Vídeos relacionados:
Un juez federal bloqueó este viernes los intentos de la administración Trump de imponer nuevas condiciones a los estados para recibir miles de millones de dólares en fondos del programa de asistencia alimentaria SNAP, conocido popularmente como Food Stamps o cupones de alimentos.
El juez Myong Joun, del Distrito de Massachusetts, concedió una orden de interdicción preliminar a favor de una coalición de 20 estados de mayoría demócrata más el Distrito de Columbia, que argumentaron que las condiciones impuestas por el Departamento de Agricultura (USDA) eran inconstitucionales e ilegales.
Las condiciones impugnadas
Las condiciones bloqueadas, conocidas como las «Condiciones 2026», fueron emitidas por el USDA a finales de 2025 mediante una directiva administrativa.
Exigían a los estados certificar su cumplimiento con las políticas de la administración en materia de «ideología de género», «oportunidades deportivas justas para mujeres y niñas», políticas anti-discriminación e inmigración, como requisito para recibir todos los fondos del USDA, no solo los de SNAP.
Esto significaba que programas como los almuerzos escolares y el WIC también quedaban bajo la amenaza de perder financiamiento federal.
Según la queja presentada por los estados el 23 de marzo de 2026, las nuevas condiciones contienen «un conjunto vago de condiciones de financiamiento relacionadas con las supuestas políticas anti-discriminación del USDA, la 'ideología de género', las 'oportunidades deportivas justas' para mujeres y niñas, y la inmigración».
Los estados demandantes argumentaron además que el USDA había colocado «obstáculos inconstitucionales e ilegales entre los programas creados por el Congreso y los estados que dependen de ellos, amenazando el apoyo nutricional crítico, la investigación agrícola vital y la seguridad de nuestra cadena alimentaria nacional y nuestras comunidades».
Los abogados federales, por su parte, defendieron las nuevas condiciones como una herramienta para mejorar la supervisión del uso de los fondos, argumentando que «estas nuevas condiciones mejorarían la supervisión del financiamiento», según recoge The Washington Times.
El juez Joun anunció que emitiría un memorando posterior explicando los fundamentos de su decisión.
Un contexto de recortes históricos
Esta decisión judicial se enmarca en una ofensiva más amplia de la administración Trump contra el programa SNAP.
La ley «One Big Beautiful Bill» (H.R. 1), promulgada el 4 de julio de 2025, introdujo los mayores recortes en la historia del programa: aproximadamente 186,000 millones de dólares en una década.
Entre sus medidas más polémicas figuran la ampliación de los requisitos laborales para adultos de 18 a 64 años sin hijos menores de 14 años, la eliminación de la elegibilidad para refugiados y asilados, y la obligación de los estados de asumir hasta el 15% de los costos de beneficios.
El impacto ya es visible: más de tres millones de personas perdieron el acceso a SNAP entre julio de 2025 y enero de 2026, la caída más pronunciada en décadas según el Centro de Presupuesto y Prioridades de Políticas (CBPP).
El impacto en Florida
En Florida, cerca de 300,000 residentes perdieron el acceso al programa, incluyendo adultos mayores, veteranos y personas con discapacidades, cifra que casi duplicó las proyecciones iniciales del Departamento de Niños y Familias del estado.
Aproximadamente 55,000 de los afectados son adultos de entre 55 y 64 años.
El estado canaliza más de 7,000 millones de dólares anuales en SNAP para cerca de 2.9 millones de beneficiarios, equivalente al 13% de la población estatal.
En marzo de 2026, el Senado de Florida aprobó el proyecto de ley SB 1758, que introduce cambios adicionales al programa estatal, incluyendo verificación reforzada de beneficiarios y la posibilidad de tarjetas EBT con foto.
Desde el 20 de abril de 2026, un programa piloto federal prohíbe además a los beneficiarios de SNAP en Florida comprar refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres ultraprocesados.
Rob Ranieri, director ejecutivo de la organización House of Hope, resumió el impacto acumulado sobre las familias más vulnerables: «Muchos clientes han visto sus beneficios reducidos dos veces en los últimos 12 a 14 meses».
La batalla legal sobre las «Condiciones 2026» se suma a una serie de enfrentamientos judiciales entre la administración Trump y los estados demócratas sobre políticas de asistencia social, en un momento en que la administración Trump aclara quiénes están exentos de algunos de los nuevos requisitos del programa.
Archivado en: