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Un juez federal emitió hoy un fallo de 135 páginas que declara ilegales y anula cuatro políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que mantenían congeladas las solicitudes migratorias de nacionales de 39 países, entre ellos Cuba, Venezuela y Haití.
El juez John J. McConnell Jr., Juez Principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island, resolvió el caso Dorcas International Institute of Rhode Island contra USCIS (No. 26-cv-132-JJM-PAS) a favor de una coalición de organizaciones sin fines de lucro y sindicatos que impugnaron las medidas bajo la Ley de Procedimiento Administrativo y la Quinta Enmienda de la Constitución.
Las cuatro políticas anuladas
El fallo vacía y deja sin efecto cuatro políticas específicas de USCIS.
La primera es la Política de Suspensión de Beneficios Migratorios, que bloqueaba la adjudicación final de solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjetas de residencia permanente (green cards) y ciudadanía para nacionales de los 39 países incluidos en el llamado travel ban.
La segunda es la Política Global de Pausa de Asilo, que suspendía todas las decisiones sobre asilo y protección contra deportación, independientemente de la nacionalidad del solicitante.
La tercera es la Política de Revisión Masiva, que ordenaba revisar nuevamente beneficios migratorios ya aprobados para personas de esos países que habían ingresado a Estados Unidos desde el 20 de enero de 2021.
La cuarta es la Política de Factores por País de Origen, que instruía a los funcionarios de USCIS a usar el país de origen como factor negativo significativo al decidir solicitudes migratorias.
Qué dice el juez
El juez McConnell fue contundente al describir el impacto de las políticas: «Hace más de seis meses, USCIS implementó una serie de políticas que arrojaron las vidas de incontables inmigrantes que viven en Estados Unidos a un limbo legal indeterminado».
El magistrado señaló que los afectados habían cumplido todos los requisitos legales: presentaron los formularios correspondientes, pagaron las tarifas de solicitud, se sometieron a la recolección de datos biométricos y asistieron a las entrevistas requeridas.
Sin embargo, el juez concluyó que fue USCIS quien no cumplió con la ley: «La agencia no ha 'seguido la ley' ni ha 'hecho las cosas de la manera correcta'».
El fallo detalla que USCIS «reclama autoridad estatutaria y reglamentaria que no posee; toma decisiones sin las explicaciones razonadas que debe proveer; actúa sin considerar los intereses de los solicitantes; y justifica sus acciones con pretextos de 'seguridad nacional' que enmascaran sentimientos antiinmigrantes que tiene prohibido dejar influir en su toma de decisiones».
En términos jurídicos, el juez determinó que «las acciones de USCIS son contrarias a la ley y arbitrarias y caprichosas».
Quiénes demandaron y quiénes son los demandados
La demanda fue presentada por el Dorcas International Institute of Rhode Island, el Refugee Dream Center, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), el Sindicato de Trabajadores del Automóvil (UAW), African Communities Together, la Asociación Venezolana de Massachusetts, Partnership for the Advancement of New Americans y American Gateways.
Los demandados son USCIS, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Joseph Edlow como director de USCIS y Markwayne Mullin como secretario del DHS, quien sustituyó a Kristi Noem en el cargo.
Contexto de reveses judiciales a la política migratoria de Trump
Este fallo se suma a una cadena de decisiones judiciales adversas a las políticas migratorias de Trump durante 2026.
El 25 de abril, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. declaró ilegales las políticas de asilo de la administración. Dos días después, un juez federal en Maryland ordenó reanudar los trámites de residencia para 83 personas cuyos expedientes estaban congelados.
El Segundo Circuito también rechazó la política de detención obligatoria sin fianza para migrantes en Nueva York, Connecticut y Vermont.
El travel ban que originó las pausas fue establecido en el segundo mandato de Trump e inicialmente afectó a 19 países; en diciembre de 2025, la lista se amplió a aproximadamente 39 países, incluyendo Cuba, Venezuela y Haití.
El juez McConnell cerró su razonamiento con una afirmación de alcance general: «El estado de derecho tiene que aplicarse a todos por igual».
Preguntas frecuentes sobre el fallo judicial que anula políticas migratorias de USCIS
CiberCuba te lo explica:
¿Qué políticas de USCIS fueron anuladas por el fallo judicial?
El fallo judicial anuló cuatro políticas de USCIS: la Política de Suspensión de Beneficios Migratorios, la Política Global de Pausa de Asilo, la Política de Revisión Masiva y la Política de Factores por País de Origen. Estas políticas mantenían congeladas las solicitudes migratorias de nacionales de 39 países, incluyendo a cubanos, venezolanos y haitianos.
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¿Cómo afecta este fallo a los migrantes de 39 países, incluyendo Cuba?
El fallo beneficia directamente a los inmigrantes de los 39 países afectados por el travel ban, permitiéndoles retomar sus trámites de asilo, residencia permanente y ciudadanía, que habían sido bloqueados indefinidamente. Esto incluye a cubanos, venezolanos y haitianos, quienes podrán avanzar con sus solicitudes migratorias.
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¿Por qué el juez McConnell declaró ilegales las políticas de USCIS?
El juez McConnell argumentó que las políticas eran ilegales, arbitrarias y caprichosas, ya que USCIS reclamaba autoridad que no poseía, tomaba decisiones sin explicaciones razonadas y justificaba sus acciones con pretextos de seguridad nacional, lo cual enmascaraba sentimientos antiinmigrantes.
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¿Quiénes presentaron la demanda contra USCIS?
La demanda fue presentada por una coalición de organizaciones sin fines de lucro y sindicatos, incluyendo el Dorcas International Institute of Rhode Island, el Refugee Dream Center, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y la Asociación Venezolana de Massachusetts, entre otros.
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¿Cómo se enmarca este fallo judicial en el contexto de otras decisiones contra las políticas migratorias de Trump?
Este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales adversas a las políticas migratorias de Trump, como la declaración de ilegalidad de las políticas de asilo y la orden de reanudar trámites de residencia para casos congelados. Estos reveses judiciales reflejan una creciente presión sobre las medidas migratorias restrictivas del segundo mandato de Trump.
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