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El presidente Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva que elimina las protecciones laborales de cerca de 8.000 empleados federales que participan en la elaboración y aplicación de políticas públicas, una medida que facilitará su despido por parte de la Administración.
Según informó la agencia EFE desde Washington, la orden fue firmada en el Despacho Oval y afecta a trabajadores de carrera que ocupan cargos de dirección, asesoran en la redacción de regulaciones, participan en decisiones sobre subvenciones federales o desempeñan otras funciones vinculadas al diseño de políticas gubernamentales.
Los empleados afectados quedan reclasificados en una nueva categoría denominada «Schedule Policy/Career», con lo que pierden los procedimientos de acción adversa y los derechos de apelación que hasta ahora los protegían de despidos discrecionales, una prerrogativa reservada tradicionalmente a los cargos políticos designados por el presidente.
El 97% de los puestos alcanzados por la medida corresponden a niveles GS-15 o superiores, con salarios que rondan los 200.000 dólares anuales.
El Gobierno argumenta que la medida responde a los obstáculos que, a su juicio, enfrentó Trump durante su primer mandato por parte de funcionarios de carrera que se resistieron a determinadas decisiones de la Casa Blanca, especialmente en asuntos legales y regulatorios.
La Administración sostiene que los empleados en la nueva categoría no están obligados a apoyar personal o políticamente al presidente, pero sí deben implementar fielmente las políticas de la Administración, y que el incumplimiento de esa obligación puede ser motivo de despido.
La orden revive y amplía el concepto original de «Schedule F», que Trump introdujo por primera vez en octubre de 2020 al final de su primer mandato.
El presidente Joe Biden revocó esa orden en enero de 2021 antes de que se implementara plenamente. Al regresar a la Casa Blanca, Trump la reinstauró el 20 de enero de 2025 bajo el nombre actual, y la Oficina de Gestión de Personal emitió guías de implementación en febrero de 2026.
La orden de esta semana representa la primera aplicación concreta a gran escala del esquema, aunque la Administración había estimado previamente que hasta 50.000 posiciones podrían eventualmente ser reclasificadas.
Los sindicatos que representan a empleados federales criticaron la orden y advirtieron de que podría abrir la puerta a despidos por motivos políticos.
Sus dirigentes sostienen que la medida «debilita las garantías de independencia profesional de la función pública y erosiona los mecanismos de protección frente a decisiones arbitrarias».
La medida se enmarca en la estrategia más amplia de reducción del gobierno federal impulsada desde el inicio del segundo mandato de Trump, que incluyó decenas de miles de despidos en múltiples agencias.
En julio de 2025, la Corte Suprema allanó el camino para que la Administración avanzara con reorganizaciones y despidos masivos, tras anular bloqueos judiciales previos.
La Administración ha llegado a estimar que hasta 50.000 empleados podrían verse alcanzados por esta política en el futuro, lo que convertiría la orden firmada esta semana en el primer paso de una transformación de mayor alcance en la función pública federal.
Preguntas frecuentes sobre la eliminación de garantías laborales a empleados federales por parte de Trump
CiberCuba te lo explica:
¿Qué implica la nueva orden ejecutiva de Trump para los empleados federales?
La orden ejecutiva firmada por Donald Trump elimina las protecciones laborales de cerca de 8,000 empleados federales que participan en la elaboración y aplicación de políticas públicas. Esto facilita su despido por parte de la Administración al reclasificarlos en una nueva categoría denominada «Schedule Policy/Career», sin procedimientos de acción adversa ni derechos de apelación.
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¿Cuál es el objetivo de la Administración Trump al implementar esta medida?
La Administración sostiene que la medida responde a los obstáculos que enfrentó Trump durante su primer mandato, argumentando que funcionarios de carrera se resistieron a ciertas decisiones de la Casa Blanca. La nueva categoría busca asegurar que los empleados implementen fielmente las políticas de la Administración, con el incumplimiento como posible motivo de despido.
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¿Qué impacto podría tener esta orden en el futuro de la función pública federal?
La Administración estima que hasta 50,000 empleados podrían eventualmente ser reclasificados bajo esta política, lo que podría representar un cambio significativo en la función pública federal. Los sindicatos critican la medida, advirtiendo que podría abrir la puerta a despidos por motivos políticos y debilitar las garantías de independencia profesional.
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¿Cómo afecta esta medida a los salarios de los empleados federales afectados?
El 97% de los puestos afectados corresponden a niveles GS-15 o superiores, con salarios que rondan los 200,000 dólares anuales. La reclasificación podría impactar en la estabilidad y continuidad de estos salarios debido a la facilidad de despido que permite la nueva categoría.
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