La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba publicó el Proyecto de Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, un texto de 118 artículos que busca sustituir y unificar en un solo cuerpo legal las normas dispersas que hoy regulan la propiedad, posesión, herencia y usufructo de la tierra en Cuba.
El proyecto, firmado por el presidente de la Asamblea, Esteban Lazo Hernández, y por Miguel Díaz-Canel, deroga expresamente el Decreto-Ley 125 de 1991 sobre posesión, propiedad y herencia de la tierra, y el Decreto-Ley 358 de 2018 sobre entrega de tierras estatales ociosas en usufructo, dos pilares del marco agrario vigente durante décadas.
El texto surge en un contexto de colapso productivo: en 2024, la producción agropecuaria cubana cayó un 53% en producciones primarias, la producción de arroz apenas alcanzó el 11% de la demanda nacional y el 33,9% de los hogares reportó que al menos una persona se fue a dormir con hambre en los últimos 30 días.
El Estado mantiene el control
A pesar de la urgencia, el proyecto no introduce un mercado libre de tierras ni privatización alguna.
El artículo 19 establece que «la tierra propiedad socialista de todo el pueblo no puede transmitirse en propiedad a personas naturales o jurídicas y se rigen por los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad».
La propiedad privada sigue limitada a 67,10 hectáreas por titular, y el artículo 31 prohíbe expresamente que la tierra privada sea objeto de arrendamiento, aparcería, préstamo hipotecario o embargo.
Además, el Estado conserva un derecho de tanteo en toda transmisión onerosa: el vendedor debe notificar al delegado municipal de Agricultura, que tiene 30 días hábiles para ejercer la preferencia de compra.
Novedades que afectan a campesinos y familias
El proyecto introduce cambios que, en papel, amplían algunos derechos de los productores privados.
Por primera vez se regula el «pacto sucesorio»: los campesinos propietarios podrán acordar en vida, mediante escritura pública notarial, quién heredará sus tierras, siempre que el designado trabaje la tierra o tenga intención de continuar las labores agropecuarias.
También se permite la compraventa de tierra entre campesinos propietarios, con autorización administrativa previa y sin superar el límite de 67,10 hectáreas.
El usufructo de tierras estatales puede otorgarse por hasta 25 años, prorrogable, y el límite máximo se amplía a 268 hectáreas para actividades ganaderas, forestales, cañeras o arroceras.
Los usufructuarios que lleven cinco o más años trabajando la tierra podrán adquirir la propiedad de la vivienda construida en la parcela, hasta un máximo de 250 metros cuadrados.
El golpe para los emigrados
Uno de los aspectos más polémicos afecta directamente a miles de familias cubanas con parientes en el exterior.
La Disposición Transitoria Primera establece que «la tierra y bienes agropecuarios de los campesinos propietarios declarados emigrados del territorio nacional, antes de la entrada en vigor de la Ley 171 de 2024 'Ley de Migración', se trasmiten al Estado».
Los familiares, copropietarios o personas que trabajen la tierra tendrán derecho preferente para adquirirla, pero solo en usufructo, no en propiedad.
Además, los propietarios que viajen al exterior deben otorgar poder notarial de administración por un máximo de un año; los usufructuarios, por solo seis meses. Superados esos plazos sin causa justificada, la ausencia se considera abandono y puede derivar en la pérdida de la tierra.
En noviembre de 2024, el régimen ya había retirado tierras a 137 campesinos en Ciego de Ávila por supuestas violaciones de la legislación vigente, lo que anticipa cómo podría aplicarse la nueva norma.
El proyecto fue abierto a consulta pública en marzo de 2025 y se esperaba su aprobación parlamentaria a mediados de 2026. Una vez publicado en la Gaceta Oficial, la ley entrará en vigor a los 90 días naturales posteriores, y el Consejo de Ministros tendrá 60 días hábiles para dictar su reglamento.
Preguntas frecuentes sobre la nueva Ley de Tierra en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué cambios introduce la nueva Ley de Tierra en Cuba?
La nueva Ley de Tierra en Cuba busca unificar las normas sobre propiedad, posesión, herencia y usufructo de la tierra. Deroga los decretos-leyes 125 de 1991 y 358 de 2018, mantiene el control estatal sobre la tierra en propiedad socialista e introduce el pacto sucesorio para campesinos. Además, permite la compraventa de tierras entre campesinos bajo ciertas condiciones.
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¿Cómo afecta la nueva ley a los campesinos emigrados?
La ley establece que la tierra de campesinos emigrados se transmite al Estado. Sin embargo, familiares o personas que trabajen la tierra pueden adquirirla en usufructo, no en propiedad. Esto implica que los emigrados pierden derechos de propiedad sobre sus tierras en Cuba.
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¿Qué límites establece la ley para la propiedad privada de tierras?
La propiedad privada de tierras está limitada a 67,10 hectáreas por titular. La ley prohíbe el arrendamiento, la aparcería, los préstamos hipotecarios y el embargo de tierras privadas. Estas restricciones buscan mantener el control estatal sobre el uso de la tierra.
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¿Cuáles son las novedades para el usufructo de tierras estatales?
El usufructo de tierras estatales se puede otorgar por hasta 25 años, prorrogable. El límite máximo de tierras en usufructo se amplía a 268 hectáreas para actividades específicas como la ganadería, forestación y cultivo de arroz. Los usufructuarios con cinco o más años trabajando la tierra pueden adquirir la propiedad de la vivienda en la parcela.
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