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La Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo y publicada hoy en el Registro Federal, extiende las sanciones contra el régimen cubano a los familiares adultos de cualquier persona designada bajo la norma, una disposición sin precedentes que amplía el cerco sobre la élite militar de la isla.
La orden, que se basa en la emergencia nacional declarada por la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero, califica las políticas del régimen como «amenaza inusual y extraordinaria» a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
El propio texto presidencial lo expresa sin ambigüedades: «Las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba no solo están diseñadas para dañar a Estados Unidos, sino que también son repugnantes a los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas».
La cláusula de familiares cobra relevancia inmediata con un caso ya documentado: Adys Lastres Morera, hermana de la presidenta ejecutiva de GAESA, Ania Guillermina Lastres Morera, llegó a Florida en enero de 2023 y figura como gerente de dos empresas inmobiliarias en ese estado: REMAS Investments LLC y Santa Elena Investments LLC.
Este caso ilustra exactamente el patrón que Washington busca cerrar: familiares de la élite militar cubana que gestionan activos en territorio estadounidense.
El mismo día de la publicación, el secretario de Estado Marco Rubio anunció las primeras designaciones bajo la nueva orden: GAESA, su presidenta ejecutiva Ania Lastres Morera y la empresa minera Moa Nickel S.A., una sociedad conjunta entre el conglomerado militar cubano y la canadiense Sherritt International.
Rubio describió a GAESA como «el núcleo del sistema comunista cleptocrático de Cuba» y señaló que controla aproximadamente el 40% o más de la economía de la isla, con ingresos que «probablemente triplican el presupuesto del Estado» y activos ilícitos en el extranjero que podrían alcanzar los 20,000 millones de dólares.
La sanción a Moa Nickel ya forzó la suspensión de operaciones mineras y afecta hasta un 15% de la capacidad de generación eléctrica de Cuba, agravando una crisis de apagones de hasta 25 horas diarias en un país que enfrenta una caída proyectada del PIB del 7.2% en 2026.
La orden también bloquea todos los bienes e intereses en propiedades en Estados Unidos de personas vinculadas a sectores clave de la economía cubana —energía, defensa, metales y minería, servicios financieros y seguridad— y suspende su entrada al país.
Además, autoriza al Secretario del Tesoro a sancionar a instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones con los designados, incluyendo la prohibición de cuentas corresponsales en Estados Unidos.
La norma establece que las designaciones no requerirán notificación previa a los afectados, dado que, según el texto, «la capacidad de transferir fondos o activos instantáneamente haría ineficaces las medidas» si se avisara con antelación.
Rubio advirtió que «se prevén nuevas sanciones en los próximos días y semanas», en el marco de una estrategia de presión máxima que ya incluye la intercepción de al menos siete tanqueros con destino a Cuba y la prohibición del suministro de petróleo ruso a la isla.
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