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La administración del presidente Donald Trump está desarrollando una regulación que permitiría a los funcionarios de inmigración rechazar ciertas solicitudes de asilo sin entrevistar previamente a los solicitantes, según documentos internos del gobierno federal obtenidos por CBS News.
La medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aplicaría específicamente a quienes presentaron su solicitud de asilo más de un año después de ingresar a Estados Unidos, en contravención del plazo legal establecido.
Bajo esta regulación, los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) quedarían facultados para desestimar esas solicitudes sin seguir la práctica histórica de entrevistar a los solicitantes, y remitirlos directamente a procedimientos de deportación ante los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia.
Un portavoz de USCIS confirmó a CBS News que la administración está «considerando múltiples opciones» para abordar un atraso de más de un millón de solicitudes, que atribuye a las «peligrosas políticas de fronteras abiertas de la administración Biden».
El portavoz añadió que la medida «permitiría a USCIS evitar desperdiciar tiempo en solicitudes de asilo que de otro modo remitiría a procedimientos de inmigración y permitirá a los extranjeros ilegales que sus casos sean escuchados por un juez».
La propuesta no eliminaría por completo las entrevistas: los casos que encajen en las excepciones legales al plazo de un año —como enfermedades graves, deficiencias en la representación legal o menores no acompañados— podrían seguir recibiendo una entrevista antes de que se tome una decisión.
Sin embargo, la iniciativa ha generado alarma entre defensores de inmigrantes.
Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo (ASAP), advirtió que la regulación podría colocar «erróneamente» a solicitantes en procedimientos de deportación sin permitirles explicar por qué presentaron su solicitud fuera del plazo.
Cruz señaló que hay «muchas razones» por las que los solicitantes pueden presentar sus solicitudes más de un año después de entrar al país, «incluyendo porque han estado viviendo en el país con un estatus temporal, como una visa».
«El gobierno estaría cambiando las reglas a los inmigrantes que han estado navegando un complejo proceso de inmigración, a menudo durante muchos años», agregó la abogada.
La magnitud del atraso acumulado es el argumento central del gobierno para justificar el cambio: USCIS tenía 1.5 millones de solicitudes de asilo pendientes a finales de 2025, mientras que los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia registraban 3.3 millones de casos pendientes a marzo de 2026, de los cuales 2.3 millones involucran solicitudes de asilo.
Esta propuesta se suma a una serie de medidas que la administración Trump ha adoptado para restringir el acceso al sistema de asilo desde el inicio de su segundo mandato.
En noviembre de 2025, USCIS congeló todas las decisiones de asilo tras revelarse que el sospechoso de un ataque a dos soldados de la Guardia Nacional en Washington D.C. era un afgano al que se le había concedido asilo.
Esa pausa fue reducida parcialmente en marzo de 2026, pero sigue vigente para ciudadanos de 39 países incluidos en la proclamación de prohibición de viaje de Trump, entre ellos Cuba.
Desde el 29 de mayo, USCIS también cobra una tarifa anual de 102 dólares a las solicitudes de asilo pendientes por más de un año, bajo riesgo de rechazo si no se paga en 30 días.
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