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El Food Monitor Program (FMP), organización independiente de monitoreo de la seguridad alimentaria en Cuba, publicó recientemente una columna en la que documenta cómo inspectores estatales y agentes policiales han convertido el acceso a los alimentos en un instrumento de control social, presión y beneficio personal en la isla.
El informe, titulado «El reverso de la ley: injusticias en tiempos de hambre», señala que el problema no radica únicamente en la escasez sistémica, sino en la forma en que determinados funcionarios intervienen de manera discrecional en los circuitos de acceso y distribución alimentaria.
«En un país donde tienen más peso las prácticas de facto que las leyes formales, el control sobre los alimentos —ya limitado por la propia crisis— se convierte en un instrumento de presión y, en algunos casos, de beneficio personal», advierte la organización.
El alcance de los operativos es revelador: según cifras oficiales presentadas por la Asamblea Nacional en julio de 2025, se habían realizado 1.066.435 inspecciones de control de precios, con 675.783 violaciones detectadas, 661.653 multas, más de 2.177 millones de pesos recaudados, 8.430 cierres de establecimientos y 2.432 decomisos.
Sin embargo, el FMP subraya que esas cifras no reflejan una aplicación igualitaria de la ley: «Si estas penalizaciones fueran igualitarias y desde un marco consensuado de la ley, todo bien, pero no es el caso».
Un reporte del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) del mismo período documentó que trabajadores y comerciantes denunciaban verse obligados a entregar dinero o productos para evitar multas de entre 1.500 y 15.000 pesos.
El mismo reporte hablaba de «confabulación» entre inspectores estatales y comerciantes de mipymes y puntos agrícolas para evadir multas, suspensiones de licencias, clausuras y comiso de bienes.
Entre las prácticas más frecuentes documentadas por el FMP figura la revisión sistemática de vehículos entre municipios, donde agentes decomisan de forma inmediata productos básicos como arroz, frijoles, carne, leche o combustible doméstico, incluso en cantidades mínimas, sin criterios claros de proporcionalidad ni mecanismos de reclamación.
Los operativos han dejado rastros concretos en varias provincias: en Granma, inspectores aplicaron multas de entre 16.000 y 72.000 pesos por vender pollo o trabajar sin licencia; en Santiago de Cuba se reportaron multas, decomisos y suspensión de licencias por irregularidades en aceite, pollo, leche en polvo y espaguetis; y en Villa Clara, la policía decomisó 25 cilindros de gas en una vivienda durante un ejercicio nacional contra «ilegalidades».
El informe también señala que patrullas vigilan las inmediaciones de tiendas que operan en divisas para impedir la adquisición informal de moneda extranjera, lo que restringe aún más el acceso a alimentos disponibles únicamente en esos circuitos.
Muchos de los afectados son, según el FMP, pequeños comerciantes que operan en condiciones de subsistencia: «Estas actividades complementarias —reventa de pan, harina, dulces o producción doméstica de alimentos— no responden a una lógica de acumulación, sino de supervivencia y precariedad».
La organización concluye que estas prácticas configuran «un escenario donde la alimentación, muy lejos de ser garantizada como un derecho básico, queda sujeta a dinámicas de control, arbitrariedad y negociación informal», y califica la situación como «un déficit institucional crónico» que exige mecanismos urgentes de supervisión y rendición de cuentas.
El deterioro del acceso a alimentos en Cuba es sostenido: la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria 2025 del FMP halló que el 33,9% de los hogares tuvo al menos un miembro que se fue a dormir con hambre en los últimos 30 días, frente al 24,6% registrado en 2024.
Preguntas frecuentes sobre el control social a través de los alimentos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo se utiliza el acceso a los alimentos como herramienta de control social en Cuba?
Inspectores estatales y agentes policiales en Cuba han convertido el acceso a los alimentos en un instrumento de control social. Esto se realiza mediante operativos que incluyen inspecciones, multas y decomisos, lo que limita el acceso equitativo a los alimentos y beneficia a ciertos funcionarios en un entorno ya afectado por la escasez.
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¿Qué revela el informe del Food Monitor Program sobre las inspecciones en Cuba?
El informe del Food Monitor Program documenta que en 2025 se realizaron más de un millón de inspecciones de control de precios en Cuba, detectándose cientos de miles de violaciones. Sin embargo, se señala que estas cifras no reflejan una aplicación equitativa de la ley, ya que a menudo se utilizan para ejercer presión y control sobre la población en lugar de aplicar justicia de manera uniforme.
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¿Cuál es el impacto de la escasez de combustible en la producción agrícola en Cuba?
La escasez de diésel en Cuba ha llevado a los campesinos a intercambiar alimentos por combustible. Esta práctica, además de encarecer los costos de producción, introduce dinámicas de ilegalidad y vulnerabilidad para los agricultores, afectando directamente la disponibilidad de alimentos en el país.
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¿Cómo afecta la gestión de GAESA a la crisis alimentaria en Cuba?
GAESA, un conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, es acusado de agravar la crisis alimentaria en Cuba. Controla el acceso a divisas, importaciones y la distribución de alimentos, lo que limita las opciones para la población y prioriza los intereses económicos de la élite militar sobre el bienestar del pueblo.
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