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La aerolínea Delta Air Lines pidió a un tribunal federal de Estados Unidos desestimar la demanda presentada en su contra bajo el Título III de la Ley Helms-Burton por operar vuelos hacia el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
La aerolínea presentó el pasado 28 de abril una moción ante la Corte del Distrito Sur de Florida en la que sostiene que la reclamación interpuesta por José Ramón López Regueiro “está legalmente bloqueada en múltiples niveles” y carece de fundamento jurídico.
El demandante acusa a Delta de “traficar” con propiedades confiscadas en Cuba al utilizar el aeropuerto habanero, en virtud de la Ley Libertad (Helms-Burton), que permite reclamar en tribunales estadounidenses por bienes nacionalizados tras la Revolución cubana.
Sin embargo, la compañía argumentó que el gobierno de Estados Unidos autorizó expresamente desde 2016 sus vuelos regulares a La Habana, por lo que sus operaciones se realizaron conforme a la política federal estadounidense.
“Las actividades descritas en la demanda corresponden únicamente a viajes legales a Cuba autorizados por órdenes federales”, sostuvo Delta en el documento judicial.
La aerolínea también señaló que López Regueiro habría adquirido cualquier posible derecho sobre la propiedad después de la fecha límite establecida por la ley, el 12 de marzo de 1996, lo que invalidaría su reclamación. Según Delta, documentos anexos a la propia demanda muestran que el demandante no tuvo control sobre el supuesto reclamo antes de 2010.
Otro de los argumentos centrales de la defensa es que Delta posee una reclamación certificada por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos (FCSC) relacionada con propiedades confiscadas en Cuba, incluidas oficinas en el aeropuerto de La Habana, tras las nacionalizaciones realizadas por el gobierno cubano en 1962.
La empresa afirmó que la Ley Helms-Burton fue diseñada precisamente para proteger a titulares de reclamaciones certificadas y no para permitir demandas en su contra por parte de personas con reclamaciones no certificadas.
Además, Delta cuestionó la constitucionalidad del propio mecanismo judicial de la Helms-Burton, alegando que el Congreso no puede crear un derecho de acción cuya aplicación pueda ser suspendida discrecionalmente por el presidente de Estados Unidos.
La demanda contra Delta forma parte de una serie de litigios iniciados en tribunales estadounidenses bajo el Título III de la Helms-Burton contra empresas vinculadas a operaciones en propiedades nacionalizadas por el régimen en Cuba.
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