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Sherritt International Corporation, la minera canadiense con más de tres décadas de presencia en Cuba, suspendió este jueves su participación directa en todas sus empresas conjuntas en la isla y comenzó la repatriación inmediata de sus empleados expatriados, en respuesta directa a la nueva Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo.
La decisión priva al régimen de su mayor socio minero extranjero y de entre el 10% y el 15% de su capacidad de generación eléctrica independiente, un golpe que, según la agencia EFE, se suma a una espiral de deterioro económico sin precedentes.
Acorde a un reporte de Bloomberg, Tres miembros del consejo de administración presentaron su renuncia con efectividad inmediata: el presidente Brian Imrie, Richard Moat y Brett Richards.
La nueva Orden Ejecutiva de Trump, firmada el 1 de mayo, invoca la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales e introduce sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que operen con entidades cubanas bloqueadas, lo que resultó determinante para Sherritt, cuyo modelo de negocio depende de su acceso a la banca internacional.
Días antes del anuncio, Sherritt ya había emitido una alerta corporativa indicando que estaba «consultando con sus asesores y partes interesadas para evaluar las posibles implicaciones de la Orden Ejecutiva y está considerando los pasos a seguir en relación con los intereses de la Corporación en Cuba».
La salida no es sorpresiva: en febrero, Sherritt ya había suspendido la producción de níquel y cobalto en su mina de Moa, en Holguín, por falta de combustible notificada por las propias autoridades cubanas.
La historia de Sherritt en Cuba comenzó en 1991, cuando empezó a adquirir concentrado de níquel de la mina de Moa para su refinería en Fort Saskatchewan, Alberta.
En 1994 formalizó una empresa conjunta 50/50 con la estatal cubana General Nickel Company S.A., y en 1998 amplió su presencia al adquirir participación en telecomunicaciones y crear Energas S.A., que opera 506 megavatios de capacidad eléctrica.
En 1996, Sherritt fue la primera empresa objetivo de la Ley Helms-Burton: sus ejecutivos recibieron cartas de exclusión de entrada a Estados Unidos por operar en propiedades expropiadas por Cuba, prohibición que se mantiene hasta hoy.
La producción de níquel cayó de 34,876 toneladas en 2021 a 25,240 en 2025, y el Estado cubano acumula una deuda de al menos 344 millones de dólares con la empresa.
La presencia de Sherritt también ha sido objeto de críticas sostenidas por parte de organizaciones de derechos humanos: el modelo laboral de las empresas conjuntas implica que la minera paga al Estado cubano en divisas, mientras los trabajadores reciben salarios mínimos en pesos equivalentes a pocos dólares mensuales, sin sindicatos independientes.
En ese contexto, la Coalición Cubano-Canadiense pidió en marzo al gobierno de Mark Carney cerrar la embajada cubana en Ottawa y reducir la presencia diplomática en La Habana, en medio de críticas crecientes por el apoyo financiero de Canadá al régimen, que supera los 60 millones de dólares canadienses en años recientes.
Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen cubano, reduciendo las importaciones energéticas de la isla en un 80-90% y agravando apagones que afectan a más del 55% del territorio nacional, mientras la contracción económica proyectada para Cuba en 2026 es del 7,2%, según la Unidad de Inteligencia de The Economist.
La refinería de Fort Saskatchewan continúa operando con inventario de materia prima estimado hasta mediados de junio, fecha en que Sherritt deberá decidir el futuro definitivo de sus operaciones cubanas.
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