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En medio de la crisis económica y alimentaria que azota a Cuba, las autoridades de Granma impusieron multas de hasta 72 mil pesos a ciudadanos que vendían pollo o prestaban servicios sin autorización estatal.
El perfil de Facebook Inspección Provincial de Granma informó este martes que sus inspectores “continúan en acciones de control” para aplicar el Decreto Ley 91/2024, que endurece las sanciones contra la población por supuestas violaciones económicas.
Según el reporte, las autoridades impusieron multas de entre 16,000 y 72,000 pesos cubanos a varios ciudadanos por ejercer actividades sin licencia o aplicar precios considerados “abusivos”.
Entre los casos más llamativos, la publicación menciona a un vendedor de pollo troceado en la calle Figueredo de Bayamo, sancionado con 72,000 pesos por vender el producto a 420 pesos la libra.
Otro vendedor del mismo alimento, en la misma zona, fue multado con 36,000 pesos por ofrecerlo a 410 pesos la libra.
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Los inspectores aseguraron que el primer sancionado “obstaculizó la inspección” y fue citado por la Policía a través del jefe de sector.
La publicación destaca además que se detectaron “otros TCP” (trabajadores por cuenta propia) vendiendo productos “sin ficha de costo”, a quienes se les impusieron multas de 16,000 pesos cada uno.
El informe incluye también a cuatro conductores particulares penalizados por transportar pasajeros sin licencia operativa —con multas de entre 16,000 y 36,000 pesos— y a un chofer de ómnibus sancionado por cobrar precios “abusivos” en la ruta Bayamo-La Habana.
Además, un cuentapropista en la avenida Jimmy Hirzel fue multado con 36,000 pesos por no aceptar pagos electrónicos o aplicar un recargo del 10% a los clientes que deseaban pagar por esa vía.
Frente al restaurante Tuxpan, los inspectores detectaron la venta “ilegal” de harina, cervezas y otros productos, aunque no precisaron el monto de las multas aplicadas.
El comunicado oficial concluye afirmando que los inspectores “continuarán en acciones para detectar violaciones de precios y otras contravenciones que afectan a nuestro pueblo”.
Sin embargo, la realidad económica muestra lo contrario: con salarios estatales que apenas superan los 6,000 pesos mensuales, las sanciones de decenas de miles de pesos se han convertido en una nueva forma de castigo para los cubanos que intentan sobrevivir a la inflación y al desabastecimiento.
Estas multas se enmarcan en la política del régimen de controlar la actividad privada y reprimir el mercado informal, que en muchos casos es la única vía para acceder a alimentos básicos como el pollo, ante la incapacidad del Estado para garantizar la canasta familiar.
Las recientes sanciones impuestas en Granma forman parte de una escalada de represión económica que se extiende por todo el país.
En Ciego de Ávila, un vendedor de arroz fue multado con 40,000 pesos por “violaciones de precios”, mientras otro comerciante fue sancionado por supuestamente aplicar recargos injustificados.
Estos casos reflejan cómo las autoridades aplican el Decreto Ley 91 con total rigidez, incluso cuando los afectados dependen de estas ventas para sobrevivir.
Ya en octubre, el régimen había endurecido sus controles sobre pequeños vendedores con multas de hasta 16,000 pesos por comerciar sin licencia o sin mostrar fichas de costo, incluso en actividades como la venta de pan, vegetales o alimentos elaborados de forma artesanal.
El argumento oficial ha sido el control de la inflación, aunque en la práctica muchas de estas medidas han golpeado directamente a trabajadores por cuenta propia y familias que viven del mercado informal.
En septiembre, operativos en La Habana contra vendedores ambulantes dejaron imágenes de decomisos masivos y de ciudadanos desesperados por no poder continuar sus actividades diarias.
Entre los afectados hubo adultos mayores y jóvenes que transportaban frutas, dulces o pan en carretillas y cajas improvisadas.
Preguntas frecuentes sobre las multas y el control estatal en Cuba
¿Por qué se imponen multas de hasta 72 mil pesos en Cuba por vender pollo?
Las autoridades cubanas imponen estas multas como parte de un control estricto sobre la actividad económica, sancionando a quienes venden productos sin autorización o a precios considerados abusivos. Este tipo de medidas se enmarcan en una política del régimen para reprimir el mercado informal, que es una de las pocas vías de acceso a alimentos básicos para muchos cubanos.
¿Qué es el Decreto Ley 91/2024 y cómo afecta a los vendedores en Cuba?
El Decreto Ley 91/2024 endurece las sanciones contra actividades económicas sin licencia en Cuba. Afecta principalmente a vendedores informales y trabajadores por cuenta propia, quienes enfrentan multas elevadas por no cumplir con las regulaciones estatales. La implementación de esta ley representa un intento de controlar el mercado informal, a pesar de la escasez alimentaria y económica que enfrenta el país.
¿Cómo impactan estas multas en la población cubana?
Las multas representan una carga económica desproporcionada para los cubanos, cuyos salarios estatales son insuficientes para cubrir montos que alcanzan decenas de miles de pesos. Estas sanciones agravan la situación de quienes intentan sobrevivir en medio de la inflación y el desabastecimiento, limitando aún más el acceso a productos básicos.
¿Qué otras medidas han tomado las autoridades cubanas para controlar el mercado informal?
Además de las multas, las autoridades realizan operativos de control que incluyen decomisos y ventas forzadas. También han establecido topes de precios para productos agropecuarios, aunque estas medidas no han logrado frenar la inflación ni el desabastecimiento en los mercados, provocando críticas por parte de la población.
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