Venezuela anuncia liberación de 300 presos políticos esta semana

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció el martes que 300 personas serán liberadas entre el lunes y este viernes, en un proceso que el régimen de Nicolás Maduro presenta como un gesto humanitario pero que organizaciones de derechos humanos califican de insuficiente y opaco.

«Entre el día de ayer (lunes) y este viernes, 300 personas serán puestas en libertad, algunas incursas en hechos, en delitos demostrados pero, por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología, se está cumpliendo, más allá de la ley de amnistía, con un proceso de darle beneficio a esas personas», explicó Rodríguez en una sesión ordinaria del Legislativo.

Entre los primeros liberados figura una adolescente de 16 años, Samanta Sofía Hernández Castillo, excarcelada tras casi seis meses detenida en la Entidad de Atención de Antímano, en Caracas, donde había ingresado en noviembre de 2025 tras un allanamiento en casa de sus abuelos.

El periodista Luis Carlos Díaz la describió como «la última presa política menor de 18 años que quedaba en Venezuela».

También fue excarcelada Merys Torres de Sequea, de 71 años, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de prisión por su supuesta participación en la Operación Gedeón, un ataque marítimo fallido contra el gobierno de Maduro en mayo de 2020.

Además, serán liberados los expolicías Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, condenados a la pena máxima de 30 años por homicidio calificado frustrado durante los sucesos del 11 de abril de 2002, cuando al menos 19 personas murieron en los enfrentamientos de Puente Llaguno, en el centro de Caracas.

El anuncio llega una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su gobierno se asegurará de liberar a todos los presos políticos en Venezuela, declarando «vamos a sacarlos a todos».

El contexto en que se produce la medida es sombrío: el 7 de mayo, el gobierno venezolano reconoció la muerte bajo custodia del preso político Víctor Hugo Quero Navas, fallecido el 24 de julio de 2025 pero cuya muerte fue ocultada durante más de nueve meses a su familia.

Su madre, Carmen Teresa Navas, quien lo buscó durante 16 meses, falleció el pasado lunes sin haber obtenido justicia.

ONG y partidos opositores exigen una investigación independiente con apoyo internacional sobre ese caso, que ha generado una crisis de imagen para el régimen.

Las liberaciones se enmarcan en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por unanimidad en febrero por la Asamblea Nacional y promulgada esa misma noche por Delcy Rodríguez.

Sin embargo, Human Rights Watch advirtió el 13 de mayo que la implementación de la ley es injusta y opaca, señalando que muchos detenidos arbitrariamente quedaron excluidos y que los tribunales exceden los plazos legales.

Juanita Goebertus Estrada, directora para las Américas de HRW, fue contundente: la ley «está muy lejos de garantizar la liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente por motivos políticos».

La brecha entre las cifras oficiales y las verificadas es enorme: mientras el gobierno afirma que más de 8,600 personas se han beneficiado de la ley, Foro Penal solo verificó 768 excarcelaciones reales desde el 8 de enero, y estimaba que entre 454 y 477 presos políticos permanecían detenidos a finales de abril.