los ciudadanos deben usar el pasaporte cubano, lo que limita el reconocimiento práctico de la doble ciudadanía.
¿Qué implica la nueva condición migratoria para inversores cubanos desde el exterior?
El Decreto-Ley 117/2026 crea una condición migratoria especial para inversores cubanos desde el exterior interesados en participar en la economía nacional. Este trámite tiene un costo de 3,500 pesos cubanos y un plazo de resolución de 30 días hábiles. No obstante, existe desconfianza en la diáspora hacia estas medidas debido al historial de incumplimientos del régimen.
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