El régimen cubano permitirá la quiebra y liquidación de empresas estatales con pérdidas

El Gobierno cubano propone introducir procedimientos de quiebra, liquidación y reestructuración para las empresas estatales con pérdidas sostenidas, como parte de una profunda reforma del sistema empresarial estatal que también contempla la eliminación de subsidios, una mayor autonomía de gestión, la transformación de empresas en sociedades mercantiles y la apertura gradual a la participación accionaria de actores privados y personas naturales.

Las medidas forman parte del paquete de 176 transformaciones económicas y sociales presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La posibilidad de liquidar empresas estatales deficitarias aparece dentro del Eje 1: Transformaciones en el modelo de gestión de los actores económicos, donde el Ejecutivo plantea rediseñar el funcionamiento de la empresa estatal socialista para que opere en condiciones similares a las del resto de los actores económicos.

Entre las propuestas figura la creación de procedimientos específicos para la quiebra, liquidación y reestructuración de activos con pérdidas sostenidas en el sector estatal, una medida acompañada por la eliminación de subsidios a empresas deficitarias y una revisión de la relación financiera entre el presupuesto del Estado y el sistema empresarial.

La reforma prevé otorgar una autonomía significativamente mayor a las empresas estatales.

Estas podrán realizar cualquier actividad lícita sin abandonar su objeto social principal, acceder al mercado cambiario en las nuevas condiciones que se establezcan, aprobar de manera descentralizada precios mayoristas y minoristas y negociar salarios en función de sus capacidades económico-financieras.

Además, se eliminará la escala salarial vigente en el sistema empresarial estatal y se establecerá un salario mínimo ajustado a la inflación.

El Gobierno también propone redimensionar las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), retirándoles funciones estatales o propias de las empresas, y facultarlas para crear empresas y mipymes estatales.

Tanto las OSDE como las empresas podrán ejecutar procesos de creación, fusión, extinción y liquidación de entidades, así como reorganizaciones internas y subcontratación de servicios.

Otra de las transformaciones busca flexibilizar el uso de las utilidades después de impuestos y reducir al mínimo los indicadores utilizados para medir la eficiencia empresarial.

Paralelamente, se crearán instrumentos financieros destinados a la capitalización de las empresas sin recurrir al presupuesto estatal y se fomentará la inversión financiera tanto de empresas estatales como privadas.

El paquete incluye además un Programa Nacional de Valoración y Titulación de Activos Empresariales Estatales, que prevé realizar un inventario nacional de activos tangibles e intangibles con valoración de mercado, emitir certificados de propiedad utilizables como garantías para créditos bancarios y permitir que las empresas moneticen activos subutilizados mediante arrendamientos a largo plazo a otros actores económicos e inversionistas extranjeros.

Uno de los cambios más relevantes es la transformación de las empresas estatales socialistas en sociedades mercantiles por acciones o participaciones.

Según la propuesta, el Estado definirá el nivel de participación accionaria que mantendrá en cada sector, garantizando una posición mayoritaria en los considerados estratégicos.

En ese nuevo esquema, las empresas estatales podrán adquirir acciones de otras empresas y, de manera gradual, también podrán hacerlo formas de gestión no estatal y personas naturales.

Asimismo, el Gobierno propone permitir la compra de acciones y propiedades de empresas estatales por parte de personas jurídicas estatales y no estatales, nacionales y extranjeras, así como por personas naturales, siempre que se demuestre el origen lícito de los fondos.

La reforma empresarial también incluye la creación de un sistema empresarial más competitivo y eficiente, con capacidad para generar ingresos que contribuyan al financiamiento de servicios sociales, así como la descentralización de facultades hacia gobiernos provinciales y municipales para crear, fusionar, extinguir y liquidar empresas estatales locales.

Las medidas fueron presentadas por Marrero Cruz como parte de una estrategia para reestructurar el modelo económico cubano y corregir distorsiones acumuladas, en un contexto marcado por la crisis económica, la escasez de divisas y la necesidad de incrementar la eficiencia del aparato productivo estatal.