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El Departamento de Estado de EE.UU. designó este jueves a GAESA bajo un nuevo paquete de sanciones y otorgó a empresas e instituciones financieras extranjeras plazo hasta el 5 de junio de 2026 para cerrar todas sus operaciones con el conglomerado militar cubano, bajo amenaza de sanciones secundarias.
El secretario de Estado Marco Rubio realizó las designaciones en virtud de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el pasado 1 de mayo, y advirtió que en los próximos días y semanas podrían anunciarse nuevas medidas contra el régimen cubano.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) aclaró en un documento de preguntas frecuentes publicado este jueves que el gobierno estadounidense no tiene intención de sancionar a personas extranjeras —incluidas instituciones financieras— por transacciones habituales de liquidación con GAESA o con entidades en las que el conglomerado posea, directa o indirectamente, el 50 % o más de participación, siempre que dichas operaciones concluyan antes del 5 de junio.
Sin embargo, una vez vencido el plazo, cualquier operación con GAESA o sus filiales expondrá a las partes extranjeras a sanciones secundarias.
La OFAC también advirtió que las acciones dirigidas a devolver activos a una entidad sancionada o transferirlos a otra jurisdicción para su posible uso por parte de esta podrían exponer a personas no estadounidenses a “un riesgo significativo de sanciones”, incluso antes de que expire el período de gracia.
Junto a GAESA, Rubio sancionó además a Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva del conglomerado y general de brigada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, así como a Moa Nickel S.A. (MNSA), empresa conjunta entre la canadiense Sherritt International Corporation y la estatal cubana Compañía General de Níquel.
El Departamento de Estado describió a GAESA como “el núcleo del sistema comunista cleptocrático de Cuba” y aseguró que controla alrededor del 40 % de la economía de la isla. Según Washington, los ingresos del conglomerado “probablemente triplican el presupuesto del Estado”, mientras hasta 20 mil millones de dólares en activos ilícitos habrían sido desviados hacia cuentas bancarias ocultas en el extranjero.
Rubio defendió las medidas con un mensaje contundente: “La Administración Trump está tomando medidas decisivas para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y privar al régimen comunista y a las fuerzas armadas de Cuba del acceso a activos ilícitos”.
El impacto de las sanciones fue inmediato. Sherritt International anunció ese mismo día la suspensión de todas sus operaciones directas en Cuba e inició la repatriación de sus empleados expatriados, alegando que la orden ejecutiva hace “materialmente imposible” mantener operaciones normales en la isla.
La salida de Sherritt supone un golpe adicional para el ya deteriorado sistema energético cubano. La empresa canadiense aporta entre el 10 % y el 15 % de la capacidad de generación eléctrica independiente del país, en medio de una crisis marcada por apagones que afectan a más del 55 % del territorio durante hasta 25 horas diarias.
Las personas sujetas a jurisdicción estadounidense no se benefician del período de gracia, ya que tienen prohibido operar con GAESA desde el 21 de diciembre de 2020, cuando el conglomerado fue incluido en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN).
La Orden Ejecutiva 14404 crea además un nuevo programa de sanciones bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, independiente del Reglamento de Control de Activos Cubanos, y amplía el marco aprobado por Trump el 1 de mayo para incluir sanciones secundarias contra personas extranjeras y entidades financieras que negocien con el régimen.
Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo, reduciendo las importaciones energéticas de la isla entre un 80 % y un 90 %, según cifras oficiales estadounidenses.
El Departamento de Estado cerró su comunicado con una advertencia que también deja abierta una posibilidad de cambio: “El objetivo último de las sanciones no es castigar, sino propiciar un cambio positivo en el comportamiento”.
Preguntas frecuentes sobre las sanciones de EE.UU. a GAESA y sus implicaciones
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es GAESA y por qué ha sido sancionada por Estados Unidos?
GAESA es un conglomerado militar cubano que controla entre el 40 % y el 70 % de la economía cubana. Ha sido sancionada por EE.UU. debido a su rol como el "corazón del sistema comunista cleptocrático" de Cuba, operando con activos ilícitos y beneficiando a la élite militar y política del país, mientras el pueblo cubano sufre crisis económicas y apagones.
¿Cuál es el plazo otorgado por EE.UU. para que las empresas extranjeras cierren operaciones con GAESA?
Las empresas e instituciones financieras extranjeras tienen hasta el 5 de junio de 2026 para liquidar todas sus operaciones con GAESA sin enfrentar sanciones secundarias. Pasada esta fecha, cualquier operación con GAESA o sus filiales podría exponerlas a sanciones.
¿Qué impacto tienen estas sanciones en la economía de Cuba?
Las sanciones agravan la ya crítica situación económica de Cuba, especialmente en el sector energético, donde se sufren apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio. La salida de socios extranjeros, como Sherritt International, también reduce significativamente la capacidad de generación eléctrica y afecta las importaciones energéticas de la isla.
¿Quién es Ania Guillermina Lastres Morera y por qué está sancionada?
Ania Guillermina Lastres Morera es la presidenta ejecutiva de GAESA y general de brigada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ha sido sancionada por su papel en la gestión de activos ilícitos del conglomerado en el extranjero, contribuyendo al sistema económico que sostiene al régimen cubano a expensas del bienestar de la población.
¿Cuál es la estrategia de EE.UU. respecto a GAESA y el régimen cubano?
La estrategia de EE.UU. busca aumentar la presión sobre el régimen cubano mediante sanciones económicas a entidades clave como GAESA, con el objetivo de propiciar un cambio positivo en el comportamiento del régimen. Esto incluye sanciones secundarias y amenazas de medidas punitivas adicionales, buscando limitar el acceso del régimen a recursos financieros internacionales.
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