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El presidente Donald Trump firmó este viernes una nueva orden ejecutiva que amplía de forma significativa el régimen de sanciones contra Cuba, estableciendo el congelamiento de activos de funcionarios, empresarios y familiares vinculados al régimen cubano que tengan bienes en territorio estadounidense o bajo control de personas de ese país.
La medida, titulada «Imposing Sanctions on Those Responsible for Repression in Cuba and for Threats to United States National Security and Foreign Policy», se apoya en la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA).
Asimismo, amplía la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero de 2026, que ya calificó al Gobierno de Cuba como «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense.
La orden establece que «todos los bienes e intereses en propiedades que se encuentren en Estados Unidos, que en adelante ingresen a Estados Unidos, o que estén o en adelante queden bajo posesión o control de personas estadounidenses» de los designados quedan bloqueados y no podrán transferirse, pagarse, exportarse ni negociarse de ninguna forma.
¿Quiénes quedan sujetos al congelamiento?
La lista de conductas sancionables es amplia. Quedan expuestos al bloqueo de activos quienes operen en los sectores de energía, defensa, materiales relacionados, metales y minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana.
También quedan incluidos quienes sean propiedad, estén controlados o actúen en nombre del Gobierno de Cuba, así como quienes hayan prestado apoyo financiero, material o tecnológico al régimen o a personas ya designadas.
Los líderes, funcionarios, altos ejecutivos o miembros de juntas directivas del Gobierno cubano o de entidades bloqueadas, junto con las subdivisiones políticas, agencias e instrumentalidades del Estado cubano, también figuran entre los objetivos.
La orden alcanza además a quienes sean responsables de abusos graves de derechos humanos en Cuba o de actos de corrupción, incluyendo la malversación de activos públicos, la expropiación de bienes privados para beneficio personal o político, y el soborno.
Uno de los aspectos más llamativos es la extensión de las sanciones a «cualquier familiar adulto de una persona designada bajo esta orden», lo que amplía el alcance más allá de los funcionarios directos.
Sin aviso previo y con prohibición de entrada
La orden establece expresamente que no se requerirá notificación previa a los afectados antes de su designación. El texto justifica esta medida señalando que «la capacidad de transferir fondos o activos de forma instantánea haría ineficaces las medidas si hubiera aviso anticipado».
Además del congelamiento de activos, la orden prohíbe cualquier transacción de personas estadounidenses con los designados, incluidas donaciones, y suspende la entrada a Estados Unidos —como inmigrantes o no inmigrantes— de quienes cumplan los criterios de sanción.
La implementación queda en manos del Secretario de Estado, en consulta con el Secretario del Tesoro, y viceversa.
Una escalada jurídicamente más sólida
Esta nueva orden representa un giro respecto al mecanismo utilizado en enero, cuando Trump eliminó los aranceles petroleros secundarios tras un fallo judicial que los declaró ilegales bajo la misma IEEPA.
El congelamiento de activos es el uso más tradicional y jurídicamente consolidado de esa ley, lo que hace esta herramienta más difícil de impugnar.
Los principales blancos institucionales serían GAESA —el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas que controla aproximadamente el 70% de la economía formal cubana— junto con el MINFAR y el MININT, que ya figuraban en listas previas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
En julio de 2025, EE.UU. ya había sancionado a los ministros de las FAR y el MININT por su papel en la represión del 11J.
La medida responde también a las demandas de congresistas cubanoamericanos como Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, quienes en febrero de 2026 exigieron explícitamente el congelamiento de activos del régimen en el exterior, en el marco de una presión máxima sostenida desde la Casa Blanca que ya acumula más de 240 nuevas sanciones contra el régimen desde enero de 2026.
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