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La minera canadiense Sherritt International Corporation anunció este miércoles que ha firmado un acuerdo preliminar no vinculante con Gillon Capital, LLC, la oficina familiar del empresario texano Ray Washburne, exfuncionario de la primera administración Trump, para una colocación privada que otorgaría a esa firma el control del 55% de las acciones ordinarias de la empresa.
El mecanismo propuesto consiste en la emisión de un warrant ejercitable durante nueve meses desde la fecha de cierre del acuerdo, a un precio que se espera sea inferior al precio de cierre de C$0,11 registrado el 15 de mayo de 2026.
El dato más relevante del anuncio es la posición del gobierno estadounidense: el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro confirmaron que «no se oponen al compromiso de Gillon Capital en las negociaciones con la Corporación y, basándose en la información proporcionada hasta la fecha, no consideran dichas negociaciones contrarias a la ley estadounidense».
Cualquier transacción definitiva requerirá, no obstante, aprobación formal de ambas agencias y de la Bolsa de Toronto.
Washburne fue nominado por Donald Trump en junio de 2017 para presidir la Corporación de Inversión Privada en el Exterior (OPIC), la agencia federal de financiamiento al desarrollo de EE.UU., y fue confirmado por el Senado en julio de ese año.
Su conocimiento del aparato regulatorio y sus vínculos con la administración Trump son considerados clave para navegar el complejo entorno de sanciones que ha llevado a Sherritt al borde de la desaparición.
La cronología de la crisis ha sido vertiginosa. Todo comenzó con la Orden Ejecutiva de Trump del 1 de mayo de 2026, que amplió las sanciones contra Cuba e introdujo sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que operen con entidades cubanas bloqueadas.
El 6 de mayo, el secretario de Estado Marco Rubio designó a GAESA, a su presidenta y a Moa Nickel S.A. —la empresa conjunta de Sherritt con el Estado cubano— bajo esa orden, acusando a la minera de haber «explotado los recursos naturales de Cuba para beneficiar al régimen a expensas del pueblo cubano».
Tras esa designación, Sherritt suspendió operaciones en Cuba el 7 de mayo y repatrió a sus empleados expatriados.
El 12 de mayo renunció su auditor externo, Deloitte LLP, con efecto inmediato, y el 15 de mayo la empresa anunció la disolución formal de sus intereses en la isla.
Sin embargo, el 19 de mayo Sherritt frenó esa disolución al vislumbrar lo que describió como una «oportunidad de preservación de valor», que ahora se revela como el acuerdo con Gillon Capital.
La empresa reconoció en ese comunicado que «enfrenta una serie de dificultades operativas, financieras y legales agudas, incluyendo la capacidad de cumplir con sus convenios de deuda».
El contexto financiero es igualmente crítico: el Estado cubano acumula una deuda de al menos 344 millones de dólares con Sherritt, de los cuales 277 millones corresponden directamente a General Nickel Company S.A.
Además, las empresas extranjeras tienen plazo hasta el 5 de junio de 2026 para cerrar operaciones con GAESA antes de quedar expuestas a sanciones secundarias, lo que añade urgencia extrema a la conclusión del acuerdo con Gillon Capital.
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