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El Tribunal Provincial Popular de Matanzas condenó este martes a dos hombres a 15 años de prisión cada uno, y a un tercero a 10 años, por robo con violencia en un juicio oral y público celebrado de forma «ejemplarizante», en medio de la creciente delincuencia en la isla.
El proceso, registrado como la Causa 10 de 2026, se originó en el poblado de Máximo Gómez, municipio de Perico, donde los tres acusados irrumpieron en una vivienda para apoderarse de bienes de valor, informó el periódico local Girón en Facebook.
Al ser sorprendidos por uno de los moradores, lo agredieron y le causaron múltiples lesiones corporales.
La Fiscalía había solicitado penas de 10, 17 y 20 años de privación de libertad respectivamente, según el grado de responsabilidad de cada acusado, con base en los artículos 34.1, 42.1 y 59.1 del Código Penal cubano.
El Tribunal -que enmarcó el juicio en el Quinto Ejercicio Nacional de Enfrentamiento al Delito- calificó los hechos como robo con violencia o intimidación en las personas en grado de tentativa y rebajó las penas respecto a lo pedido por la Fiscalía: 15 años para dos de los acusados y 10 años para el tercero, con sanciones accesorias de privación de derechos y prohibición migratoria.
Además, todos los condenados deberán indemnizar a la víctima por los daños y perjuicios causados. La Fiscalía también solicitó una compensación específica para la esposa del agredido por los gastos de curación y transporte derivados de las lesiones.
En el acto participaron miembros de organizaciones de la llamada sociedad civil de la comunidad, en línea con el carácter público y disuasivo que el régimen imprime a estos procesos.
El juicio se enmarca en el Quinto Ejercicio Nacional contra el delito y la corrupción, lanzado el pasado lunes desde la sede del Comité Central del Partido Comunista mediante videoconferencia con autoridades provinciales de todo el país.
Entre las prioridades del ejercicio se anunció la realización de una veintena de juicios «ejemplarizantes» en todo el territorio nacional, con énfasis en delitos vinculados a drogas y ataques al sistema eléctrico, aunque también abarca delitos comunes como el robo con violencia.
Los «juicios ejemplarizantes» son una herramienta recurrente del sistema judicial cubano para ejercer control social mediante procesos penales celebrados públicamente y con amplia cobertura en medios oficiales. El régimen los utiliza como mecanismo de disuasión ante el aumento de la delincuencia en la Isla.
Esta práctica se ha intensificado en los últimos años. En el ejercicio nacional de diciembre de 2024 se reportaron más de 3,300 arrestos y juicios en menos de una semana, junto a más de 508,000 inspecciones y el cierre temporal de 680 negocios en todo el país.
En marzo de 2025, el régimen prometió nuevos juicios ejemplarizantes como parte de una nueva ofensiva contra la delincuencia, en un contexto de deterioro sostenido de la seguridad ciudadana que las propias autoridades cubanas han reconocido.
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