Vídeos relacionados:
El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha imputado este martes al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga el presunto blanqueo de capitales vinculado al rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia.
Se trata de la primera vez en la historia de la democracia española que un expresidente del Gobierno es imputado en una causa por corrupción. Según El País, el juez José Luis Calama ha citado a Zapatero a declarar el próximo 2 de junio.
Simultáneamente a la imputación, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron la oficina del expresidente en la calle Ferraz de Madrid, la empresa de sus hijas 'What the Fav', la mercantil Inteligencia Prospectiva S.L. —controlada por la familia venezolana Amaro Chacón— y la asesoría jurídica Softgestor.
En el registro del despacho de Zapatero participaron agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), una unidad especializada en la apertura de cajas fuertes y en la localización de escondites no visibles, que accedieron al inmueble con maletines de herramientas.
En el epicentro de la trama está la consultora Análisis Relevante S.L., creada en febrero de 2020 por el empresario alicantino Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero y con quien compartía negocios.
Esa consultora facturó unos 460,000 euros a Plus Ultra en cinco años y, a su vez, pagó al expresidente unos 463,000 euros brutos por labores de «consultoría global».
El propio Zapatero reconoció públicamente haber cobrado más de 400,000 euros en ese período, alegando que realizó trabajos de consultoría legítimos y que los ingresos fueron declarados a Hacienda.
La investigación apunta además a la existencia de un contrato entre Plus Ultra y Julio Martínez que le otorgaba una comisión del 1% si el Gobierno entregaba íntegra la ayuda de 53 millones, documento que habría sido hallado en los ordenadores incautados por la UDEF.
Los investigadores también requirieron información a la SEPI —organismo que aprobó el rescate— y a la constructora china Aldesa, lo que apunta a los indicios de tráfico de influencias atribuidos al expresidente.
La causa tiene antecedentes en 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF comenzaron a indagar el paradero del dinero del rescate tras recibir peticiones de información de Suiza y Francia por presunto blanqueo de capitales en esos territorios.
El 11 de diciembre de 2025, la UDEF registró la sede de Plus Ultra y detuvo a su presidente, Julio Martínez Sola, y a su consejero delegado, Roberto Roselli.
Ese juzgado acabó archivando la causa, pero el juez Calama asumió la competencia el 3 de marzo al considerar que el asunto tenía mayores ramificaciones, y acaba de acordar el levantamiento del secreto de sumario.
La aerolínea Plus Ultra, con una estructura accionarial de fuerte presencia venezolana, había sido objeto de polémica desde que se aprobó su rescate en 2021 por tratarse de una compañía pequeña y con dudas sobre su viabilidad previa a la pandemia.
La noticia desató una intensa reacción política en España. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, calificó la imputación de «gravedad extrema» al tratarse del «principal consejero de Sánchez» y exigió la comparecencia del presidente del Gobierno: «Los capos de la trama empiezan a caer», afirmó.
El líder de Vox, Santiago Abascal, declaró que es «necesaria» una moción de censura contra Pedro Sánchez, mientras que la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, expresó «dudas» sobre la imputación: «Nos falta muchísima información», señaló.
El PSOE defendió la presunción de inocencia de Zapatero e insinuó una persecución judicial orquestada por la derecha. La portavoz del partido, Montse Mínguez, escribió en X: «No pararán».
Además de Zapatero, permanecen investigados el presidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, el consejero delegado Roberto Roselli, el abogado de la compañía Santiago Fernández Lena, otro abogado madrileño y el banquero peruano Luis Felipe Baca.
Archivado en: