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La instalación de detención migratoria que Donald Trump prometió construir en la Base Naval de Guantánamo para albergar a 30,000 migrantes está prácticamente vacía más de un año después de su anuncio, según documentos internos del gobierno federal obtenidos por CBS News.
Al 11 de mayo, solo seis detenidos —todos nacionales de Haití— permanecían en la base, ocupando menos del 2% de las aproximadamente 400 camas disponibles, muy lejos de las 30,000 prometidas.
En contraste con esa cifra mínima de reclusos, el Departamento de Defensa mantiene 522 militares asignados a la operación, más unos 60 empleados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y personal civil adicional.
Eso significa que los empleados gubernamentales superan a los detenidos en una proporción de aproximadamente 100 a uno durante esta semana.
A lo largo del último año, 832 detenidos inmigrantes fueron trasladados a Guantánamo en más de 100 vuelos, pero la gran mayoría fue posteriormente deportada o trasladada a otros centros.
Entre los casos más notorios, decenas de cubanos —muchos sin antecedentes penales— fueron enviados a Guantánamo a finales de 2025 y principios de 2026, para luego ser devueltos a centros de detención en Estados Unidos antes de ser finalmente deportados a Cuba.
A pesar de la escasa ocupación, la operación tiene un costo proyectado de al menos 73 millones de dólares solo para el componente militar, según información que el Departamento de Defensa proporcionó en abril a la senadora demócrata Elizabeth Warren.
Esa cifra representa un aumento significativo respecto a la estimación pública previa de 40 millones de dólares, gasto que ya había generado críticas desde etapas tempranas de la operación.
Warren acusó a Trump y al secretario de Defensa Pete Hegseth de «desperdiciar miles de millones en fondos de los contribuyentes en una agenda migratoria cruel».
El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) Lee Gelernt, quien presentó una demanda contra la operación, fue más directo: «No solo el uso de Guantánamo por parte de la administración Trump es sin precedentes e ilegal, sino que no sirve ningún objetivo legítimo de política dado el peso financiero y logístico de usar esta notoria base militar para propósitos migratorios».
En diciembre de 2025, un juez federal en Washington D.C. determinó en fallo preliminar que la detención de inmigrantes civiles en Guantánamo era «impermisiblemente punitiva» y probablemente ilegal, aunque no bloqueó la operación.
Theresa Cardinal Brown, exfuncionaria del Departamento de Seguridad Nacional bajo los presidentes George W. Bush y Barack Obama, explicó por qué los costos son tan elevados: «Todo tiene que ser enviado allí. No es como si estuviéramos importando cosas de Cuba. Todo tiene que venir de una fuente estadounidense a esa instalación militar. Va a ser mucho, mucho más caro».
Cardinal Brown señaló que el verdadero objetivo de Guantánamo —junto con otras instalaciones polémicas como «Alligator Alcatraz» en Florida— es disuadir la migración ilegal y presionar a los inmigrantes indocumentados a autodeportarse, aunque el efecto disuasorio es difícil de medir.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bis, defendió la operación este miércoles con un mensaje de advertencia: «Si vienes a nuestro país ilegalmente y rompes nuestras leyes, podrías terminar en Guantánamo Bay, CECOT, o un tercer país. Nuestro mensaje es claro: los extranjeros ilegales criminales no son bienvenidos en EE.UU.»
La legalidad del programa sigue siendo objeto de litigio activo, mientras la base permanece con sus instalaciones casi desocupadas y una factura que, según los documentos, no deja de crecer.
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