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La Unión Europea y el Consejo de Europa avanzan en la creación de un tribunal especial para juzgar a Vladimir Putin y a otros altos funcionarios rusos por el delito de agresión contra Ucrania, en un esfuerzo sin precedentes para exigir responsabilidades por la invasión iniciada en 2022.
El proyecto, acordado este mes entre ambas instituciones europeas, pretende llenar un vacío legal que impide a la Corte Penal Internacional (CPI) procesar directamente a los líderes rusos por el crimen de agresión, según explicó el ex primer ministro británico Gordon Brown en un artículo publicado por The Guardian.
Aunque la CPI mantiene abiertas investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra y ha emitido órdenes de arresto contra varios funcionarios rusos, su jurisdicción sobre este delito específico es limitada debido a que Rusia no forma parte del Estatuto de Roma.
El nuevo mecanismo judicial pondría el foco en quienes participaron en la planificación, preparación y ejecución de la ofensiva militar contra Ucrania. Entre los posibles investigados figuran altos cargos políticos, militares y funcionarios estrechamente vinculados al Kremlin.
La CPI ya emitió órdenes de arresto contra Putin y María Lvova-Belova, comisionada rusa para los derechos del niño, por la presunta deportación ilegal de menores ucranianos desde territorios ocupados. También ha ordenado la detención del exministro de Defensa Serguéi Shoigú y del jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov.
Los promotores de la iniciativa consideran que el tribunal especial permitirá perseguir la responsabilidad de quienes tomaron la decisión política de iniciar la guerra, una competencia que actualmente no puede ejercer la CPI en este caso.
La propuesta se inspira en precedentes históricos como los juicios de Núremberg, celebrados tras la Segunda Guerra Mundial, que sentaron las bases para procesar a dirigentes responsables de guerras de agresión y otros crímenes internacionales.
Mientras continúan los combates en Ucrania, las instituciones europeas trabajan en la elaboración de las normas procesales, la designación de jueces y fiscales y la estructura jurídica que regirá el nuevo tribunal.
Sus impulsores sostienen que la iniciativa busca reforzar el derecho internacional y enviar el mensaje de que los responsables de iniciar conflictos armados no deben quedar al margen de la justicia, independientemente de su posición política o militar.
Aunque no existe una fecha definida para el inicio de los procesos, la creación del tribunal representa uno de los mayores intentos internacionales de exigir responsabilidades a la dirigencia rusa desde el comienzo de la guerra.
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