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El Departamento de Estado acusó este jueves formalmente a la minera canadiense Sherritt International de haber «explotado los recursos naturales de Cuba para beneficiar al régimen a expensas del pueblo cubano», en un comunicado que acompaña nuevas sanciones contra entidades del régimen cubano.
El secretario de Estado Marco Rubio anunció las sanciones contra tres objetivos: el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera, y Moa Nickel S.A. (MNSA), la empresa conjunta que Sherritt opera en Cuba desde 1994.
El comunicado señala además que Sherritt «se beneficia de activos que fueron originalmente expropiados por el régimen cubano a ciudadanos y corporaciones estadounidenses», en referencia a las instalaciones mineras de Moa, en Holguín.
La respuesta de Sherritt fue inmediata: ese mismo jueves, la compañía suspendió su participación directa en todas sus empresas conjuntas en Cuba e inició la repatriación de sus empleados expatriados.
Tres miembros del consejo de administración —el presidente Brian Imrie, Richard Moat y Brett Richards— presentaron su renuncia con efectividad inmediata.
El factor determinante fue la introducción de sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que operen con entidades cubanas bloqueadas, mecanismo incluido en la orden ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo, que amenazaba directamente el acceso de Sherritt al sistema bancario internacional.
Dos días antes, el 5 de mayo, la minera ya había emitido una alerta corporativa advirtiendo sobre las implicaciones de la orden ejecutiva, señalando que consultaba con asesores para evaluar los pasos a seguir.
La salida de Sherritt priva al régimen de su mayor socio minero extranjero y de entre el 10% y el 15% de su capacidad de generación eléctrica independiente, a través de Energas S.A., que opera 506 MW de potencia instalada.
Rubio describió a GAESA como «el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba», controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
El conglomerado militar domina entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana, controla el 95% de las transacciones en divisas y acumula activos estimados en más de 18,000 millones de dólares, con ingresos que superan 3,2 veces el Presupuesto del Estado cubano.
El modelo laboral de las empresas conjuntas también fue objeto de crítica: Sherritt pagaba al Estado cubano en divisas, mientras los trabajadores cubanos recibían salarios mínimos en pesos equivalentes a pocos dólares mensuales, sin sindicatos independientes.
La producción de níquel de Sherritt en Cuba había caído de 34,876 toneladas en 2021 a 25,240 toneladas en 2025, afectada por la crisis energética, escasez de insumos y el huracán Melissa.
En enero de 2026, la empresa ya había suspendido temporalmente operaciones en Moa Nickel por falta de combustible, anticipando el deterioro que culminó con su salida definitiva.
Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen, interceptado al menos siete tanqueros y reducido las importaciones energéticas de la isla entre un 80% y un 90%, provocando apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio cubano.
Rubio advirtió que «se pueden esperar designaciones adicionales en los próximos días y semanas».
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