Juicio contra Evo Morales por su relación con una menor comenzará este lunes

Un tribunal boliviano inició este lunes el juicio oral contra el expresidente Evo Morales por el delito de trata agravada de personas, acusado de haber mantenido una relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo una hija mientras ejercía la presidencia, según informó la agencia EFE.

El proceso se celebra en la ciudad sureña de Tarija, ante el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres, con audiencia convocada para las 08:20 hora local (12:20 GMT), aunque el exmandatario no se presentó.

Su defensa anunció que no asistiría, alegando que no fue notificado conforme al procedimiento de notificación personal. «No se puede asistir porque no conocemos de qué se trata. No se ha notificado al hermano Evo Morales cumpliendo el procedimiento de una notificación personal», declaró el abogado Wilfredo Chávez.

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, confirmó el viernes que las notificaciones se realizaron mediante edictos de prensa y que se cumplieron todas las formalidades. «Se han realizado las comunicaciones respectivas, no solamente al expresidente, sino también a una segunda persona que está siendo investigada en este caso», señaló.

La orden de arresto contra Morales por presunta trata fue emitida en octubre de 2024. Según la acusación, la menor —identificada como Cindy S.V.P.— tenía entre 14 y 15 años cuando habría iniciado el vínculo con el entonces presidente, de unos 57 años, a través de la llamada «Guardia Juvenil» o «Generación Evo», un grupo de jóvenes creado por Morales. La hija de ambos nació el 8 de febrero de 2016, y la partida de nacimiento registra a Juan Evo Morales Ayma como padre.

La Fiscalía de Tarija reunió más de 170 pruebas de cargo para el juicio oral. Además de Morales, hay una segunda acusada de sexo femenino en el proceso.

Morales permanece atrincherado en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, desde octubre de 2024, cuando sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días para impedir que la Policía ejecutara la orden de captura. La orden sigue vigente.

En enero de 2025, un juez declaró en rebeldía a Morales tras no comparecer en dos ocasiones a audiencias de medidas cautelares, alegando enfermedad. Como consecuencia, se le impusieron arraigo, congelamiento de cuentas bancarias y registro de bienes.

Su defensa calificó el proceso de «persecución política que surge en un momento en que existen condiciones deplorables en el país, sobre todo a nivel económico, y conflictos en las calles», y sostuvo que «se quiere desviar la atención» de las protestas sindicales recientes.

El propio Morales negó las acusaciones en sus redes sociales días antes del inicio del juicio. «Como no hallan nada» para procesarlo por otras acusaciones, «se inventan delitos», escribió. También añadió: «No busco la impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren —con pruebas legales y reales— los presuntos delitos que cometí. Pido una justicia imparcial, honesta, objetiva y autónoma del poder político».

El caso se enmarca en un contexto de profunda fractura política en Bolivia. La justicia inhabilitó la candidatura de Morales para las elecciones presidenciales de agosto de 2025, al determinar que ya ejerció dos mandatos. Además, en marzo pasado retiraron el busto de Morales del Parlamento boliviano para evitar lo que legisladores describieron como un «culto a la personalidad».

Morales gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 y renunció en medio de una crisis democrática tras acusaciones de fraude electoral, huyendo a México antes de regresar al país en 2020.