La nueva legislación migratoria y de ciudadanía cubana, publicada en la Gaceta Oficial el 5 de mayo tras casi dos años de demora, cambia poco en lo esencial para los cubanoamericanos: mantiene la obligación de viajar e identificarse con pasaporte cubano dentro del territorio nacional y preserva la amplia discrecionalidad del régimen para negar la entrada o salida a críticos y opositores.
Las leyes de Migración (171/2024), Ciudadanía (172/2024) y Extranjería (173/2024) fueron aprobadas por la Asamblea Nacional el 19 de julio de 2024, pero el régimen no las publicó hasta el pasado 5 de mayo, sin que se hayan explicado las razones de la demora.
Entrarán en vigor 180 días después de su publicación, es decir, aproximadamente en noviembre de 2026.
La restricción más controvertida permanece intacta.
La ley de ciudadanía es explícita: «Los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en el territorio nacional, se rigen por esa condición en los términos establecidos en esta Ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera».
Eso significa que los ciudadanos estadounidenses nacidos en Cuba seguirán siendo tratados como cubanos mientras estén en la isla, sin posibilidad de reclamar protección consular de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, tal como advierte el Departamento de Estado en sus recomendaciones de viaje.
La ley también establece que quienes nacieron en Cuba y poseen otra ciudadanía «no gozan, dentro del territorio nacional, de prerrogativas, beneficios o protecciones relacionadas con dichas ciudadanías».
La única vía para que un cubanoamericano entre a Cuba solo con pasaporte estadounidense es haber completado el proceso legal de renuncia a la ciudadanía cubana, regulado por primera vez en la nueva ley, aunque ese trámite no estará disponible hasta noviembre de 2026.
Entre los cambios que sí introduce la legislación figura la eliminación del límite de 24 meses de permanencia en el exterior que convertía automáticamente a los cubanos en «emigrados definitivos» con pérdida de derechos sobre bienes en la isla.
Se introduce además el concepto de «Residencia Efectiva Migratoria», que reconoce como residentes a quienes permanezcan más de 180 días acumulados al año en Cuba o demuestren arraigo familiar, laboral, económico o patrimonial.
La ley también crea una condición migratoria especial de «Inversores y Negocios» para emigrados que deseen participar en la economía cubana, con un costo de trámite de 3,500 pesos cubanos y un plazo de resolución de 30 días hábiles, tras el anuncio del ministro de inversión extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, de que los cubanos en el exterior podrían ser dueños de negocios privados en la isla.
Sin embargo, la nueva legislación también amplía el control estatal sobre los movimientos de personas, estableciendo diez causales para impedir la salida del país, entre ellas razones de seguridad nacional, preservación de «fuerza laboral calificada» o «información oficial sensible», sin necesidad de causa penal.
La ley codifica además la práctica de negar la entrada a activistas y críticos del gobierno por razones de «seguridad nacional» u «orden público», aplicable tanto a extranjeros como a ciudadanos cubanos.
La Policía de Migración queda formalizada como cuerpo policial especializado con jurisdicción en todo el territorio nacional, con facultad para solicitar documentos de identificación a cualquier persona en cualquier lugar del país, no solo en fronteras.
La desconfianza de la diáspora —estimada en más de dos millones de personas— ante estas aperturas ha sido una constante, dado el historial de incumplimientos del régimen y el contexto de la peor crisis económica desde 1959, con una proyección de caída del PIB del 6,5% en 2026 y más de 600,000 cubanos que han abandonado la isla desde 2022.
La abogada Laritza Diversent, de Cubalex, resumió el riesgo con claridad: «El régimen ha usado el derecho penal para confiscar propiedades valiosas: se invita a invertir, luego se encarcela a empresarios y se expropia sus negocios».
Preguntas Frecuentes sobre la Nueva Ley Migratoria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué implica la nueva ley migratoria para los cubanoamericanos que desean viajar a Cuba?
La nueva ley migratoria mantiene la obligación de que los cubanoamericanos viajen a Cuba con pasaporte cubano, y no permite el uso de ciudadanía extranjera dentro del territorio nacional. Quienes deseen entrar a Cuba solo con pasaporte estadounidense deberán renunciar formalmente a la ciudadanía cubana, un proceso que estará disponible a partir de noviembre de 2026.
¿Cómo afecta la nueva legislación a los derechos de propiedad de los cubanos en el exterior?
La nueva ley elimina el límite de 24 meses de permanencia en el exterior, lo que anteriormente convertía automáticamente a los cubanos en "emigrados definitivos" y les hacía perder derechos sobre sus bienes en la isla. Ahora, se introduce la "Residencia Efectiva Migratoria", permitiendo conservar derechos de propiedad manteniendo ciertos vínculos con Cuba.
¿Qué es la "Residencia Efectiva Migratoria" y cómo se puede obtener?
La "Residencia Efectiva Migratoria" reconoce como residentes a los cubanos que permanezcan más de 180 días acumulados al año en Cuba o demuestren arraigo mediante vínculos familiares, laborales, económicos o patrimoniales. Este nuevo concepto permite a los cubanos en el exterior conservar ciertos derechos sin necesidad de estar físicamente presentes en Cuba por largos períodos.
¿Cuáles son las nuevas restricciones para salir de Cuba según la ley?
La ley amplía las causales para impedir la salida del país, incluyendo razones de seguridad nacional, preservación de "fuerza laboral calificada" o "información oficial sensible", sin necesidad de causa penal. Esto incrementa el control estatal sobre los movimientos de personas, permitiendo al régimen negar la salida por motivos discrecionales.
¿Qué oportunidades ofrece la nueva ley para los emigrados que desean invertir en Cuba?
La ley crea una condición migratoria especial de "Inversores y Negocios" para emigrados, permitiéndoles participar en la economía cubana. El trámite tiene un costo de 3,500 pesos cubanos y un plazo de resolución de 30 días hábiles. Sin embargo, la desconfianza persiste debido al historial del régimen de incumplimientos y cambios de reglas que afectan a los inversores.
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