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Un panel unánime de tres jueces del Segundo Circuito de Apelaciones rechazó la política de la administración Trump que imponía la detención obligatoria sin posibilidad de solicitar fianza a migrantes detenidos, independientemente del tiempo que llevaran viviendo en Estados Unidos.
El fallo calificó la medida como «el mandato de detención masiva sin fianza más amplio en la historia de la nación para millones de no ciudadanos», y subrayó que plantea «serias preguntas constitucionales».
Un rechazo judicial transversal
La opinión fue redactada por el juez Joseph F. Bianco -nombrado por el propio Trump- y respaldada por los jueces Alison J. Nathan (nominada por Biden) y José A. Cabranes (nominado por Clinton), lo que subraya el carácter transversal del rechazo judicial a la medida.
Bianco escribió que la política enviaría «un choque sísmico a través de nuestro sistema de detención migratoria y la sociedad, saturando nuestra ya sobrecargada infraestructura de detención, encarcelando a millones, separando familias y perturbando comunidades».
El fallo aplica a los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont, y abre la puerta a que la Corte Suprema resuelva definitivamente si el gobierno puede detener indefinidamente a millones de migrantes, sin darles la oportunidad de comparecer ante un juez.
El caso que originó la decisión
El caso que motivó el fallo es el de Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un ciudadano brasileño que ingresó a Estados Unidos alrededor de 2005, solicitó asilo en 2016 y obtuvo permiso de trabajo mientras su solicitud era revisada.
Da Cunha no tiene antecedentes penales, es propietario de una vivienda en Massachusetts donde vive con su esposa y sus dos hijos ciudadanos estadounidenses, y dirige un pequeño negocio de construcción.
Fue arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en septiembre de 2025 bajo una orden administrativa, y colocado en procedimientos de deportación, sin que se le permitiera solicitar fianza ante un juez de inmigración.
Origen de la política migratoria
La política cuestionada fue implementada mediante un memorando firmado en julio de 2025 por Todd M. Lyons -director interino de ICE- que ordenó tratar a todos los migrantes sin inspección como sujetos a detención obligatoria, revirtiendo décadas de práctica en las que esa medida se limitaba a quienes acababan de cruzar la frontera o tenían antecedentes penales graves.
Saturación de tribunales y rechazo mayoritario
Esta reinterpretación ha saturado los tribunales federales, con aproximadamente 30,000 peticiones de Habeas Corpus de migrantes que, al no poder solicitar fianza en cortes migratorias, recurrieron a la vía judicial.
Más de 370 jueces federales -aproximadamente el 90% de los que han considerado estas peticiones- han rechazado la posición del gobierno, según datos citados en el propio fallo.
Un análisis del medio estadounidense Politico encontró que 420 jueces de distrito han rechazado la postura de Trump, frente a solo 47 que la han respaldado.
Sin embargo, el más reciente fallo del Segundo Circuito crea una división judicial con los tribunales del Quinto y el Octavo Circuito que -en fallos divididos de dos a uno- respaldaron la política de detención obligatoria de la administración Trump, poniendo el caso en trayectoria directa hacia la Corte Suprema.
Reacción del gobierno y respuesta de organizaciones civiles
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anticipó una apelación y defendió la medida.
«Trump y el secretario Markwayne Mullin están haciendo cumplir esta ley tal como fue escrita para mantener a América segura», aseveró el DHS, y advirtió que «los activistas judiciales han sido repetidamente revocados por la Corte Suprema en estas cuestiones».
Desde el lado opuesto, Amy Belsher, directora de Litigación de Derechos de Inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, celebró el fallo.
«El gobierno no puede detener obligatoriamente a millones de no ciudadanos, muchos de los cuales han vivido aquí durante décadas, sin una oportunidad de solicitar su liberación. Desafía la Constitución, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y la decencia humana básica», afirmó Belsher.
Impacto en la comunidad cubana
El impacto de la nueva política migratoria en la comunidad cubana ha sido considerable: las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% desde octubre de 2024, con 1,152 cubanos arrestados hasta enero de 2026, el 60% en el sur de Florida, muchos de ellos portadores del formulario I-220A y detenidos sin posibilidad de fianza.
Los arrestos de migrantes sin antecedentes penales aumentaron un 770% bajo la administración Trump hasta abril de 2026, y algunos cubanos solo lograron su liberación mediante fianzas de hasta 25,000 dólares.
Revés Judicial a la Política Migratoria de Trump
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue rechazada la política de detención obligatoria sin fianza de la administración Trump?
El Tribunal del Segundo Circuito de Apelaciones de EE.UU. rechazó la política de detención obligatoria sin fianza porque planteaba serias preguntas constitucionales, calificándola como la más amplia en la historia del país para millones de no ciudadanos. Además, su implementación saturaría el sistema de detención, separaría familias y perturbaría comunidades.
¿Cómo afecta el fallo a los inmigrantes cubanos en EE.UU.?
El impacto en la comunidad cubana ha sido considerable, ya que las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% desde octubre de 2024. Muchos de estos inmigrantes fueron detenidos sin posibilidad de fianza, lo que ha generado una presión significativa sobre la comunidad cubana en EE.UU.
¿Qué implica el fallo para el sistema judicial de EE.UU.?
El fallo crea una división judicial con los tribunales del Quinto y Octavo Circuito, que han respaldado la política de detención obligatoria. Esto pone el caso en trayectoria directa hacia la Corte Suprema, donde se definirá si el gobierno puede detener indefinidamente a millones de inmigrantes sin darles la oportunidad de comparecer ante un juez.
¿Cuál es el siguiente paso tras el fallo del Segundo Circuito?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anticipó una apelación, y el caso probablemente llegará a la Corte Suprema. El fallo del Segundo Circuito aplica actualmente a Nueva York, Connecticut y Vermont, pero el futuro veredicto de la Corte Suprema podría tener implicaciones a nivel nacional.
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