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El Banco Central de Cuba publicó la Resolución 45/2026, una norma que establece disposiciones específicas para la prevención del financiamiento al terrorismo y que obliga a personas naturales y jurídicas en la isla a congelar fondos y reportar operaciones sospechosas bajo pena de sanciones administrativas, penales y civiles.
La resolución, emitida el 22 de abril y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 63, se aplica a todas las operaciones que puedan constituir riesgos asociados al financiamiento del terrorismo, incluyendo transacciones financieras, donaciones, transferencias de fondos, operaciones de cambio de divisas y operaciones con activos virtuales.
Según el Artículo 3 de la norma, cuando cualquier persona natural o jurídica conozca que los fondos que recibe provienen de entidades designadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, debe «abstenerse de continuar en la realización del negocio o transacción y comunicarlo de inmediato a la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba, a los efectos de congelar sin demora y sin notificación previa los referidos fondos o activos».
La obligación de congelar activos no se limita a los vinculados a un acto terrorista específico, sino que se extiende a todos los fondos controlados directa o indirectamente por personas o entidades designadas, incluyendo a quienes actúen en su nombre.
La norma invoca explícitamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 1267 (1999), 1373 (2001), 1989 (2011), 2253 (2015) y 2617 (2021), así como las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como fundamento de la actualización.
La Resolución 45/2026 forma parte de un paquete normativo más amplio que el régimen ha desplegado en los últimos meses.
El Ministerio de Finanzas y Precios emitió en abril la Resolución 86/2026, que convierte a cuentapropistas, MIPYMES y tenedores de libros en sujetos obligados a vigilar operaciones sospechosas y conservar información por un mínimo de cinco años.
En mayo, el régimen inició además un programa de capacitación nacional de funcionarios para implementar estas normas, coordinado con los gobiernos locales.
El contexto geopolítico en que se producen estas medidas es de máxima presión estadounidense sobre La Habana.
Donald Trump reincorporó a Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo el 20 de enero de 2025, revocando la decisión de Biden del 14 de enero de ese año.
En mayo de 2025, el Departamento de Estado también reincorporó a Cuba a la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, bajo certificación del secretario de Estado Marco Rubio, quien determinó que «el régimen cubano no cooperó plenamente con Estados Unidos en materia antiterrorista».
En enero de 2026, Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380 declarando emergencia nacional por la amenaza que representa el régimen cubano, y el 1 de mayo amplió sanciones a funcionarios y colaboradores del régimen con una orden que prohíbe su entrada a Estados Unidos.
El régimen, por su parte, alega ante la ONU estar entre las 15 jurisdicciones de la red global del GAFI con mejores calificaciones en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, y Cuba efectivamente no aparece en la lista gris ni negra del GAFI según las actualizaciones disponibles.
La propia resolución del BCC reconoce que «la evolución de los riesgos globales, regionales y nacionales relacionados con el financiamiento al terrorismo, las transformaciones de los procesos económicos y financieros, el uso de nuevas tecnologías y la modificación de los estándares internacionales [...] exigen actualizar y fortalecer las disposiciones jurídicas vigentes», lo que sugiere que el régimen busca demostrar cumplimiento con estándares internacionales en un momento de creciente aislamiento financiero.
Preguntas frecuentes sobre las nuevas normas del régimen cubano para prevenir el financiamiento al terrorismo
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es la Resolución 45/2026 del Banco Central de Cuba?
La Resolución 45/2026 es una norma que establece medidas específicas para prevenir el financiamiento al terrorismo en Cuba. Obliga a las personas naturales y jurídicas a congelar fondos y reportar operaciones sospechosas, con riesgo de sanciones administrativas, penales y civiles para quienes no cumplan. Esta resolución invoca resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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¿Cómo afecta la Resolución 86/2026 a cuentapropistas y MIPYMES en Cuba?
La Resolución 86/2026 convierte a cuentapropistas y MIPYMES en sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de financiamiento al terrorismo. Deberán vigilar las operaciones de sus clientes y reportar sin informarles, con una obligación de confidencialidad absoluta. Esta medida amplía el control estatal sobre el sector privado, ya que se les exige cooperar con las autoridades y conservar la información por al menos cinco años.
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¿Cuál es el contexto internacional que ha llevado a Cuba a implementar estas normas?
El contexto internacional incluye la presión de Estados Unidos sobre Cuba, que ha sido reincorporada a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. En 2025, Donald Trump tomó esta medida y en 2026 también firmó una orden ejecutiva que amplía las sanciones contra funcionarios del régimen cubano, aumentando el aislamiento financiero. Estas acciones subrayan el intento del régimen cubano de demostrar compromiso con estándares internacionales en medio de esta presión.
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¿Cuáles son las consecuencias para quienes incumplan las nuevas normativas en Cuba?
El incumplimiento de las nuevas normativas puede llevar a sanciones administrativas, penales y civiles. Las personas o entidades que no congelen fondos sospechosos o no reporten operaciones vinculadas al terrorismo pueden enfrentar acciones legales que incluyen severas penalizaciones, supervisión estatal y pérdida de licencias para operar en el país.
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