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El ministro cubano de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz, intervino el pasado martes ante la plenaria de la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra para prometer que los trabajadores cubanos «nunca quedarán desprotegidos», mientras el país atraviesa su peor crisis energética y económica en años.
Otamendiz encabezó la delegación cubana a la conferencia, que reúne a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de los 187 Estados Miembros de la OIT, y que concluye este viernes en la ciudad suiza.
El funcionario denunció ante la plenaria lo que calificó de «guerra económica» de Estados Unidos contra Cuba, con especial énfasis en el embargo de combustible que, según afirmó, lleva más de cinco meses bloqueando el suministro a la isla.
Sin embargo, más allá de la promesa y de las denuncias contra Estados Unidos, no ofreció detalles de cómo se protege a los trabajadores cubanos, que para colmo de males ganan salarios precarios desde hace décadas.
«El plan siniestro de Estados Unidos es crear una crisis humanitaria. Pretenden asfixiar al pueblo cubano para que ocurra un estallido social», declaró el ministro ante los delegados de la conferencia.
Otamendiz describió los mecanismos que el régimen dice haber activado para mitigar el impacto sobre los trabajadores: reubicación de quienes quedan sin empleo, garantía del 100% del salario durante el primer mes de inactividad y del 60% a partir del segundo mes.
Esa política quedó formalizada mediante el Decreto 149/2026, firmado en abril y publicado en la Gaceta Oficial el 28 de mayo, que regula el tratamiento salarial de los trabajadores declarados «interruptos».
La crisis energética ha tenido consecuencias devastadoras para la fuerza laboral cubana. En marzo, unos 300,000 trabajadores del sector turístico quedaron sin ingresos, y los apagones han llegado a superar las 15 horas diarias en varias provincias.
El gobierno ha reubicado a parte de esos trabajadores en tareas como la recogida de basura y la producción de alimentos, mientras afirma haber duplicado el número de trabajadores sociales e incrementado el presupuesto de asistencia social.
Otamendiz también anunció que próximamente se presentará ante la Asamblea Nacional del Poder Popular la propuesta de un nuevo Código del Trabajo, cuya aprobación está prevista para julio, tras un proceso de consultas populares que se extendió entre septiembre y noviembre de 2025.
El nuevo código unificaría 12 disposiciones normativas dispersas y, según el régimen, «ampliará derechos y garantías en todos los sectores laborales».
En un tono más confrontacional, el ministro también se refirió a lo que describió como amenazas de agresión militar por parte de Washington: «Cuba es una nación de paz y no quiere un conflicto, pero si ocurre, el pueblo cubano sabrá defender su soberanía e independencia, hasta las últimas consecuencias».
El discurso del régimen ante la OIT contrasta con la realidad que viven los cubanos en la isla, donde la escasez de combustible —agravada por sanciones que penalizan a países que vendan petróleo a Cuba— ha paralizado actividades productivas y colapsado parcialmente el sistema electroenergético nacional.
En mayo, expertos de la ONU acusaron a Estados Unidos de poner en riesgo los derechos humanos en Cuba por el embargo de combustible, acusación que el secretario de Estado Marco Rubio rechazó de plano al negar que existiera tal bloqueo.
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