El presidente Donald Trump firmó este viernes una orden ejecutiva que impone sanciones a personas extranjeras vinculadas a la represión en Cuba y a amenazas contra la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
El documento, publicado desde la Casa Blanca, amplía el marco legal establecido por la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero de 2026, que declaró una emergencia nacional respecto a Cuba y calificó las políticas del régimen como una «amenaza inusual y extraordinaria» a los intereses estadounidenses.
En el texto de la nueva orden, Trump afirma que las políticas del gobierno cubano «no solo están diseñadas para dañar a Estados Unidos, sino que también son repugnantes a los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas».
La orden bloquea todos los bienes e intereses en propiedades en Estados Unidos de personas extranjeras que el Secretario de Estado o el Secretario del Tesoro determinen que operan en sectores clave de la economía cubana: energía, defensa, metales y minería, servicios financieros y seguridad.
También quedan sujetos a sanciones quienes sean líderes, funcionarios o ejecutivos del gobierno cubano; quienes hayan prestado apoyo material al régimen; quienes sean responsables de abusos graves de derechos humanos en Cuba; y quienes estén implicados en actos de corrupción relacionados con el gobierno de La Habana.
Una de las disposiciones más amplias extiende las sanciones a familiares adultos de las personas ya designadas bajo la misma orden, lo que amplía considerablemente el alcance de las medidas.
La sección de viajes suspende la entrada a Estados Unidos —como inmigrantes o no inmigrantes— de todas las personas que cumplan los criterios de sanción, salvo que el Secretario de Estado determine que su ingreso es de interés nacional.
La orden también autoriza al Secretario del Tesoro a sancionar a instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas con personas bloqueadas, incluyendo la prohibición de cuentas corresponsales en territorio estadounidense.
El documento establece además que las designaciones no requerirán notificación previa a los afectados, dado que «la capacidad de transferir fondos de forma instantánea haría ineficaces las medidas» si se avisara con antelación.
Esta nueva orden se inscribe en la estrategia de presión máxima que la administración Trump ha intensificado desde enero de 2026, que incluyó la intercepción de al menos siete tanqueros con destino a Cuba y la prohibición de que la isla recibiera petróleo ruso, medidas que han agravado una crisis energética con apagones de hasta 25 horas diarias.
El régimen cubano ha respondido con acusaciones de «castigo colectivo» y ha denunciado las presiones de Washington ante organismos internacionales, mientras la economía de la isla enfrenta una proyección de caída del PIB del 7,2% en 2026.
La nueva orden retoma y amplía el enfoque de sanciones personales que Trump ya aplicó durante su primera administración, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, entonces presidente del conglomerado militar GAESA —fallecido en 2022—, el 30 de septiembre de 2020.
El Secretario de Estado y el Secretario del Tesoro quedan autorizados y dirigidos a implementar la orden mediante la suspensión temporal de regulaciones, la publicación de normas en el Registro Federal y el uso de todos los poderes que la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales confiere al presidente.
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