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Cuando Bill Clinton compareció ante la prensa el 26 de febrero de 1996 para condenar el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate por cazas militares cubanos, su respuesta fue contundente en palabras pero deliberadamente limitada en alcance: sanciones colectivas contra el Estado cubano, ningún cargo penal contra Raúl Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
En aquella rueda de prensa en la Casa Blanca, Clinton describió el ataque como «una flagrante violación del derecho internacional» y anunció una serie de medidas.
Entre estas, instruyó a la embajadora Madeleine Albright para convocar una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, suspendió indefinidamente los vuelos chárter entre Estados Unidos y Cuba, endureció las restricciones de viaje a funcionarios cubanos en suelo estadounidense y ordenó ampliar el alcance de Radio Martí.
El ataque había ocurrido dos días antes, el 24 de febrero de 1996, cuando aviones MiG de la Fuerza Aérea Revolucionaria Cubana derribaron dos avionetas Cessna civiles y desarmadas sobre aguas internacionales en el estrecho de Florida, matando a cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr. (45 años), Carlos Costa (30 años), Mario de la Peña (24 años) y Pablo Morales (30 años). Sus cuerpos nunca fueron recuperados.
La Organización de Aviación Civil Internacional determinó que el derribo ocurrió entre nueve y diez millas náuticas fuera del espacio aéreo cubano, lo que lo convirtió en un acto ilegal bajo el derecho internacional.
Clinton aceleró además la aprobación de la Ley Helms-Burton, que la Cámara de Representantes aprobó el 1 de marzo con 336 votos a favor y 86 en contra, y que fue promulgada el 12 de marzo de 1996. La ley codificó el embargo económico contra Cuba y redujo el margen de futuros presidentes para flexibilizarlo unilateralmente.
Sin embargo, el entonces presidente no impulsó ningún proceso penal individual contra Raúl Castro ni contra ningún otro dirigente cubano.
La estrategia de Washington fue castigar al Estado cubano como entidad, no a sus líderes de forma personal.
En ese contexto, procesar penalmente a un ministro de un Estado soberano sin tratado de extradición era jurídicamente inviable y políticamente impensable.
La evidencia de la responsabilidad directa de Raúl Castro tardaría años en hacerse pública. En junio de 1996, cuatro meses después del ataque, Castro fue grabado describiendo la orden que dio: «Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban... Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan».
El audio, de 11 minutos y 32 segundos, fue publicado en 2006 por El Nuevo Herald y verificado por Alcibiades Hidalgo, exsecretario personal de Castro.
Documentos desclasificados del FBI mencionan además la existencia de una «Operación Venecia», que habría planificado el derribo con premeditación, reforzando la tesis de que el ataque no fue una decisión improvisada.
Treinta años después, el Departamento de Justicia se prepara para anunciar este miércoles cargos penales federales contra Raúl Castro, de 94 años.
José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate y sobreviviente del ataque, resumió el sentimiento de las familias: «He deseado esto durante mucho tiempo. He deseado que se haga justicia, que la justicia se haga realidad».
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