Impacto de las sanciones de EE.UU. sobre el turismo cubano

La designación de GAESA bajo la E.O. 14404 amenaza con colapsar el turismo cubano: proyecciones apuntan a una caída de visitantes del 50-65% y pérdidas de hasta 1,400 millones en divisas.



Turistas en La Habana (imagen de referencia) © CiberCuba
Turistas en La Habana (imagen de referencia) Foto © CiberCuba

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La designación formal de GAESA bajo la Executive Order 14404 firmada por Trump el 1 de mayo de 2026, y ejecutada este jueves por el Departamento de Estado a instancias del secretario Marco Rubio, convierte al turismo cubano en el principal campo de batalla del estrangulamiento financiero al régimen de La Habana.

El dato que muchos analistas extranjeros subestiman es estructural: en Cuba no existe un sector turístico civil de escala.

Lo que se denomina «turismo cubano» es, en términos de propiedad de activos, un brazo del conglomerado militar GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), que controla a través de su filial Gaviota S.A. unos 110 hoteles con aproximadamente 50,000 habitaciones, dominando Varadero, los cayos del norte, Holguín norte y Trinidad/Cayo Largo.

La definición ampliada de «Gobierno de Cuba» en la Sec. 7(b) de la E.O. 14404 arrastra además a las cadenas formalmente civiles —Cubanacán, Gran Caribe e Islazul—, lo que significa que prácticamente todo el inventario hotelero de Cuba queda bajo riesgo sancionatorio, no solo el de Gaviota.

España es el país con mayor exposición operativa. Meliá Hotels International, con entre 32 y 35 hoteles en gestión y Cuba representando históricamente entre el 8% y el 15% de su EBITDA, enfrenta ahora un segundo frente sancionatorio que se suma a las casi 6,000 demandas bajo el Título III de Helms-Burton valoradas en cerca de 8,000 millones de euros.

Meliá tiene 12 hoteles en EE.UU., mayoritariamente en Florida, e Iberostar mantiene presencia en Miami: perder la corresponsalía en dólares sería existencial para ambas cadenas.

Las opciones estratégicas disponibles se reducen en la práctica a dos: salida total con cientos de millones en pérdidas contables, o salida parcial argumentando que algunos hoteles no son contrapartes directas de GAESA, un argumento que la definición ampliada de la orden presidencial puede invalidar igualmente.

Canadá, primer mercado emisor con entre 900,000 y 1.1 millones de visitantes anuales en años buenos —entre el 40% y el 45% del total—, enfrenta el colapso de su flujo turístico por una vía diferente: el corte del procesamiento de tarjetas Visa y Mastercard en los terminales de punto de venta de hoteles Gaviota destruiría la propuesta de valor del paquete «todo incluido» que sustenta ese mercado.

El flujo canadiense ya cayó un 54,2% en el primer trimestre de 2026, con solo 124,794 visitantes frente a 272,319 en el mismo período de 2025, y la proyección post-E.O. 14404 apunta a una caída adicional de entre el 50% y el 70% en 12 meses.

El sistema de pagos es donde las sanciones cortan primero y con más eficacia: Fincimex —el procesador de tarjetas y remesas controlado por GAESA— ya figura en la lista de entidades bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) desde 2020, y plataformas como Booking, Expedia y Hotelbeds, todas con presencia en EE.UU., deberán decidir si desvinculan el inventario de Gaviota de sus sistemas.

El turismo cubano ya estaba en caída libre antes de esta orden: en 2025 llegaron solo 1.81 millones de turistas internacionales, un 62% por debajo del récord histórico de 4.7 millones alcanzado en 2018, con una ocupación hotelera del 18,9%, mínimo en décadas.

Las proyecciones para 2026-2027 estiman una caída de visitantes totales a entre 700,000 y un millón, con ingresos en divisas por turismo desplomándose de aproximadamente 1,800 millones de dólares a entre 400 y 600 millones, lo que golpea directamente a los más de 300,000 trabajadores cubanos vinculados al sector.

El turismo aporta entre el 10% y el 15% del PIB cubano y entre el 25% y el 35% de las divisas frescas no procedentes de remesas, lo que convierte este estrangulamiento en una crisis de liquidez estructural para el régimen.

Las empresas extranjeras tienen hasta el 5 de junio de 2026 —treinta días— para completar las transacciones de cierre ordenado con GAESA o con entidades en las que el conglomerado militar tenga el 50% o más de participación.

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