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Raúl Castro se convirtió este miércoles en el más reciente nombre de una lista de mandatarios y exjefes de Estado latinoamericanos enjuiciados por Estados Unidos, tras ser imputado en Miami por la muerte de cuatro aviadores en 1996, cuando ordenó el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales.
La acusación, aprobada por un gran jurado del Distrito Sur de Florida el 23 de abril y hecha pública este miércoles en la Freedom Tower de Miami, incluye siete cargos federales: conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y dos por destrucción de aeronaves.
Según la Fiscalía, Castro ordenó el derribo en su capacidad de ministro de Defensa, mientras las avionetas volaban sobre aguas internacionales. Las cuatro víctimas fueron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, todos cubanoamericanos.
Junto al expresidente cubano, de 94 años, fueron imputados cinco militares: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez.
La Organización de Aviación Civil Internacional concluyó en julio de 1996 que las aeronaves fueron derribadas entre nueve y diez millas náuticas fuera del espacio aéreo territorial cubano, es decir, en espacio aéreo internacional. El incidente fue el detonante directo para la aprobación de la Ley Helms-Burton, que endureció el embargo estadounidense contra Cuba.
Con esta imputación, Castro se une a su estrecho aliado, el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero de 2026 y trasladado a Nueva York, donde aguarda juicio en una prisión federal de Brooklyn junto a su esposa Cilia Flores, acusados de narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína y posesión de armas de guerra.
Antes que ellos, el dictador panameño Manuel Noriega fue capturado por fuerzas estadounidenses en enero de 1990 tras la Operación Causa Justa, condenado en 1992 a 40 años por narcotráfico, de los que cumplió veinte.
En 2013, el expresidente guatemalteco Alfonso Portillo se convirtió en el primer exmandatario latinoamericano extraditado por su propio país a EE.UU., donde fue condenado a cinco años y diez meses por lavado de dinero.
El expresidente hondureño Rafael Callejas se entregó voluntariamente en 2015 por el escándalo de corrupción de la FIFA y fue condenado en 2020 a tiempo cumplido.
Su compatriota Juan Orlando Hernández recibió en 2024 una sentencia de 45 años por narcotráfico, aunque el presidente Donald Trump le otorgó un indulto total en diciembre de 2025, calificando el caso como una «cacería de brujas» de la administración demócrata.
Analistas señalan que la acusación contra Castro tiene un valor principalmente simbólico, dado que no existe tratado de extradición entre Cuba y EE.UU. y que el nonagenario expresidente nunca ha pisado suelo estadounidense.
El régimen cubano, a través de Miguel Díaz-Canel, rechazó la imputación y calificó las acciones de Washington como «inmorales», «ilegales» y «criminales», al tiempo que justificó el derribo de las avionetas.
La acusación llega 30 años después de los hechos y se enmarca en la política de máxima presión que la administración Trump mantiene sobre Cuba y Venezuela.
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